Las Cortes de Castilla-La Mancha han reconocido la importancia de la industria del calzado en la economía de la región, así como las dificultades que atraviesa el sector, y por ello han instado al Gobierno central a mantener en suspenso la Tasa Google mientras se negocian las propuestas de diferentes países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y tome una decisión, al respecto, la Unión Europea.
En una declaración institucional que ha leído el secretario primero de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, al inicio del pleno que se ha celebrado este jueves en el parlamento regional y que se ha aprobado por asentimiento de los tres grupos parlamentarios -Cs, PP y PSOE-, que también son los impulsores de la misma, las Cortes castellanomanchegas han destacado que el sector del calzado emplea a más de 37.000 personas en toda España, de las cuales más del 40% empleo femenino.
También ha subrayado que Castilla–La Mancha es una de las comunidades donde la industria del calzado tiene un mayor peso dentro de España, no solo en lo relativo al empleo sino también en materia de exportaciones, ya que supone el 13 por ciento del total nacional y, en esta línea, ha señalado la importancia del mercado estadounidense para las exportaciones de la industria del calzado en Castilla-La Mancha, que rozaron los 30 millones de euros en 2019 en el mercado internacional.
Y ha recordado que consecuencia de la aplicación en España, y en otros países europeos, de la llamada Tasa Google a las multinacionales de la tecnología digital, el Gobierno de EEUU ha manifestado su voluntad de aplicar un arancel extra del 25 por ciento a las importaciones estadounidenses de calzado procedente de la Unión Europea, lo que supondría un sobrecoste para las empresas regionales que exportan su producto al mercado estadounidense, además de la contracción ya sufrida por el mercado debido a los efectos de la pandemia.
Por todo ello, las Cortes regionales se han mostrado "plenamente conscientes" de la situación en la que se encuentra la industria del calzado en Castilla-La Mancha y han reconocido la aportación del sector a la economía de la región.
También ha respaldado a la industria del calzado y la marroquinería, tanto a empresarios como a trabajadores, y ha instado al Gobierno central a que tenga en cuenta las reivindicaciones del sector en lo relativo al impacto por la aplicación de aranceles a las exportaciones por parte de los Estados Unidos, derivado de la puesta en marcha de la ley del impuesto sobre denominados servicios digitales.
En este sentido, ha instado al Gobierno de España a mantener en suspenso la denominada "Tasa Google" mientras se negocian las propuestas de diferentes países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y tome una decisión al respecto la Unión Europea.
Asimismo, ha instado al Ejecutivo central a que negocie una solución que impida que EEUU adopte medidas unilaterales derivadas de una futura aplicación de impuestos digitales, que penalicen a sectores nacionales como el calzado.
EXCEDENTES DE VACUNAS COVID
Por otra parte, las Cortes de Castilla-La Mancha han instado este jueves al Gobierno regional para que éste a su vez inste al Ejecutivo central a incrementar las contribuciones económicas al Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) y a promover la donación de los excedentes de vacunas adquiridos en España a los países con mayores dificultades para inmunizar a su población.
Así reza en la declaración institucional del Parlamento autonómico por la vacunación universal contra la covid-19, firmada por las tres portavoces de Ciudadanos (Cs), PP y PSOE, que se ha aprobado por asentimiento, a la que ha dado lectura este jueves el secretario primero de la Mesa, Ángel Tomás Godoy, al inicio de la sesión plenaria.
Asimismo, la declaración también incluye la petición de realizar un llamamiento al resto de administraciones públicas y al sector privado con el objetivo de redoblar el esfuerzo, en forma de contribuciones económicas, a todas aquellas iniciativas encaminadas a favorecer la adquisición de vacunas y suministros sanitarios básicos para la inmunización, sobre todo a través del mecanismo Covax.
El texto aprobado señala que la pandemia de la covid-19 ha producido grandes dificultades en los sistemas sanitarios, de los países desarrollados pero "agravadas" en los países de ingresos bajos, de modo que un tercio de ellos ha manifestado grandes dificultades para proporcionar acceso a tratamientos de prevención de enfermedades como la malaria o el VIH.
Además, la declaración institucional recoge que a las dificultades para inmunizar a toda la población contra el coronavirus se une el desigual reparto de las vacunas, que establece "una brecha intolerable" entre aquellos estados que tienen mayor capacidad económica para su compra y distribución y aquellos que carecen de los recursos suficientes para adquirirlas, así como de sistemas sanitarios capaces de proporcionarlas a su población.
De esta manera, la introducción de las diferentes vacunas ha permitido ya administrar casi 1.000 millones de dosis en buena parte de las economías más desarrolladas, con porcentajes superiores al 25 por ciento de la población, pero sin embargo en el caso de los países con menos ingresos estas cifras son muy inferiores y se sitúan incluso por debajo del 3 %, y en muchos casos existe el riesgo de que las vacunas no lleguen hasta 2022 o más tarde.
Por todo ello, los tres grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha han considerado que la donación de dosis sobrantes al mecanismo Covax "no es solo una cuestión de justicia o de solidaridad con los países más con más dificultades, sino también una forma de atajar anticipadamente la extensión de la enfermedad", han sentenciado.
