Las Cortes regionales han aprobado este jueves la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha que introduce un nuevo canon medioambiental, con el respaldo de la mayoría absoluta del PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos (Cs) salvo en los artículos a los que no presentaron enmiendas.
El texto ha llegado al pleno con 64 enmiendas parciales de PP y Ciudadanos (Cs), si bien los dos grupos de la oposición han retirado tres de ellas antes de comenzar el debate aunque han mantenido las referentes a su rechazo al canon, que sin embargo no han sido aprobadas por los votos en contra del grupo socialista.
Durante el debate parlamentario, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha justificado el canon medioambiental que contempla la nueva norma para la realización de infraestructuras y, por ello, ha apelado al consenso de los grupos parlamentarios.
Martínez Arroyo ha defendido que la nueva normativa "mejora el abastecimiento, la depuración y los ríos y humedales" y ha insistido en que es necesario apostar "de manera decidida" por la Ley y el establecimiento del canon medioambiental que, además, ha recalcado que lo "exige" la Directiva Marco del Agua.
En todo caso, ha subrayado que la ampliación del canon es "progresiva", que "penaliza" los consumos elevados de agua, que "alivia" a los pequeños consumidores y que supondrá una "pequeña carga fiscal" de entre uno y cuatro euros mensuales.
En este punto, ha resaltado que incluye bonificaciones, redistribuye la riqueza y es "socialmente aceptable", ya que "prioriza" a las familias numerosas con descuentos del 20 y el 50 por ciento, bonifica al 100 % a las víctimas de violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social así como contempla reducciones del 40 % en el coste para el sector agroalimentario y del 50 % para las cooperativas.
También ha hecho hincapié en que la norma cumple con la Ley contra la Despoblación, de modo que tiene una reducción del 25 % para la cuota de los habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes y del 50 % para localidades de menos de 2.000 vecinos.
Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha recalcado que es un canon "hablado, trabajado, debatido y me atrevería a decir consensuado con las organizaciones" y que, en general, la Ley "va a permitir resolver los problemas de la región en materia de agua y su repercusión en el medio natural", por el plan de depuración que hará realidad que en 2032 todo el agua de Castilla-La Mancha esté depurada.
Ha hecho referencia al objetivo medioambiental de la norma y, a este respecto, ha aseverado que en la actualidad hay 81 procedimientos abiertos por incumplimiento medioambiental y ha preguntado a PP y Cs quién creen que los paga.
En la misma línea, el diputado regional del PSOE Francisco Pérez, ponente del dictamen de la comisión de Agricultura en la que se debatieron las enmiendas parciales de los dos grupos de la oposición, ha incidido en que es necesaria la construcción de una "considerable cantidad de grandes y pequeñas infraestructuras en muchos municipios" que conllevarán "cuantiosas inversiones" que necesitarán de una fuente de financiación, y de ahí la importancia de establecer el canon del agua.
De igual forma, ha manifestado que los objetivos de la norma son "muy claros" y pasan por la optimización de la gestión, la mejora del servicio a los ciudadanos y la protección del medio ambiente, así como el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.
Sin embargo, por parte de Cs, la parlamentaria Elena Jaime ha acusado al Gobierno regional de elaborar una Ley de Aguas que "no es solo tributaria aunque sí en gran parte" y la ha tildado de "incalificable" y con el objetivo de utilizar la mayoría absoluta del PSOE para "endosar impuestos sin miramientos" a los ciudadanos.
Jaime ha sentenciado que el nuevo impuesto es "injusto" y "debe desaparecer de esta infame Ley", al tiempo que ha negado que el impuesto que se va cobrar en Castilla-La Mancha sea igual al de otras comunidades autónomas sino que más bien esta región será de las que cobre mayores impuestos en este sentido una vez aprobada la normativa.
De su lado, la diputada regional del PP Ana Guarinos ha denominado la normativa de "engaño" ya de inicio desde el nombre de la misma, ya que ha considerado que debería llamarse Ley de Tributos del Agua -76 de los 118 artículos son de carácter tributario y sancionador-, y ha afirmado que también es "falso" que sea una imposición de la Directiva europea y que cumple con el Pacto regional del Agua.
Con respecto al canon, ha criticado a los socialistas el "mantra" de que la Directiva Marco del Agua "impone" el canon y ha dicho que es un "invento" del Gobierno regional para que los castellanomanchegos paguen más impuestos.
