El Plan Integral de Garantías Ciudadanas se ha fijado como argumento más contundente la defensa de los derechos de las personas más necesitadas, para reducir los altos índices de pobreza y exclusión social que se dan en Castilla-La Mancha, por encima de las cifras, datos, estadísticas y partidas económicas.
Así se extrae de la comparecencia de la consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, en la Comisión de Asuntos Generales en las Cortes regionales donde, por espacio de dos horas, ha dado cuenta de los puntos esenciales de un Plan que, previsiblemente, será ley en vigor el próximo año.
En el objetivo de atender las exigencias de la sociedad con menos recursos y en situación de riesgo de pobreza en la región, que el año pasado alcanzó su récord histórico, un 37,9 %, diez puntos por debajo de la media nacional, la tercera peor tasa sólo por delante de Canarias y Andalucía, según el indicador europeo AROPE, Herranz ha abogado por reforzar las medidas que detengan esa brecha para alentar las necesidades mínimas.
En esta línea, y bajo los cinco epígrafes básicos: finalidad del plan, objetivos, mecanismo de gobernanza, implantación y seguimiento y dotación, el Plan busca vincular los objetivos de modo global, con participación de las consejerías, que aumentarán sus aportaciones económicas en 2018, para encontrar "salidas de emergencia" ante, por ejemplo, la pobreza energética, los desahucios por impagos o la "alarmante" búsqueda de trabajo en desempleados de larga duración.
En esos mecanismos de protección que, ha expuesto Herranz, han mejorado a partir de 2015, con el nuevo Gobierno regional del PSOE, y en el ánimo de "llegar a los niveles de antes de la crisis" ha centrado las actuaciones en tres programas: garantía habitacional frente a la insolvencia; suministros básicos del hogar, y la garantía de rentas, que afectaría especialmente al mercado de trabajo inclusivo, planes de empleo protegidos y ayudas a empresas.
También, un segundo bloque dirigido a la infancia y alimentación, educación, comedor y materiales escolares, o residencias, y además la garantía de percibir un ingreso mínimo de solidaridad (IMS).
Y, para un cumplimiento real, ha incidido en la coordinación, seguimiento y medidas de mejora, a partir de una evaluación de su impacto social o social y objetivos, que deberán vigilar la Comisión y la Mesa regional.
Ha dado cuenta de como el presupuesto de este año, de 119 millones de euros, crecerá un 20 % el próximo ejercicio, hasta los 143 millones, es decir, un aumento de casi 24 millones, que supone un 20 % más, con casi 18 millones de euros más para empleo o 4 millones más para Bienestar Social, así como 25 millones para el IMS, que representa un 48 % de incremento.
Además, unos 16 millones que saldrán de la consejería de Fomento, un 8,8 % más con respecto a este año, y casi 9 del departamento de Educación, y otros 319.000 euros para el Instituto de la Mujer.
Ha resumido la importancia de avanzar en la mejora de la calidad de vida desde "la permanente coordinación" entre las consejerías y con las entidades locales "para paliar la desigualdad" que se ha acrecentado en estos últimos años.
En los turnos de réplica, la diputada María Díaz, a la sazón presidenta de la Comisión, ha creído "necesaria" la materialización de la ley integral con políticas para "el rescate ciudadano, en lugar del bancario" y que "blinden los derechos" de los ciudadanos y que ha suscrito el portavoz del Grupo Socialista, Rafael Esteban.
La portavoz popular, Cortes Valentín, que ha puesto en duda la operatividad de la Consejería de Participación Ciudadana, se ha fijado en su parlamento en las numerosas partidas presupuestarias, "para llevarnos las manos a la cabeza" ha reiterado, por la nula ejecución de programas en 2016 tales como de ayudas al alquiler, oficinas antidesahucio, viviendas de protección oficial, ayudas de comedor escolar o plan de contratos con asociaciones
Valentín, que ha sido cortada por la presidenta de la Comisión, María Díaz, por entender que "confundía" el objeto de la sesión al no tener nada que ver ni el presupuesto ni la ejecución, ha insistido en que "muchas cuentas no nos cuadran" y ha pedido el cumplimiento de las partidas.
En este sentido, Inmaculada Herranz ha estado de acuerdo en que se gaste el dinero presupuestado, pero ha rechazado parte de su supuesta responsabilidad porque "yo no entro en el Gobierno hasta septiembre y no hubiera sido sensato por mi parte hacerme cargo de una gestión en la que no he participado hasta hace dos meses".
