Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este miércoles el proyecto de modificación de la ley de creación de Colegios Profesionales, que ha salido adelante sin votos en contra, tras haber sido rechazadas las ocho enmiendas parciales -seis del PP y dos de Ciudadanos- que han llegado vivas para su debate en el pleno de la Cámara autonómica.
Durante la sesión plenaria, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado el “impacto positivo” de estas instituciones que, a su juicio, se deben "primar y consolidar porque va en beneficio de toda la ciudadanía".
Ruiz Molina, que ha afirmado que este proyecto va a ser “muy beneficioso” para las organizaciones colegiales y para la ciudadanía, ha explicado que tiene “un perfil muy técnico” y que su objetivo es adecuar la norma autonómica a la legislación básica estatal que, a su vez, se ha adaptado a la normativa europea.
Igualmente, ha remarcado que con ello se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional un aspecto relativo a la colegiación obligatoria de los empleados públicos de la región.
El consejero ha hecho hincapié en cuatro aspectos, entre ellos, en que la legislación estatal es la única competente para determinar supuestos en los que la colegiación es obligatoria y en que se eliminan todos los preceptos que imponían restricciones o barreras a la libre circulación de los colegiados.
Asimismo, incorpora aspectos orientados a reforzar la garantía de los usuarios, estableciendo que las organizaciones dispongan de página web y ventanilla única y que elaboren una memoria anual para mejorar la transparencia de estas entidades y adaptarlas a los nuevos tiempos.
Además, en materia jurídica, se eliminan artículos que se limitaban a reproducir contenido de normas básicas y de carácter procedimental y se corrigen incorrecciones técnicas.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha agradecido a los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos las enmiendas presentadas, pero ha dicho que, “aun estando de acuerdo en el fondo”, se ha aconsejado que no fueran aceptadas, como consecuencia de las recomendaciones que han hecho los técnicos de la Consejería, “basadas en cuestiones puramente técnicas”.
También la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha incidido en que se trata de una reforma “completamente técnica, nada política”, que ha considerado “necesaria”, para la que se han tenido en cuenta las aportaciones de las organizaciones colegiales de Castilla-La Mancha y que contribuye “favorablemente” a la seguridad jurídica en el funcionamiento y organización de los colegios profesionales y a la protección de los usuarios.
En cuanto a las enmiendas de Cs, encaminadas a articular un marco de respuesta sancionadora, ha considerado “más adecuado” regular un régimen sancionador una vez el legislador estatal haya fijado con carácter básico los principios sancionadores a los que esta comunidad autónoma deba acomodarse y, respecto a las del PP, ha apuntado que “hacen referencia a preceptos normativos que ya aparecen recogidos en la normativa estatal”.
Por su parte, la portavoz ‘popular’, Lola Merino, ha defendido las seis enmiendas de su grupo, orientadas a recoger como requisito indispensable estar colegiado para el ejercicio de la profesión y a la libertad para elegir colegio profesional, así como a que la creación de nuevas instituciones respete las organizaciones colegiales ya reconocidas.
Enmiendas que, como ha puntualizado, tienen el objetivo de mejorar la calidad de la norma y la técnica legislativa, al tiempo que recogen las demandas que les han trasladado los colegios profesionales de la región.
De su lado, el parlamentario de Cs David Muñoz Zapata ha remarcado que los profesionales liberales son “parte esencial de la sociedad”, pero desde hace años se enfrentan al intrusismo profesional y a la competencia desleal de quienes ejercen una profesión sin cumplir los requisitos para ello y ha opinado que no aprovechar esta modificación para resolver este problema otorgando a la Junta potestad sancionadora es “una oportunidad perdida”.
Ha aseverado que las dos enmiendas de su grupo han tenido el objetivo de “tapar ese agujero” y ha argumentado que otras comunidades autónomas sí contemplan sanciones contra el intrusismo profesional, a lo que Ruiz Molina ha respondido que el Estatuto de Autonomía de otras regiones “sí les habilita” para legislar en esta materia, pero el de Castilla-La Mancha “lo impide”.
