El Gobierno de de Castilla-La Mancha ha elaborado un protocolo en favor de la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, con el que busca hacer un "frente común de unidad institucional y política".
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha dado a conocer este protocolo, que se ha diseñado en forma de decálogo, en el pleno de las Cortes regionales, donde ha intervenido durante la celebración de un debate general, propuesto por Cs, sobre la ocupación ilegal de viviendas y en el que ha desvelado que el 90 por ciento de las ocupaciones ilegales de viviendas en la región se realizan en inmuebles vacíos que son propiedad de grandes tenedores, como fondos buitre o bancos, y que solo el 15 por ciento de las ocupaciones ilegales se denuncia.
En el decálogo, el Gobierno regional plantea al central que apruebe la proposición de ley que se redactó en las Cortes regionales para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas; que se declaren indispensables las acciones que sean necesarias para movilizar la vivienda vacía existente en la región, unas 40.000 según los últimos datos oficiales, y regular el concepto de "vivienda vacía".
También en el decálogo se solicita que el Gobierno central intensifique la presencia policial en la región para evitar las ocupaciones ilegales; propone hacer en Castilla-La Mancha un registro de viviendas vacías y que los servicios sociales intervengan con las familias con necesidades habitacionales para ofrecerles soluciones incidiendo en que la ocupación ilegal "no es una solución, sino que es un delito".
El impulso a los incentivos fiscales en municipios donde "haya mucha demanda de vivienda y poca oferta" es otra de las medidas del decálogo que ha presentado Hernando, quien ha resaltado, asimismo, que el Gobierno regional asume el compromiso de continuar con políticas de ayudas al alquiler y acceso a la vivienda.
En este punto, ha resaltado que "el 100% de aquellas personas que cumplen los requisitos y han solicitado una ayuda para adquirir una vivienda, siendo jóvenes en Castilla-La Mancha, la van a tener; que el 100% de las víctimas de violencia de género que han pedido una ayuda y cumplen los requisitos, van a recibir la ayuda y que el 100% de aquellas familias que han pedido una ayuda para rehabilitar una vivienda unifamiliar o un piso van a tener la ayuda".
Y ha avanzado que este miércoles firmó una modificación de crédito "para que el 100% de todos los jóvenes de Castilla-La Mancha, que han pedido una ayuda al alquiler y cumplen los requisitos" tengan la ayuda.
En cuanto a la creación del concepto "vivienda vacía" para que los ayuntamientos que lo decidan, puedan subir determinados impuestos a los inmuebles que lleven sin habitar más de dos años de forma continuada, ha precisado que se establecerán una serie de excepciones, como por ejemplo, que la vivienda en cuestión esté en una zona rural con problemas de despoblación, que la vivienda esté desocupada por motivos laborales o de salud o que el titular sea una entidad sin ánimo de lucro, entre otros.
Hernando, que ha resaltado que este concepto "es algo que han pedido los alcaldes", que "tienen que afrontar los problemas sin herramientas normativas, legales, sin recursos", ha rechazado las críticas que ha vertido el PP a la creación de ese concepto de vivienda vacía y se ha preguntado si "miente por incapacidad o por maldad", al tiempo que ha considerado que "es una obligación moral ser de izquierdas y estar en contra de la ocupación ilegal" de viviendas.
PROPUESTA APROBADA
Las Cortes de Castilla-La Mancha han apoyado este jueves que el Gobierno regional desarrolle el concepto de "vivienda desocupada" o "vivienda deshabitada" para que los ayuntamientos puedan adoptar medidas que incentiven la incorporación de estos inmuebles al mercado y, de este modo, contribuir en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.
Este es uno de los puntos que se incluyen en la propuesta de resolución del grupo socialista que se ha aprobado en el pleno de las Cortes a raíz de un debate general que ha impulsado Cs sobre la ocupación ilegal de viviendas, en la que también se solicita al Gobierno regional que continúe apostando por políticas que contribuyan a incrementar la oferta de vivienda en la comunidad autónoma, a través de incentivos que ofrezcan seguridad jurídica a los propietarios que deseen alquilar o vender sus viviendas.
Además, se insta al Gobierno central a que adopte el proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, aprobado en las Cortes en diciembre de 2020.
En cambio, no ha prosperado la propuesta de resolución del grupo popular, que "firmemente" se posicionaba en contra de la crear la figura de "vivienda vacía", instaba al Gobierno regional a pedir al central que aplicara el proyecto de ley aprobado en las Cortes sobre la ocupación ilegal de viviendas y pedía que se rechace "toda justificación o medida de apoyo al movimiento 'okupa'".
Tampoco ha salido adelante la propuesta de Cs, que ha planteado la realización de un plan contra la ocupación de viviendas en colaboración con las entidades locales, que se penalice a los condenados por ocupación de viviendas para que no puedan acceder a las ayudas del Plan de Vivienda de la Junta y también que se establezca un plan de vivienda social para dar servicio a las personas con necesidades reales de vivienda.
El diputado de Cs en las Cortes Javier Sevilla ha resaltado que su grupo ha propuesto medidas que el Gobierno regional podría adoptar para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, ya que ha señalado que mientras que estos delitos bajan en la Comunidad de Madrid, suben con fuerza en las provincias de Toledo y Guadalajara, si bien se ha preguntado por qué no se incrementan también en otras zonas limítrofes de Madrid, como Ávila.
Sevilla ha pedido que el Ejecutivo castellanomanchego "haga algo más, si el central no hace nada" y, tras el decálogo contra la ocupación ilegal que ha presentado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha puesto a su grupo a disposición del Gobierno regional para tomar las medidas que sean necesarias para frenar este problema.
Por su parte, la diputada del PP en las Cortes María Roldán ha criticado el concepto de "vivienda deshabitada" y ha afeado que el Gobierno regional argumente que se aplicará porque lo han pedido los alcaldes, ya que "siempre están echando la culpa a los demás, a los más débiles", al tiempo que ha criticado el "desastre de gestión" en la Consejería de Fomento y en todo el Gobierno regional, en general.
Para Roldán, "hay alarma social" ante el incremento de la ocupación ilegal de viviendas y ha acusado al Ejecutivo central y autonómico de haber "agravado el problema" con su "pasividad", la cual, ha advertido supone "blanquear la ocupación de viviendas, a los ocupantes y a los delincuentes".
Sin embargo, la diputada socialista en las Cortes Rosario García Saco ha defendido la gestión realizada por el Ejecutivo autonómico, que tiene "tolerancia cero con la ocupación ilegal", y ha señalado que otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía, también tienen reconocido el concepto de "vivienda deshabitada", por lo que ha preguntado a los 'populares' si ese ejecutivo son "podemita".
García Saco ha explicado que no es lo mismo segunda residencia que vivienda vacía y ha acusado al PP de "mandar mensajes que puedan llegar a confundir" a los ciudadanos.
