Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) para la implantación de una evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos desarrollados por la Junta de Comunidades, con los 19 votos en contra del PSOE y pese al apoyo del PP.
La PNL proponía que las Cortes regionales instasen al Ejecutivo autonómico a que todo programa y actuación pública diseñada por los órganos dependientes del Gobierno regional incorporen "obligatoriamente objetivos medibles y cuantificables" acompañados de un plan de evaluación que incorpore "criterios de relevancia, pertinencia, coherencia externa e interna, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y equidad".
Asimismo, Cs ha planteado que las evaluaciones resultantes de estos programas y actuaciones públicas de acuerdo con las indicaciones establecidas sean publicadas en el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha.
En este sentido, el presidente del grupo parlamentario de Cs, Alejandro Ruiz, ha señalado que el objetivo de esta propuesta es acabar con la frase de 'esto ha sido un éxito rotundo' que expresa cualquier Gobierno con la obligatoriedad de cuantificar los objetivos y crear "parámetros objetivos" que permitan valorar si una medida es "eficiente, eficaz, sostenible y óptima" y si va a cumplir con los requisitos establecidos.
Ruiz ha indicado que espera el apoyo de todos los partidos porque de lo contrario supondrá "mentir a la ciudadanía y hacer trampas al solitario", así como ha destacado que esta propuesta es "algo sencillo" que no tiene coste alguno para la Administración pero que sí puede servir para "ahorrar mucho dinero a las arcas de Castilla-La Mancha".
Por su parte, la diputada del PP Gema Guerrero ha aseverado que parece "lógico y razonable" y hasta una "evidencia" la evaluación de las políticas públicas y los servicios y ha lamentado que no sea así, como en los planes de empleo, por lo que ha pedido que el Gobierno regional lo incorpore en sus planes y programas y que no rechace este planteamiento.
A este respecto, Guerrero ha afirmado que en algunas medidas el Ejecutivo autonómico persigue objetivos "partidistas y electoralistas" en vez de solucionar los problemas de la ciudadanía y por ello ha expresado el apoyo del grupo popular a la propuesta de Cs "en aras a la transparencia y el buen gobierno que exigen los ciudadanos de la región".
Sin embargo, el parlamentario socialista Antonio Sánchez ha defendido que dicha evaluación ya se hace en los programas y planes del Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que ha justificado el rechazo a la propuesta, si bien ha reconocido que es una cuestión fundamental "si de verdad queremos sacar la mayor rentabilidad social al dinero que aportan los ciudadanos a las cuentas públicas y que se reflejan en un presupuesto".
Además, ha resaltado que esa evaluación "redunda en la transparencia del sistema y aporta credibilidad a las instituciones" y, en este punto, ha recordado que desde el año 2016 la región cuenta con una Ley de Transparencia, al tiempo que ha reprochado a la oposición, sobre todo a Cs, que no haya apoyado el compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de recuperar la Sindicatura de Cuentas.
En la misma línea, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha tomado la palabra para cerrar el debate, ha remarcado que la propuesta de Cs pone de manifiesto que "está pidiendo a gritos un nuevo órgano fiscalizador externo propio" y, en este punto, ha indicado que "en cuanto pueda" llevará a la Cámara el proyecto de Ley de Sindicatura o Cámara de Cuentas.
Por otro lado, Ruiz Molina ha indicado a Cs que "se equivoca" al decir que el hecho de no conseguir siempre los objetivos marcados al cien por cien es un "engaño", a la vez que ha sentenciado que el Gobierno regional hace sus propias evaluaciones de las políticas públicas desde que redacta su programa electoral.
También ha agregado que "el PP se cargó la Sindicatura por si acaso sus informes no le satisfacían", por lo que ha dicho al grupo mayoritario de la oposición que "puede dar pocas lecciones de evaluación de políticas públicas".
Con todo, ha asegurado que "actualmente hay mecanismos suficientes para que la oposición controle la efectividad de las políticas públicas" y ha adelantado que el nuevo Síndico de Cuentas fiscalizará dichas políticas "de manera cortoplacista" y no al cabo de tres años como ocurre con el Tribunal de Cuentas.
