domingo 28/11/21

Las Cortes de Castilla-La Mancha condenan la violencia machista y piden políticas de género

- El Parlamento castellano-manchego insta al Congreso a finalizar los trámites de la futura Ley de bebés robados.

- Las Cortes se comprometen con los derechos de la infancia y a invertir en salud mental de niños y adolescentes.

En la imagen un instante del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha
En la imagen un instante del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha han condenado este jueves la violencia machista y han pedido al Gobierno regional políticas con perspectiva de género que garanticen la igualdad.

Así reza la resolución, aprobada por asentimiento de los tres grupos parlamentarios, de la comisión de Igualdad en relación con el Informe de la Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha del año 2020, con cuya lectura ha arrancado el pleno del Parlamento autonómico que coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las Cortes castellanomanchegas han expresado que comparten el dolor de las mujeres y niñas que sufren violencia de género y han mostrado su condena por la violencia que se ejerce tanto en el ámbito de la pareja o expareja como en el resto de manifestaciones violentas que lesionan la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres.

Asimismo, se han comprometido a trabajar desde la unidad parlamentaria en la toma de decisiones encaminadas a la eliminación de la violencia machista y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

En la resolución, han reconocido que las restricciones de movilidad, confinamientos, aislamiento e incertidumbre, durante la crisis de la covid-19, han provocado un incremento de la violencia contra las mujeres y contra sus hijos, por lo que han considerado "más necesario que nunca" disponer de los recursos suficientes para seguir prestando servicios de información y atención especializada y mantener los recursos de alojamiento y protección.

También han declarado necesario seguir trabajando en el ámbito de la educación y de la familia para eliminar la violencia de género en su origen, enseñar valores de igualdad entre hombres y mujeres y mostrar herramientas para la detección del machismo y sexismo.

De igual forma, han valorado el esfuerzo realizado por las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, entidades locales y agentes sociales en la búsqueda de una sociedad más igualitaria; al tiempo que han estimado que es necesario reeditar el Pacto de Estado contra la violencia de género, con presupuesto suficiente.

Además, han solicitado al Ejecutivo autonómico que continúe con la implementación de políticas con perspectiva de género que garanticen la igualdad en toda la acción de Gobierno, junto a la inversión de recursos y servicios que atiendan a las mujeres y niños víctimas de violencia machista. 

LEY DE BEBÉS ROBADOS

Por otra parte, las Cortes de Castilla-La Mancha han pedido este jueves al Congreso de los Diputados que finalice el trámite de enmiendas para que Ley de bebés robados siga su proceso hasta la aprobación "definitiva y urgente" y que respete al máximo el texto original de la Proposición de Ley que ha recabado un "enorme consenso social y político".

El pleno del Parlamento castellanomanchego ha dado lectura al inicio de la sesión a una declaración institucional sobre bebés robados, promovida por Amnistía Internacional, en la que lamenta "el dolor que ha causado el drama de robos de bebés en España y que todavía permanece", por lo que ha considerado que es necesaria una respuesta "unitaria, común y colectiva".

En la declaración institucional, las Cortes regionales señalan que esta Ley es fruto de un largo proceso que comenzó en 2017, cuando se presentó por primera vez la Proposición a los grupos del Congreso, los cuales aprobaron su tramitación por unanimidad el 20 de noviembre de 2018, pero que la convocatoria de elecciones truncó esa primera tramitación.

No obstante, han valorado que son muchas las entidades que han trabajado desde el inicio por la aprobación final de la Ley de bebés robados en el Estado español que impulsa y promueve la "Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina-CeAqua" a propuesta de "Todos los niños robados son también mis niños", y que cuenta con la participación activa de un gran número de asociaciones de diferentes partes del país.

La normativa también está avalada por asociaciones tanto estatales como internacionales en defensa de los derechos humanos, a las que se suman numerosas entidades memorialistas, feministas y académicas.

En Castilla-La Mancha, recoge la declaración institucional de las Cortes regionales, hay 49 diligencias abiertas por la Fiscalía y 25 expedientes incoados por el Servicio de Información a afectados por la sustracción de recién nacidos del Ministerio de Justicia.

Por ello, el Parlamento autonómico ha apoyado la Proposición de Ley porque tiene como objetivo garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas del delito de robo de bebés como crimen de lesa humanidad.

Asimismo, han considerado que la aprobación de la Ley supondrá que España cumplirá por fin los criterios y recomendaciones de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, al establecer criterios y mecanismos homogéneos de actuación en todas las comunidades autónomas, y crear y coordinar distintas instituciones y organismos que puedan soportar el peso de las investigaciones y procedimientos necesarios para la efectiva investigación.

DERECHOS DE LA INFANCIA

Por último y de otro lado, el pleno del Parlamento castellano-manchego se ha unido a Unicef en la celebración del Día Mundial de la Infancia y por ello ha aprobado este jueves por unanimidad otra declaración institucional en la que se compromete con los derechos de la infancia, así como en invertir en salud mental de niños y adolescentes, garantizar el uso "seguro" de la tecnología o abordar la crisis climática.

El Día Mundial de la Infancia, según el texto aprobado, es un día para recordar que aún hay "retos pendientes" de alcanzar en Castilla-La Mancha para que los derechos de la infancia sean "una realidad" en un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años.

Por ello, las Cortes regionales se han comprometido a poner el centro de la acción política los derechos de niño y adolescentes con estrategias a largo plazo y recursos para conseguir resultados "tangibles".

Otro de los compromisos asumidos es invertir en salud mental. "La COVID-19 ha contribuido al preocupante aumento de los trastornos de salud mental entre niños, niñas y adolescentes", por lo que las Cortes regionales instan a que se destinen todos "los recursos a nuestro alcance para proporcionar más atención a este problema, especialmente para las familias más vulnerables".

También se compromete el Parlamento castellanomanchego a garantizar "el uso seguro, responsable y crítico" de la tecnología. La declaración institucional recoge que tras la pandemia y con la llegada de la educación a distancia, se ha apreciado un aumento exponencial de las competencias digitales de niños, niñas y adolescentes. "Tener más herramientas digitales y mayor acceso a las redes sociales les ofrece mayores oportunidades, pero también supone estar más expuestos a algunos de los riesgos online".

Por ello, las Cortes se comprometen a contribuir a el acceso equitativo a los recursos tecnológicos; mejorar las competencias digitales de los niñas, niños y adolescentes; promover el desarrollo de un entorno protector en el ámbito digital; y la sensibilización y educación de todos los actores (familias, centros educativos, Instituciones y empresas), niñas, niños y adolescentes para promover el uso seguro y responsable de las Tecnologías para la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC).

Entre los compromisos también destacan avanzar en una escucha "real, activa y permanente" de niños y adolescentes y abordar la crisis climática, ya que "el cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Humanidad, y los niños y niñas son quienes tendrán que sufrir las consecuencias de la inacción política más que nadie".

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