Las Cortes de Castillla-La Mancha han acordado este jueves no admitir la petición de amparo y protección de la directiva europea sobre alertadores de corrupción y de la libertad de expresión solicitada por el periodista Miguel Ángel Delgado, director de Xornal Galicia, por un informe desfavorable de los letrados de la Cámara.
El acuerdo se ha adoptado en la comisión de Peticiones y Participación Ciudadana del Parlamento autonómico, que ha abordado la petición de amparo y protección de la directiva europea y de la libertad de expresión para salvaguardar la democracia y derechos en Europa.
El peticionario había puesto encima de la mesa que España no ha adoptado las medidas de transposición de la directiva y solicitaba al Parlamento de Castilla-La Mancha que instase al Defensor del Pueblo a la apertura de expediente informativo.
Sin embargo, la presidenta de la comisión, la diputada socialista María Jesús Merino, ha informado de que los letrados de la Cámara han elaborado un informe jurídico que entre sus conclusiones propone la inadmisión de la petición por diferentes motivaciones.
Los tres grupos parlamentarios han estado de acuerdo en no admitir la petición y, en concreto, el diputado de Ciudadanos (Cs) Javier Sevilla ha indicado que el informe jurídico es "claro" y dice que "por haber causas pendientes en los juzgados" corresponde no admitirla.
Con todo, ha apuntado que la formación naranja "siempre estará contra de la corrupción" y ha advertido de que "la mala política de no transponer las directivas se está generalizando y conlleva una serie de multas al Estado español que nos las podríamos ahorrar".
Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha incidido en que el informe de los letrados es "bastante claro" en cuanto a los motivos de inadmisión y, por lo tanto, el grupo popular es "respetuoso" con los informes jurídicos y acepta sus criterios.
También el parlamentario socialista Iván Rodrigo ha considerado que el informe jurídico es "totalmente clarificador y contundente" en cuanto a la inadmisión, así como ha añadido que se trata de un asunto que "nada tiene que ver con Castilla-La Mancha", que no está dentro de sus competencias y que, además, está judicializado.
