El Parlamento catalán ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) sus alegaciones en defensa de la resolución que aprobó la Cámara en octubre de este año que abogaba por la abolición de la Monarquía, que fue impugnada por el Gobierno central.
Las alegaciones, firmadas por el letrado mayor Joan Ridao y recogidas por Europa Press, defienden que la resolución es una declaración sin efectos jurídicos, por lo que "no tiene potencialidad alguna de provocar una infracción constitucional por carecer del elemento de juridicidad necesario".
El Parlamento catalán pide al Alto Tribunal que le considere personado en esta causa y solicita que dicte sentencia por la cual declare "la plena constitucionalidad" de la iniciativa, que fue aprobada con los votos de JxCat, ERC, y los comuns --la CUP se abstuvo, y Cs, PP y PSC votaron en contra--.
La Cámara catalana también recuerda que el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que desaconsejaba al Gobierno impugnar la resolución, y en el que se afirmaba: "El debate político no está sujeto, en nuestro ordenamiento, a límites materiales que impidan manifestar opiniones contrarias a la Constitución".
Ridao añade que el Consejo de Estado concluyó que la resolución sobre la Monarquía se limitó "a expresar un juicio de valor carente de fuerza normativa o capacidad innovadora del ordenamiento", y no contenía ninguna instrucción, mandato o exhortación alguna.
GARANTE PLURALISMO
Así, añade que, si el Estado quiere ser defensor del pluralismo, tiene que ser garante "no solo de las opiniones e ideas consideradas inofensivas, sino también de aquellas que ofenden, chocan o molestan al Estado o a una parte de la población".
Las alegaciones del Parlamento catalán argumentan que resulta "inconcebible e hilarante" que se pueda pensar que, con una resolución como la aprobada por la Cámara, se esté proponiendo una modificación de la forma política del Estado al margen de los cauces constitucionales.
Además, alega que el debate entre monarquía-república está presente en la sociedad española, y recuerda que "ha habido iniciativas políticas como la convocatoria de referéndums informales en algunas universidades" donde se planteaba esta cuestión.
JURISPRUDENCIA DE OTROS TRIBUNALES
El letrado mayor también cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para concluir que "la libertad de expresión es más amplia cuando se trata de asuntos o personajes de proyección pública", y este es el caso de la resolución del Parlamento catalán, concluye.
Además, recoge que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha considerado legítimos por ejemplo discursos de tono amenazante contra la vida del presidente de ese país, "por no estar dirigidos a producir una inminente acción ilegal o no ser probable que la provoquen".
Ridao advierte al Tribunal Constitucional de que "una progresiva ampliación del control judicial sobre el poder político entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los jueces".
RESOLUCIÓN CON POLÉMICA
La resolución fue una iniciativa de los comuns --unos días antes había fracasado una de JxCat sobre el mismo tema-- que reprobaba y condenaba "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que consideraba que justificó las cargas policiales del 1-O.
La misma iniciativa, aprobada el 11 de octubre, reivindicaba los valores republicanos y apostaba por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".
