Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves por unanimidad de los 33 diputados regionales la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del medio rural.
Los tres grupos parlamentarios han votado a favor de la mayoría del articulado, si bien el PP se ha abstenido en los artículos en los que mantenía enmiendas parciales hasta este pleno, que han sido rechazadas con los votos en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos (Cs), mientras que la enmienda viva de la formación naranja se ha aprobado finalmente transada.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, había apelado al consenso de los grupos parlamentarios para lograr el "máximo respaldo" durante su intervención, así como a que el proyecto "supere los vaivenes de la política en beneficio de Castilla-La Mancha y de los municipios que tienen problemas de despoblación".
Asimismo, ha remarcado que el principal instrumento de la nueva normativa será la Estrategia regional frente a la despoblación, cuya elaboración ha dicho que está "muy avanzada" y la cual tendrá una vigencia mínima de una década con revisiones cada cuatro años.
Martínez Guijarro ha destacado que se trata de una ley "transversal, pionera y muy participada" que marca el punto de inflexión para revertir la actual tendencia demográfica, si bien ha incidido en que no se trata de un fenómeno nuevo y ha defendido que el Ejecutivo regional trabaja en este asunto desde 2015 para reconstruir lo ocurrido durante el Gobierno del PP, "que se cebó con los recortes en el medio rural" y en cuya legislatura la región perdió 80.000 habitantes.
En este sentido, ha indicado que Castilla-La Mancha ha logrado recuperar 6.000 habitantes en los últimos cinco años pero "no es suficiente", por lo que ha considerado necesario "corregir el desequilibrio entre el mundo urbano y el rural y recuperar habitantes", que ha remarcado que son los objetivos de la norma.
Además, ha subrayado que Castilla-La Mancha no ha querido esperar a que se impulse una estrategia nacional y ha elaborado su propia Ley, que se ha mostrado convencido de que servirá de ejemplo para otras autonomías, así como ha impulsado iniciativas como la Inversión Territorial Integrada (ITI) que ha permitido movilizar 1.000 millones de euros desde el año 2017 en fondos estructurales.
El vicepresidente regional ha hecho hincapié en que la Ley contra la Despoblación incluye por primera vez la política fiscal y prima la estancia efectiva, el apoyo a las empresas, y la garantía de la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria.
También ha recalcado que "las personas que vivan o quieran vivir en las zonas despobladas prácticamente no pagarán impuestos a la comunidad autónoma", por las deducciones fiscales que contempla, que los jóvenes podrán contar con un contrato-programa de prácticas en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y que la normativa recoge otros asuntos como los servicios farmacéuticos y financieros, la atención a los mayores y a las personas con discapacidad, la vivienda, el transporte, y el ocio y la cultura inclusivos para los pueblos.
En la misma línea, la diputada socialista y ponente del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales que incorporó 54 enmiendas parciales al texto -28 de ellas transadas- de las 102 presentadas por los tres grupos, María Jesús Merino, ha remarcado que la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha es "pionera" y contiene medidas sociales, económicas y fiscales "realistas y concretas" para frenar el éxodo rural.
Merino y también la portavoz del PSOE, Ana Isabel Abengózar, han puesto el acento en que estas medidas y políticas que establece la Ley son para combatir la despoblación "a largo plazo" y más allá de esta legislatura, por lo que han asegurado que es necesario "el consenso de todos".
Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Carmen Picazo, se ha mostrado "satisfecha" de que "por fin se tome en serio el reto demográfico y que no sea solo un anuncio o eslogan", y de que se haya llevado una Ley contra Despoblación a la Cámara autonómica, que ha afirmado que era el objetivo final de la formación naranja cuando propuso la creación de una comisión de estudio.
Picazo ha advertido de que la despoblación ha pasado de ser un problema a "un auténtico drama", por lo que ha instado a que la nueva normativa sea "una herramienta para salvar a los pueblos", los cuales ha lamentado que han estado durante mucho tiempo "abandonados por la clase política que no ha sabido, querido o podido frenar ese éxodo rural que ha llevado hasta la desaparición de algunos pueblos".
De su lado, el parlamentario 'popular' Benjamín Prieto ha afeado al PSOE que no quiera incorporar más enmiendas del PP al texto -36 han llegado vivas al pleno- porque, a su juicio, mejoran la Ley, al tiempo que ha lamentado que el discurso del vicepresidente regional "buscando la justificación y culpando a otros" no ayude al consenso.
No obstante, ha justificado el voto positivo en el compromiso del PP con la mejora del mundo rural, si bien ha aseverado que contra la despoblación "no sirve una varita mágica" y lo que tiene que pesar es la "voluntad política", por lo que ha exigido al Gobierno regional que ponga la "lupa rural" siempre a la hora de legislar.
EL GOBIERNO VALORA SU TRANSVERSALIDAD
El secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francisco Boya, ha destacado la importancia de la aprobación, en Castilla-La Mancha, de esta ley para combatir la despoblación y ha subrayado que la principal virtud de esta iniciativa, además de que tiene rango de ley, es que es una norma "transversal".
En una conferencia de prensa ofrecida este jueves en las Cortes regionales, donde se ha debatido y aprobado el proyecto de Ley, Boya ha valorado que el texto que ha salido adelante es "muy ambicioso, pionero y que pone en evidencia el trabajo que se hace en Castilla-La Mancha en favor" de este tema.
Para Boya, esta ley tiene una virtud respecto a otras iniciativas planteadas sobre la cuestión, y es que, además de tener rango de ley, es que se trata de un texto transversal, que incluye medidas que "realmente van a tener impacto desde el punto de los servicios públicos, algunos aspectos tributarios, que van a incentivar y compensar a las personas que viven en el ámbito rural y también aspectos que inciden en incentivos de la actividad económica en el ámbito rural".
Boya ha confiado en que en los próximos años se vea el desarrollo de la ley y el impacto sobre el territorio, aunque ha admitido que "al hablar de temas de reto demográfico, el impacto no se puede medir a corto plazo, sino que los resultados se ven a medio y largo plazo".
Además, ha resaltado que a las medidas impulsadas por Castilla-La Mancha también se deben sumar las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno central y que van a "tener un impacto positivo" en el conjunto del país, como la puesta en marcha del Plan de Recuperación, especialmente las 130 medidas que se han definido con impacto demográfico, que van a suponer un importe de 10.000 millones de euros en términos de inversión para el mundo rural.
