Page pide retirar un modelo de financiación que “privilegia” y rompe la igualdad
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó este miércoles su presión política ante el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno central. Lo hizo desde Guadalajara, en un acto institucional, y posteriormente ante los medios, donde reforzó un mensaje que viene trasladando en las últimas semanas: el modelo propuesto “no debe salir, no va a salir” porque “privilegia a unos”, “rompe la igualdad” y es consecuencia directa de “cesiones a los independentistas”.
El jefe del Ejecutivo autonómico acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con la idea de exigir “transparencia total” y de denunciar que otras autonomías, en especial aquellas con acuerdos con el Gobierno central —como ERC— han dispuesto de información anticipada que el resto no ha recibido. Su posicionamiento se vio reforzado por las duras palabras del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien llamó “chantaje” al planteamiento del Gobierno y marcó como “línea roja” el principio de ordinalidad.
La reunión del CPFF terminó con un rechazo ampliamente mayoritario al modelo, con Cataluña como única comunidad que expresó su apoyo. Autonomías gobernadas por el PP, Canarias y regiones socialistas como Castilla-La Mancha y Asturias coincidieron en describir la propuesta como un texto “precocinado”, negociado “a espaldas” del resto y sin datos suficientes.
Reclamación de transparencia y denuncia de acuerdos bilaterales
Desde primera hora en Guadalajara, García-Page insistió en que “la financiación del conjunto del sistema la debemos saber todos”, reclamando que el Gobierno distribuya la misma información “que tienen los que han estado en el ajo”. En un mensaje especialmente crítico, señaló que “quiero tener la misma información que Junqueras y que tiene Salvador Illa, al menos la misma”, denunciando así una negociación “asimétrica” y “opaca”.
El presidente apuntó que, en un sistema de régimen común como el español, “lo mínimo exigible es transparencia absoluta, igualdad en la información y claridad en los criterios”. En este sentido, exigió explicaciones detalladas sobre el tratamiento previsto para las competencias no homogéneas, aquellas que no se distribuyen igual en todas las autonomías y que, a su juicio, pueden “alimentar los privilegios cuando se diseñan sin diálogo”.
García-Page recordó que su intención es abordar la reforma del sistema de financiación y discutir elementos técnicos, pero dejó muy claro que “no nos pueden poner el chantaje de aceptar un privilegio a cambio de sumarnos al modelo”. Repitió que su Gobierno no permitirá la “ruptura de la igualdad” y que el PSOE, en su Congreso de Sevilla, rechazó explícitamente cualquier principio que conduzca a la ordinalidad.
“No más cesiones” y un aviso al PSOE
El presidente fue más allá al afirmar que “no más cesiones a los chantajes independentistas porque nos estamos jugando el meollo de la cultura progresista en este país”. Según explicó, no es compatible defender la igualdad social e impulsar simultáneamente modelos que permiten que “los que más tienen, más reciban”.
Criticó que parte del Gobierno defienda públicamente la propuesta. “Un ministro tiene que defender lo que dice su jefe; si no, al día siguiente está fuera”, afirmó, enfatizando que la lealtad interna no debe ocultar las incoherencias que, en su opinión, encierra el modelo.
García-Page se refirió también a las reuniones mantenidas entre el Gobierno y responsables de Esquerra Republicana: “La política en España te demuestra que puede terminar saliendo lo que le interesa a los independentistas y nada de lo que nos interesa a los demás”. En este contexto, lanzó una frase de fuerte impacto político: “En este país puede acabar en la cárcel cualquiera menos Puigdemont”, advirtiendo del riesgo de que el peso de las decisiones del Estado quede condicionado por los acuerdos con fuerzas independentistas.
Recurso al Constitucional: antes, la batalla política
Sobre la posibilidad de recurrir el modelo ante el Tribunal Constitucional, García-Page volvió a reiterar su postura: “Primero hay que ganar la batalla políticamente; después, jurídicamente habrá que hacer lo que haya que hacer”. Reprochó que algunas autonomías acudan inmediatamente al recurso porque, según dijo, “el panorama constitucional no está nada claro” y eso puede provocar que el debate se desvíe hacia los tribunales antes de resolverse en términos políticos.
El presidente castellanomanchego insistió en que su región estará “encima del tema todo el tiempo” y que su objetivo es que se retire cualquier planteamiento “que rompa la igualdad de España”. Aseguró que el modelo actual propuesto por el Gobierno constituye, a su juicio, “el mayor atentado a la igualdad que ha habido en España en décadas”, algo que le “duele especialmente viniendo de gente del mundo del progreso”.
“Nace del chantaje de los independentistas”: la crítica más dura
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, reforzó de forma todavía más contundente el mensaje que el Gobierno regional llevó al CPFF. Antes de entrar en la reunión, declaró que el modelo “nace del chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios”, y que lo hace además con una clara orientación hacia la ordinalidad, lo que para Castilla-La Mancha constituye “una línea roja infranqueable”.
Ruiz Molina denunció que la única información que ha manejado su Gobierno procede de “los apuntes de la rueda de prensa de la ministra Montero” y del dossier distribuido por el Ministerio. Lo calificó de “inaudito en la historia de la financiación autonómica”, subrayando que “solo el Estado, los independentistas y parece ser que también el presidente de la Generalitat disponían de los datos reales”.
Exigencia de datos y crítica al procedimiento
El consejero reclamó conocer cómo se han calculado los incrementos de financiación para cada comunidad y qué volumen de recursos se prevé para 2027. “Queremos saber si se ha hecho con un criterio racional o caprichoso, especialmente en relación con Cataluña”, explicó. Consideró imprescindible disponer de esa información antes de valorar si el modelo puede garantizar igualdad entre territorios o si, por el contrario, consolida diferencias estructurales.
Ruiz Molina criticó también que el modelo no se haya debatido dentro del PSOE, vulnerando, afirmó, dos resoluciones del Congreso Federal de Sevilla: una relativa a la multilateralidad y otra al rechazo del principio de ordinalidad. “La negociación no se ha hecho en el seno del partido, sino de manera bilateral, y ni siquiera con una comunidad autónoma, sino con un partido independentista”, reprochó.
La ordinalidad, “incompatible con la igualdad”
Como principal argumento político y técnico, Ruiz Molina insistió en que la ordinalidad es “incompatible con la igualdad” porque consagra que quienes tienen mayor capacidad tributaria reciban más financiación y, por tanto, puedan prestar mejores servicios públicos. “Estamos trasladando a la ciudadanía el mensaje de que quien paga más IRPF tiene derecho a ser mejor tratado en los servicios públicos; eso es inaceptable”, afirmó.
El consejero defendió como alternativa un modelo que iguale la financiación “por habitante ajustado”, garantía —dijo— de equidad real entre territorios. Recordó además el impacto de la despoblación en regiones como Castilla-La Mancha: “El coste de garantizar servicios públicos en zonas despobladas es muy superior; solo en educación necesitamos 3.136 profesores más que si toda la población viviera en zonas urbanas”.
Una oferta de voluntariedad insuficiente
Durante la reunión, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó a las autonomías que la adscripción al nuevo modelo será voluntaria. Es decir, cada comunidad podrá elegir entre acogerse al nuevo sistema o mantener el vigente.
La ministra defendió que esta prerrogativa ya existe en la legislación de 2009 y anunció una ronda de reuniones técnicas bilaterales antes de enviar la ley a audiencia pública y luego al Congreso. Aseguró que en 2027 el modelo aportará unos 21.000 millones de euros adicionales, alcanzando los 224.507 millones de recursos totales.
Un rechazo casi unánime
Pese a ello, el rechazo fue prácticamente total. Autonomías del PP, Canarias y dos comunidades gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha y Asturias— rechazaron el planteamiento. El consejero murciano Luis Alberto Marín resumió el sentir general: “Más del 95% de las comunidades hemos mostrado rechazo frontal a un modelo que nace viciado y de una negociación bilateral con los independentistas”.
Madrid, Galicia, Extremadura y otras regiones denuncian que el modelo está “precocinado”, que no soluciona los problemas estructurales y que la falta de datos impide evaluarlo. Extremadura acusó a la ministra de “ausencia de respeto institucional” y Canarias avisó de que el margen para las aportaciones de las autonomías será mínimo si el texto ya está cerrado.
Castilla-La Mancha, firme en su posición
Ruiz Molina intervino en esta línea y advirtió que la voluntariedad del modelo no elimina sus problemas de origen. “Nos dicen que si aceptamos tenemos 1.248 millones más y si no lo aceptamos, lo perdemos”, afirmó, alertando de que esa fórmula deja a las comunidades en una posición de presión fiscal y política.
El consejero reiteró que las reuniones bilaterales anunciadas buscan “dar apariencia de multilateralidad”, pero que “el modelo ya viene pactado con ERC”.
Cataluña, única comunidad que lo respalda
La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, defendió el modelo asegurando que corrige una situación de “infrafinanciación”. Negó que se trate de una propuesta insolidaria y afirmó que “todo el mundo gana”, siendo Cataluña el territorio más beneficiado, pero sin que ello —defendió— perjudique al resto.