Page acusa al Gobierno de imponer la ordinalidad, ‘un privilegio’ que el PSOE ya rechazó

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado este lunes el tono contra la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España tras un acuerdo con ERC. Desde la localidad conquense de Quintanar del Rey, García-Page ha denunciado que el esquema planteado parte de “una trampa” que, lejos de garantizar igualdad territorial, consagra privilegios mediante la llamada ordinalidad, un criterio que —ha subrayado— el PSOE ya rechazó expresamente en su último Congreso federal, celebrado en Sevilla hace algo más de un año.

“El PSOE rechazó la ordinalidad: es un privilegio”

El presidente regional ha querido dejar claro que su posición no supone un distanciamiento ideológico dentro del partido, sino la defensa de lo acordado por el propio PSOE. En este sentido, ha recordado que en el Congreso de Sevilla se presentaron dos enmiendas proponiendo incorporar la ordinalidad al modelo de financiación y que fueron rechazadas porque se entendió que suponían un privilegio territorial incompatible con el proyecto socialista. “Algunos compañeros que hoy me están criticando decían exactamente lo mismo que digo yo hace apenas unos años”, ha lamentado.

Page ha recordado que, tras aquel rechazo, ERC fue quien se mostró indignada, llegando a protestar públicamente porque la ponencia socialista había tumbado la ordinalidad. “Quiero que todo el mundo lo sepa: si se está defendiendo ahora la ordinalidad, se está haciendo en contra de lo aprobado en las resoluciones del Congreso del PSOE”, ha sentenciado.

El presidente autonómico ha alertado de que esta idea de ordinalidad, que garantiza que las comunidades con mayor capacidad fiscal mantengan su posición relativa incluso después del reparto, “no puede llamarse otra cosa que privilegio”, y supone, por tanto, un elemento que “rompe de raíz” la cohesión del país.

Un modelo negociado “a escondidas” y bajo presión de los independentistas

García-Page ha reprochado al Gobierno central que haya avanzado en el diseño del modelo sin convocarle a ninguna negociación formal, algo que ha considerado especialmente grave debido a la trascendencia del asunto. Ha señalado que “solo hablan bien del modelo quienes han estado en el ajo y porque se llevan buena parte de la tajada” y ha denunciado que los detalles solo son conocidos por quienes “han podido negociar”, mientras que comunidades como la suya han sido excluidas del proceso.

El presidente no ha ocultado su desagrado con las formas utilizadas por el Ministerio de Hacienda. Ha criticado la comparecencia de su titular, María Jesús Montero, por considerar que no ofreció una explicación clara y suficiente. “Me sonó a lo del finiquito en diferido”, ha ironizado, en referencia al caso mediático que rodeó a la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal. “Todo el mundo sabía lo que quería decir, pero no podía explicarlo”, añadió.

Page ha insistido en que lo esencial no es si el Estado pone más dinero, sino cómo se reparte y si ese reparto se basa en criterios de igualdad o de privilegio. “Aunque se ponga más cantidad en el menú del día que nos ofrecen a la mayoría, se está estableciendo un menú a la carta para algunos”, ha comparado, un símil que ha repetido durante varias intervenciones públicas en las últimas horas. “Otros llevan menú VIP, y eso hace que el sistema, de entrada, sea injusto”.

Un debate que fractura a la izquierda y no prosperará

El presidente castellanomanchego ha advertido de que el debate sobre la financiación “no tiene ninguna posibilidad de salir adelante”, puesto que ha conseguido “unir a toda la derecha en España” y, al mismo tiempo, ha “fraccionado a buena parte de la izquierda”. Además, ha lamentado que un Gobierno que no ha conseguido aprobar un solo presupuesto en lo que va de legislatura esté elaborando previsiones hasta 2027 basándose en un modelo que —ha insistido— sólo conocen quienes han negociado con él.

También ha advertido de las consecuencias a medio y largo plazo si se aprueba un sistema basado en privilegios. “Cuando vengan vacas flacas, algunos habrán blindado su situación, pero los demás tendremos que cerrar institutos, universidades y probablemente también hospitales”, ha alertado, subrayando que “el tema es muy serio, muy gordo”.

Page ha recordado que Castilla-La Mancha acumula 12.000 millones de euros de infrafinanciación en los últimos once años en los que el modelo ha permanecido congelado. Por ello, ha reiterado que la región necesita un sistema que sea, como mínimo, transparente, equitativo y que no esté condicionado por acuerdos particulares entre el Gobierno central y los partidos independentistas. “¿Puede ser, de verdad, Oriol Junqueras quien decida el modelo de financiación de nuestra educación y nuestra sanidad?”, ha preguntado en tono crítico.

Ruiz Molina denuncia un modelo “regresivo” y pactado “bajo chantaje”

En Toledo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reforzado la postura de Page con un análisis minucioso y especialmente crítico del documento presentado por el Ministerio de Hacienda. Ha subrayado que se trata de un modelo “injusto, acordado bajo el chantaje de los independentistas catalanes, regresivo y sin garantías de igualdad”.

Ruiz Molina ha calificado de “insólito” que las comunidades autónomas se enteren de los detalles de la propuesta a través de una comparecencia pública y de un dossier de prensa del Ministerio. “Es un hecho sin precedentes en la historia de la financiación autonómica”, ha criticado, lamentando la ausencia de datos técnicos y estimaciones oficiales.

Según el consejero, el modelo responde más a “cómo trocear la riqueza nacional entre territorios para dar satisfacción a los independentistas” que a un verdadero diseño orientado a sufragar el coste real de los servicios públicos. Ha advertido de que, con este planteamiento, “quien más tiene, más recibe”, ya que la ordinalidad garantiza que las regiones con mayor capacidad tributaria mantengan posiciones de privilegio.

Aplicado al IRPF, el consejero ha explicado que el modelo asume que “quienes pagan más tienen derecho a ser tratados mejor en los servicios públicos”, algo que ha considerado incompatible con un sistema socialista y con el propio concepto de Estado del bienestar. Ha recordado que el reparto de otros impuestos, como el de la banca en función del PIB, ya ha sido duramente criticado por su carácter regresivo y que el nuevo modelo incide en esa misma dirección.

Castilla-La Mancha seguiría por debajo de la media pese al incremento previsto

Ruiz Molina ha explicado que, según las estimaciones disponibles —limitadas por la escasa información facilitada por el Gobierno—, Castilla-La Mancha recibiría más de 1.240 millones de euros adicionales en 2027. Sin embargo, ha subrayado que lo importante no es el incremento puntual, sino el resultado final: “Castilla-La Mancha seguiría estando por debajo de la media de financiación autonómica, igual que ocurre actualmente”, ha afirmado.

El consejero ha recordado que su Gobierno defiende un modelo basado en aportar a la bolsa común en función de la capacidad fiscal de cada territorio y recibir en función de las necesidades, medidas mediante una población ajustada que recoja adecuadamente factores como la dispersión, la superficie o el envejecimiento. Sin embargo, ha denunciado que las modificaciones propuestas por el Ministerio son meros “retoques ligeros” que no reflejan los costes reales de comunidades con grandes extensiones y baja densidad como Castilla-La Mancha.

Ruiz Molina ha concluido que el modelo presentado “nunca lo habría defendido un Gobierno socialista y español” sin la presión del independentismo, y ha reiterado que constituye un ataque “sin paliativos” al principio de igualdad que debe regir la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el territorio.