Núñez tacha de insuficiente el plan de Page y exige reformar la Ley del Suelo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado de “claramente insuficiente” el plan de vivienda aprobado por el Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page y ha exigido reformas estructurales como la modificación de la Ley del Suelo, la normativa urbanística y la legislación medioambiental para facilitar el acceso a la vivienda en la comunidad autónoma.

Núñez ha realizado estas declaraciones este martes en la Plaza Mayor de Guadalajara (Guadalajara), durante una comparecencia junto a la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, en respuesta al reto lanzado por el PSOE regional a los alcaldes del PP para que bajen impuestos en materia de vivienda, siguiendo el ejemplo de las medidas fiscales anunciadas por el Ejecutivo autonómico.

El líder regional del PP ha sostenido que el paquete de iniciativas del Consejo de Gobierno apenas tendrá impacto real y beneficiará, según sus estimaciones, a entre 10.000 y 12.000 personas en toda Castilla-La Mancha. A su juicio, se trata de un conjunto de medidas “desordenadas y con mucha menos ambición” que la propuesta integral presentada por el PP hace un año en las Cortes regionales y rechazada por el PSOE.

Reformas legales y “dos velocidades” en vivienda

Núñez ha acusado al Gobierno de Page de no haber impulsado en once años ninguna reforma de las leyes básicas que condicionan el acceso a la vivienda. Ha denunciado que “nunca se ha hablado de modificar la Ley del Suelo, la ley de urbanismo o la normativa medioambiental”, lo que obliga a los ayuntamientos a operar con “legislación del siglo pasado” y provoca retrasos de hasta una década en la aprobación o modificación de los planes de ordenación municipal.

En este contexto, ha defendido que en Castilla-La Mancha existen “dos velocidades” en materia de vivienda: la de los alcaldes del PP que apuestan por crear suelo y ampliar el parque público, y la del Gobierno regional, al que acusa de lastrar el acceso a la vivienda con exigencias administrativas superiores a las de otras comunidades autónomas.

Como ejemplo, Núñez ha citado la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP, que desde 2023 ha impulsado 559 viviendas, de las cuales 156 son de alquiler asequible y 403 de protección oficial, gracias a la cesión de parcelas municipales y recursos propios. Según los datos municipales, el 34% de las viviendas que se construyen actualmente en la ciudad están sometidas a algún tipo de protección, es decir, una de cada tres.

El dirigente popular también ha arremetido contra el Gobierno de España por no haber ejecutado los anuncios de construcción masiva de vivienda pública. Ha recordado que de las 180.000 viviendas prometidas inicialmente —y posteriormente ampliadas a 240.000— no se ha construido ninguna, ni a nivel estatal ni en Castilla-La Mancha con las 10.000 viviendas anunciadas por el Ejecutivo autonómico.

Además, ha criticado al secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, por su papel como diputado nacional y por haber respaldado, según ha señalado, una Ley de Vivienda que “protege a los okupas frente a los propietarios”. En este sentido, ha reclamado una rebaja fiscal ambiciosa y mayor seguridad jurídica como pilares de una política de vivienda eficaz.

Guarinos rechaza declarar Guadalajara zona tensionada

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara ha descartado solicitar la declaración de la ciudad como zona tensionada, pese al incremento de los precios de compra y alquiler registrado en los últimos años. Guarinos ha defendido que intervenir el mercado y limitar precios “no beneficia a nadie” y puede agravar el problema al retraer la oferta y generar inseguridad jurídica.

La regidora ha argumentado que cuando se imponen topes al alquiler, los propietarios optan por retirar las viviendas del mercado o subir los precios para compensar la intervención. “Decirle a una persona a qué precio tiene que alquilar su vivienda no es la solución”, ha afirmado, insistiendo en que el problema de fondo es la falta de vivienda disponible.

Frente a la intervención de precios, Guarinos ha apostado por “hechos y no anuncios”, centrando la política municipal en la generación de suelo, la promoción de vivienda protegida y la ampliación del Plan de Ordenación Municipal para aumentar el suelo residencial e industrial, con el objetivo de facilitar tanto el acceso a la vivienda como la llegada de empresas y empleo.

Crisis energética y desarrollo urbano

La alcaldesa también ha señalado la crisis energética como un factor que limita tanto la construcción de viviendas como la implantación de nuevas empresas. Ha explicado que, aunque la provincia de Guadalajara es generosa en producción eléctrica, la red actual no garantiza suficiente potencia para nuevos desarrollos industriales o residenciales.

Según Guarinos, esta situación está provocando que algunas empresas reconsideren sus inversiones. Para paliarlo, el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al plan nacional de distribución eléctrica con el fin de asegurar potencia suficiente hasta 2030. Ha subrayado que la falta de capacidad energética afecta tanto a la industria como al desarrollo residencial y al empleo.

El Fuerte de San Francisco

Sobre la situación del Fuerte de San Francisco, la alcaldesa ha sido tajante tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que obliga a la Junta a ejecutar su rehabilitación con plazos concretos. Guarinos ha exigido al Gobierno regional que “cumpla” con una obligación pendiente desde hace décadas.

Ha recordado que el conflicto se remonta a un convenio firmado en 2010, por el que la Junta se comprometió a rehabilitar el conjunto tras obtener aprovechamientos urbanísticos vinculados a la construcción de viviendas en la zona. Tras una sentencia de 2017 que obligaba a cumplir lo firmado y la falta de actuación posterior, el Ayuntamiento acudió de nuevo a los tribunales.

“La inactividad de la Junta es la que ha ocasionado la ruina y el estado actual de los edificios”, ha afirmado Guarinos, insistiendo en que la obligación es clara: rehabilitar íntegramente el Fuerte de San Francisco. Aunque ha dejado abierta la puerta al diálogo, ha subrayado que este debe partir del cumplimiento estricto del convenio.