PAC, deuda y lengua azul dividen a los partidos en un pleno intenso de las Cortes

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, interviene en el pleno de las Cortes regionales mientras el consejero de Agricultura, Ganadería y Dearrollo Rural, Julián Martínez Lizán, toma notas desde su escaño
Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron este jueves un pleno marcado por debates sobre la defensa de la PAC y el relevo generacional en el campo, la financiación autonómica y la condonación de deuda, así como la crisis ganadera por la lengua azul. La Cámara mostró también su solidaridad con los trabajadores de Mahle en Motilla del Palancar y validó el convenio sanitario con Castilla y León.

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron este jueves un pleno con un amplio orden del día en el que además de aprobarse el techo de gasto se abordaron algunos de los asuntos más sensibles para la región: la defensa de la Política Agrícola Común (PAC) y el relevo generacional en el campo, la financiación autonómica y la quita de deuda planteada por el Gobierno central, la crisis ganadera por la lengua azul y el impacto del ERE anunciado en la planta de Mahle en Motilla del Palancar. La sesión incluyó también la validación del convenio sanitario con Castilla y León.

Debate sobre la PAC y la incorporación de jóvenes al campo

En el debate relativo a la incorporación de jóvenes al sector agrario, el presidente del PP regional, Paco Núñez, tomó la palabra para insistir en que la PAC es un pilar básico del futuro del campo y planteó la creación de un foro de trabajo conjunto para que la región hable “con una sola voz” en Europa frente a los recortes. Núñez apeló a superar la confrontación política: “Los jóvenes agricultores y ganaderos no quieren ver a los partidos políticos peleándose, quieren verles colaborar en la defensa de sus intereses”.

El líder popular reclamó que este foro sea vinculante y criticó al Ejecutivo autonómico por, a su juicio, incumplir compromisos como el pacto del agua. Además, su grupo propuso medidas adicionales para favorecer el relevo generacional: impuestos cero para jóvenes incorporados, eliminación de trabas burocráticas, automatización de expedientes, aumento de ayudas a la compra de maquinaria y garantías sobre el acceso al agua.

El PSOE, a través de Antonio Sánchez Requena, replicó que la propuesta llegaba “tarde” porque el Gobierno autonómico y las organizaciones profesionales ya vienen trabajando en una posición común desde hace meses. Requena pidió al PP que demuestre con hechos, y no solo con palabras, su compromiso con una PAC fuerte, recordando que en lo que va de legislatura más de 1.500 jóvenes se han incorporado a la agricultura y ganadería con 75 millones de euros en ayudas.

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, agradeció el ofrecimiento del PP, pero defendió que ese frente común ya existe. Señaló que la prioridad es mantener un presupuesto suficiente, aunque reconoció que debería ser mayor. Retó a Núñez a dirigirse a su familia política en Bruselas: “Reúnase con Ursula von der Leyen y explíquele la nefasta propuesta de recortar 10.000 millones de euros a la PAC”.

Por parte de Vox, el diputado David Moreno denunció que 700 jóvenes se han quedado sin ayudas para incorporarse al campo y acusó tanto al PSOE como al PP de ser corresponsables de los recortes por haber impulsado, dijo, “agendas extranjeras que van contra nuestros vecinos”, en referencia a la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Aseguró que el recorte puede alcanzar el 30 % y que se trata de un “tijeretazo que arruinará al campo español”.

Finalmente, la resolución socialista fue la única aprobada. Insta al Gobierno regional a reforzar las políticas de incorporación de jóvenes al campo y a exigir una PAC fuerte, suficiente y adaptada al relevo generacional.

Quita de deuda y modelo de financiación autonómica

El debate sobre la financiación autonómica y la condonación parcial de deuda generó un cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición.

El portavoz de Vox, Iván Sánchez, criticó que la Junta esté “alegre” por una medida que, a su juicio, “premia la mala gestión”. “Si se les condona la deuda es porque gestionan mal, y lo reconocen al celebrarlo”, afirmó. Reclamó un reparto justo de recursos y rechazó que la financiación autonómica siga “profundizando en un sistema que nos hace desiguales”.

La diputada del PP, Carolina Agudo, defendió que la condonación forma parte de una “hoja de ruta contra los principios constitucionales” y denunció que con ella “se generan privilegios para unos territorios frente a otros”. Reclamó que Castilla-La Mancha defienda una financiación justa, equitativa y multilateral, y propuso un fondo transitorio para corregir la infrafinanciación hasta que se apruebe un nuevo modelo. “Nuestra región recibe de menos, y eso es una injusticia”, insistió.

El PSOE, a través de su portavoz Ana Isabel Abengózar, respondió que el presidente Page lleva “diez años reclamando una financiación justa”, y dio la bienvenida al PP a esta reivindicación. Enfatizó que una reforma del sistema debe garantizar un presupuesto adecuado para servicios sociales y dependencia en una región extensa y dispersa como Castilla-La Mancha. Defendió además la necesidad de una ley de armonización fiscal para evitar que comunidades como Madrid compitan con rebajas fiscales que, a su juicio, generan desigualdad.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue especialmente gráfico: “¿Usted no aceptaría que le perdonaran el 35 % de su hipoteca?”. Recordó que esta quita supondrá 5.000 millones menos de deuda y un ahorro de 760 millones en intereses, sin necesidad de subir impuestos. “Me pueden llamar idiota, pero idiota sería decir que no”, ironizó, acusando al PP de incoherencia por haber criticado previamente los costes de la deuda.

Tras la votación, la resolución socialista fue la única aprobada, instando al Gobierno central a abordar con urgencia la reforma del sistema de financiación autonómica y a aprobar una ley de armonización fiscal.

Lengua azul y gestión de la crisis ganadera

El tercer bloque del pleno giró en torno a la crisis ganadera por la lengua azul, con 115 focos detectados en 5.300 explotaciones, un 2 % del total, especialmente en Toledo, Ciudad Real y Albacete.

Desde Vox, David Moreno acusó al consejero de haber actuado tarde pese a las alertas registradas desde marzo de 2024 en Canarias, cuando entraron corderos con la enfermedad desde Marruecos. “Ha tenido que superarse el centenar de explotaciones contagiadas para que ustedes declaren la emergencia sanitaria”, reprochó. Denunció que los ganaderos viven una “auténtica tragedia” y se sienten “abandonados”. Reclamó un plan de choque con refuerzo veterinario, vacunación gratuita sin límites territoriales y compensaciones económicas realistas.

El PP, a través de Santiago Lucas-Torres, reclamó un plan extraordinario de vacunación masiva, con distribución inmediata de dosis del serotipo 3 y otras variantes, y un sistema ágil de indemnizaciones. Denunció que en apenas cuatro años el sector ovino ha perdido un 23 % de ganaderos y que las pérdidas actuales son millonarias. “Un virus que se expande sin control y una administración que no ha estado a la altura”, acusó.

El PSOE, por medio de Ángel Tomás Godoy, defendió que se han dado ayudas directas, que se ha trabajado en el relevo generacional con 360 nuevas incorporaciones y 17 millones en ayudas, y que ya se ha declarado la emergencia sanitaria, como también ha hecho Andalucía, gobernada por el PP. Anunció además la compra de 700.000 dosis de la vacuna contra el serotipo 3. “Es falso que no se incentive la vacunación”, remarcó.

El consejero Julián Martínez Lizán acusó a PP y Vox de “mentir” y de cuestionar la profesionalidad de los veterinarios. Recordó que la eliminación de la obligatoriedad de vacunar fue impulsada por comunidades del PP en el Ministerio de Agricultura y tachó de “ridículo” a Vox por hablar de “ovejas marroquíes descontroladas”. “Reconozco errores, pero nunca miento. Pido respeto al trabajo de nuestros servicios veterinarios”, defendió.

La única resolución aprobada fue la del PSOE, que insta a iniciar de inmediato la adquisición de emergencia de vacunas para garantizar el suministro durante todo 2025.

Solidaridad con Mahle y convenio sanitario con Castilla y León

El pleno concluyó con dos asuntos de consenso.

Por un lado, las Cortes aprobaron una declaración institucional de apoyo a los 550 trabajadores de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) afectados por el ERE anunciado. Leída por el presidente de la Cámara, Pablo Bellido, la declaración subraya que la decisión supone “un duro golpe para la comarca y para la estabilidad del tejido productivo” y compromete a la Cámara a estar “vigilante” en el proceso de negociación.

Por otro, se validó sin debate el convenio sanitario con Castilla y León, apoyado por PSOE y PP y con la abstención de Vox. El acuerdo permitirá reforzar la atención especializada y de urgencias en el hospital de Talavera de la Reina, beneficiando a vecinos de Lanzahíta, Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Mombeltrán y Candeleda. También incluye colaboración en emergencias, transporte sanitario, investigación y uso compartido de la historia clínica electrónica.