El Govern ha anunciado este martes que los Mossos d'Esquadra se someterán a la mayor auditoría interna de su historia para evaluar su actuación durante los disturbios en las protestas independentistas y que por ahora se encuentran bajo supervisión los primeros quince casos de supuesta mala praxis.
El anuncio de esta auditoría interna, a dos días del inicio de la campaña de las generales del 10N, se produce cuando varios sectores del independentismo exigen la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, por la gestión policial de las protestas, aunque el presidente catalán, Quim Torra, mantiene "intacta" la confianza en todos sus consellers, según la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
En la línea de lo que exigió Torra el martes de la pasada semana, para que se depuraran responsabilidades en los Mossos si se detectaban excesos policiales, el Govern ha acordado en su reunión de hoy activar la mayor auditoría interna en la historia de la policía catalana, tanto por su alcance territorial, ya que afecta a toda Cataluña, como por su espacio temporal, de más de dos semanas.
Tras asistir al cónclave del Govern, Buch se ha reunido con el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y otros mandos policiales, con los que ha acordado que la auditoría se centrará en analizar aspectos como la toma de decisiones durante el dispositivo, la actuación de los agentes sobre el terreno y los recursos humanos y materiales de que dispusieron durante los disturbios.
El análisis sobre la intervención policial de los primeros días de protestas ha detectado hasta el momento quince actuaciones concretas sospechosas por parte de agentes de los Mossos, que son las que ahora están en fase de supervisión para comprobar si fueron desproporcionadas y se abre un expediente disciplinario.
Según han detallado a Efe fuentes policiales, algunas de estas actuaciones son la de un agente que retó a manifestantes exclamando por el altavoz de su furgoneta la frase "¡Venid, somos gente de paz!"; el atropello en Tarragona de un joven que se encontraba detrás de un contenedor que fue embestido por un vehículo de los Mossos; y la circulación de una furgoneta antidisturbios cerca del aeropuerto de Barcelona con manifestantes encaramados en el capó.
Las fuentes han precisado que esta auditoría no supone un ejercicio de castigo para los agentes, sino un espacio para buscar margen de mejora, que se llevará a cabo desde el rigor y no desde la urgencia.
Algunas de las actuaciones bajo sospecha pueden acabar en manos de la División de Asuntos Internos (DAI), para que abra un expediente disciplinario con capacidad sancionadora, y otras se podrían derivar a la División de Evaluación de Servicios (DAS) que, en los casos en los que se hayan respetado los protocolos de intervención, plantearía alternativas sobre una mejor manera de proceder.
Tras la puesta en marcha de esta auditoría, que en los próximos días podría incorporar más casos de supuesta mala praxis policial, Buch ha reiterado su "plena confianza" en la labor de los Mossos y en su "alta capacidad de autocrítica para seguir mejorando", ya que "se debe corregir lo que no se haya hecho bien".
Paralelamente, el Govern ha acordado solicitar al Parlament que cree una comisión de investigación sobre las protestas contra la condena a la cúpula del procés y las actuaciones policiales.
Desde ERC, el candidato a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha considerado "insuficientes" las explicaciones dadas por Buch y ha advertido de que "ha llegado el tiempo de las dimisiones", mientras que la CUP ha vuelto a reclamar el cese del conseller por la "violencia policial".
El Govern también se ha desmarcado de las afirmaciones de la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, destacando que los disturbios dan visibilidad al "conflicto catalán", y se ha reafirmado en el camino de la "reivindicación pacífica".
También ha criticado a la líder de la ANC el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que cree que este tipo de comentarios los hacen personas alejadas de "una verdadera democracia".
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha defendido la labor de la justicia y ha advertido de que en Cataluña una "exigua pero estrepitosa parte de la sociedad, conformada por ciudadanos cegados por la irracionalidad, está atacando de manera frontal la base" de la democracia.
