La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha indicado este jueves que un total de 1.309 mujeres víctimas de violencia de género han participado en los diferentes planes de empleo puestos en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha a lo largo de esta legislatura.
Así lo ha desvelado Franco durante el pleno de las Cortes regionales en respuesta a la pregunta formulada por la diputada del PP María Pilar Martínez relativa al acceso de las mujeres víctimas de violencia machista al nuevo plan de empleo.
La consejera ha destacado que ni una sola mujer que haya recibido maltrato se quedará sin respuesta por parte del Gobierno que preside Emiliano García-Page y ha afeado al PP que durante el mandato de María Dolores de Cospedal "redujeron las políticas de empleo a su mínima expresión y no pusieron ni un plan de empleo en marcha".
"Cero beneficiarias de planes de empleo con Cospedal, 1.309 con García-Page, cero mujeres orientadas en las oficina de empleo con el PP, 1.600 con el actual gobierno", ha señalado Franco, quien ha añadido que se han incorporado a estas oficinas 122 orientadores frente a los 160 que despidió Cospedal durante la pasada legislatura.
Sin embargo, Martínez ha afirmado que muchas mujeres que denuncian haber sido víctimas de maltrato no han accedido nunca al mercado laboral y tampoco pueden acceder a los planes de empleo, motivo por el que ha instado al Ejecutivo autonómico a adquirir el compromiso de que puedan participar en estos planes "sin tener que cumplir otros requisitos".
De otro lado, el diputado del PP Francisco Núñez ha preguntado sobre la plantilla del Hospital de Villarrobledo (Albacete) y ha señalado que el Gobierno regional no ha cumplido sus promesas y sigue derivando pacientes a Alcázar de San Juan o a Tomelloso (Ciudad Real).
Si bien, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha respondido al respecto que el trabajo en red en los hospitales de la región funciona desde que está gobernando García-Page en Castilla-La Mancha.
Además, la presidenta del grupo popular, Ana Guarinos, ha preguntado por el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid y el centro de salud de El Casar (Guadalajara).
En cuanto al primero, ha recordado que entró en vigor en 2015 y que, gracias a él, "se derribaron las fronteras sanitarias" y los ciudadanos de Guadalajara no tenían que recorrer cientos de kilómetros para realizarse pruebas, a lo que el consejero ha respondido que este se sigue utilizando, aunque menos que antes.
Respecto al centro de salud de El Casar, Guarinos ha dicho que los vecinos de este municipio han pedido, entre otras medidas, el refuerzo de pediatría y que se garantice la seguridad del personal sanitario, a lo que Fernández Sanz ha contestado que El Casar está contemplado dentro del mapa de mejoras del Gobierno regional que, además, se persona en todos los juicios por agresiones.
Por su parte, la parlamentaria 'popular' Carolina Agudo ha preguntado por la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Olalla (Toledo).
Ha subrayado que está pendiente desde hace diez años y ha indicado que mientras no se acometan las obras necesarias, el Ejecutivo autonómico será el responsable de los vertidos contaminantes que acaban en el río Tajo.
Sin embargo, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha indicado que esta infraestructura estaba prevista en la legislatura pasada, cuando el Gobierno de Cospedal paralizó -ha recordado- 157 depuradoras y Castilla-La Mancha perdió 68 millones euros.
García Élez ha explicado que el proyecto está "aprobado técnicamente", cuenta con todos los permisos necesarios y está pendiente de las expropiaciones que se están tramitando.
