Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la propuesta de resolución del PSOE para instar al Gobierno de España a modificar la ley de cadena alimentaria, así como la de Ciudadanos (Cs), que pide instar al Ejecutivo autonómico a la vigilancia en la transparencia de los precios del mercado agrícola.
La iniciativa del grupo socialista también plantea instar al Gobierno de España a la creación de una mesa de diálogo agraria para estudiar las medidas necesarias para garantizar el futuro del campo, así como al Ejecutivo autonómico a fortalecer el sector, orientando las políticas y los fondos públicos a los profesionales, los jóvenes y las mujeres.
De igual modo, la de la formación naranja también propone instar a todos los grupos parlamentarios a comprometerse en la defensa del mundo agrario, además de al Gobierno regional a desarrollar una política de apoyo a los cultivos tradicionales.
Por el contrario, la propuesta de resolución del PP que pedía destinar al sector primario los 135 millones de euros que el Ejecutivo central debe a la comunidad autónoma por la liquidación de IVA de 2017 ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención de Cs.
Durante su intervención en el pleno, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado la necesidad de trabajar "todos juntos" en la modificación de la ley de cadena alimentaria, con el fin de regular "márgenes suficientes para todos los eslabones".
Además, ha mostrado su sorpresa por que Ciudadanos y PP se hayan vuelto, ha dicho, "tan intervencionistas" y ha añadido que la propuesta de resolución del PP "no solo es intervencionista, sino contraria a la normativa europea".
Por su parte, la diputada del PSOE Joaquina Sáiz ha mostrado el apoyo del grupo socialista a las reivindicaciones del sector y ha explicado que el Ejecutivo autonómico está trabajando con el Gobierno de España por una PAC "justa" para Castilla-La Mancha y que cree instrumentos de mercado para que el sector pueda autorregularse.
En este punto, ha señalado que los agricultores son "eje fundamental" en la región, pero hay "demasiados productores vendiendo individualmente", por lo que ha abogado por el impulso de estructuras de comercialización "fuertes y con peso específico" para la defensa de los productos del campo.
También el parlamentario del PP Emilio Bravo ha considerado que el sector primario es "motor económico" en el medio rural y ha destacado la necesidad de que no haya recortes en la PAC y de que primen las ayudas directas, pero también que la comunidad autónoma "no esté en desventaja" respecto a otras en el pago básico y el pago verde.
Del mismo modo, Bravo ha defendido la propuesta de resolución del PP, pues incluye medidas que, según el parlamentario 'popular', han sido acordadas "unánimemente" por el sector, como destinar 20 millones de euros para compensar la subida de los costes de producción o seis para paliar el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).
De su lado, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha acusado al PSOE y al PP de no haber apoyado al campo en 40 años y ha dicho que una de las cosas que han fallado ha sido que no se ha cuidado "suficientemente" la cadena de intervención de precios.
Por ello, Cs ha planteado en su propuesta de resolución que éstos se vigilen para evitar que estén "controlados por cuatro compañías" y, aunque Ruiz se ha mostrado contrario al intervencionismo, ha considerado que "cuando el mercado está adulterado, el Estado debe velar" y que la única manera de hacerlo es con textos normativos.
