El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que el Ministerio no ha pagado aún a Castilla-La Mancha las ayudas a productores de frutos de cáscara correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.
Así ha respondido Martínez Arroyo a la pregunta que durante el pleno de las Cortes le ha formulado la parlamentaria del PP Lola Merino acerca de por qué el Ejecutivo autonómico eliminó las ayudas regionales a productores de frutos de cáscara y por qué la Junta no ha pagado aún las ayudas nacionales del Ministerio.
Merino ha asegurado que la Junta incluyó 1,2 millones de euros anuales para frutos de cáscara en sus presupuestos de 2016 y 2017 y se ha preguntado dónde está este dinero y por qué los presupuestos recogen partidas que luego no se ejecutan.
El consejero ha destacado que este tipo de cultivo ha incrementado su superficie lo que, a su modo de ver, "indica que es un cultivo con futuro".
Por ello, ha explicado que esos recursos regionales ya no están en vigor y se están utilizando para seguros agrarios y cuestiones relacionadas con la sanidad animal que, en su opinión, "fueron abandonadas por el PP".
También Martínez Arroyo se ha referido a la ayuda del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha a ganaderos que invierten en granjas de porcino en la región.
Respecto a las ayudas a jóvenes agricultores, ha destacado que de 1.218 expedientes, 37 (el 3 %) han invertido en granjas de porcino, con una ayuda total de 1,2 millones de euros; mientras que en mejora de explotaciones, de 2.220 expedientes, 50 (el 2,2 %), han invertido 7,7 millones de euros en granjas de porcino, con una ayuda pública de 4,3 millones.
Así ha respondido a la pregunta del portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, sobre qué cantidad de fondos ha destinado el Gobierno regional a financiar la ganadería intensiva en la presente legislatura, al tiempo que ha afirmado que se destinan millones de euros de dinero público "para que Incarlopsa y Mercadona engrosen sus beneficios privados a costa de convertir a Castilla-La Mancha en un estercolero".
En materia sanitaria, el diputado 'popular' Carlos Velázquez ha denunciado el incremento de derivaciones a la sanidad privada en el primer trimestre de 2018, respecto al último de 2017 y ha cifrado en 5.500 las pruebas diagnósticas que se han ido a la sanidad privada en ese periodo.
También ha preguntado por qué el Gobierno regional no recupera la carrera profesional para los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) como se está haciendo en otras comunidades autónomas.
Sobre este asunto, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, -que ha contestado a estas cuestiones debido a que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha participado en un acto en Sevilla- ha dicho que fue el PP el que eliminó la carrera profesional y ha dicho que el Ejecutivo autonómico no se opone a su reconocimiento, pero para todo el personal del Sescam, incluido el de gestión y servicios.
Respecto a las derivaciones, ha contestado que el servicio público de salud dispone de 270 camas de hospitales más que en la anterior legislatura y que en tres años ha aumentado un 92 % el numero de plazas ofertadas para formación de especialistas.
En cuanto a la pregunta de la diputada del PP Claudia Alonso sobre qué opina la Junta de que una persona opte a una plaza cuyo tribunal calificador lo conforman personas nombradas por la aspirante a la misma, Felpeto ha respondido que la persona a la que se refiere se ha presentado como funcionaria "legítimamente" a las oposiciones de Inspección.
Y en relación a la pregunta del parlamentario del PP Lorenzo Robisco sobre el riesgo de derrumbe de las naves del Fuerte de San Francisco, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha recordado que hay un convenio que está "judicializado" y que el Gobierno regional está pendiente de que el juzgado conteste al recurso de casación presentado.
