La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña como hipótesis que el Gobierno tiene en cuenta para contrarrestar la respuesta independentista a la sentencia del "procés", así como la desaceleración del empleo en septiembre, se han convertido este martes en dos argumentos que previsiblemente tendrán un importante tirón electoral.
El diario "El Mundo" ha abierto su edición de este martes con una información según la cual el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está dispuesto a activar la Ley de Seguridad en Cataluña si se producen alteraciones graves del orden público y notables perjuicios económicos al tejido empresarial.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado el plan; han dicho exactamente que el presidente contempla "todos los escenarios posibles", incluido el que se derivaría de la activación del artículo 155 de la Constitución.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto en valor "la responsabilidad" con la que el Gobierno sigue y seguirá los acontecimientos en Cataluña, de manera que estará listo para adoptar la decisión adecuada "en la forma oportuna y en el momento en que sea preciso".
Pero ha puntualizado el ministro que para ello tiene que estar clara la ruptura del ordenamiento jurídico en Cataluña.
La Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 con el apoyo del PP, del PSOE y de UPyD, y pese al rechazo de los grupos nacionalistas, permite al presidente del Gobierno, incluso estando en funciones, emitir un decreto que permita la coordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado ante hechos públicos de gravedad.
Sería un proceso de aplicación más sencilla que el que conlleva el artículo 155 de la Constitución, que conduciría a la intervención de competencias. Sánchez, con todo, no la descarta.
Lo ha repetido este martes durante una entrevista al "Heraldo de Aragón", aunque ha aportado un matiz: buscaría el consenso de los demás partidos.
Desarrollar el 155 necesitaría el aval del Senado, Cámara que al estar disuelta, como el Congreso, se ha reducido a la Diputación Permanente. Este órgano podría asumir el trámite.
Uno de los líderes políticos que con más énfasis ha demandado la puesta en marcha de ese artículo de la Constitución es el de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque su prioridad estos días ha girado a la moción de censura que su partido presentará en el Parlament de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
La formación "naranja" está buscando los apoyos que permitan que triunfe, en lo que el PSC es fundamental. Los socialistas catalanes han descartado el respaldo (se decantan por la abstención), y por ello, Rivera ha advertido a Sánchez de que si no la apoya, "es imposible que se recupere el diálogo".
Hasta tal punto es clave para el líder de Cs que salga la moción que, según sus palabras, su aprobación sería "el embrión de acuerdos" futuros para aplicar "la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y lo que haga falta".
Rivera ha abogado por no desentenderse de lo que sucede estos días en Cataluña, donde el movimiento independentista protagonizó ayer el segundo aniversario del referéndum inconstitucional con un llamamiento a la desobediencia masiva después de conocerse la sentencia.
Sobre este asunto, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que "algunos están deseando decir que vuelve ETA a Cataluña", lo que a su entender es una "banalización" del terrorismo. Con estas palabras se ha referido a las detenciones y a ciertos intereses por extender la sospecha de la violencia a todo el ámbito independentista.
"El terrorismo es una cosa muy seria", de modo que "cortar una carretera o hacer un acto de desobediencia puede ser objeto de una sanción civil, administrativa o penal, pero yo no lo llamaría terrorismo", ha explicado el dirigente de Podemos.
Se avecina una tensa espera de la sentencia del juicio del procés, que pudiera emitir el Tribunal Supremo a mediados de octubre.
Pero también se avecina preocupación económica, como ha puesto de manifiesto la evolución del empleo al cabo del pasado mes de septiembre. La creación de puestos de trabajo se ha enfriado en España, como ha reconocido la ministra del ramo, Magdalena Valerio.
Septiembre de 2019 ha registrado la subida de empleo más tímida desde septiembre de 2013, poco más de 3.200 empleados más en la Seguridad Social, y este dato deja agridulce el balance laboral del mes pasado a pesar de su otro gran dato a tener en cuenta: el incremento del paro fue el más bajo desde antes la crisis.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha recurrido a tales datos para recalcar que ya no sólo es la pérdida de vigor del mercado laboral lo que preocupa, sino también otros signos, y por ello ha hablado de "desaceleración" económica.
Entretanto, la Junta Electoral Central ha reproducido este martes uno de los escenarios más candentes del pasado proceso electoral, el del 28 de abril: ha dado dos días a Torra para que quite los lazos amarillos que sean visibles en los edificios institucionales.
