Los cuatro frentes de la ofensiva del abogado José Manuel Calvente contra Podemos

Calvente alega que no tuvieron tiempo para reunir más datos porque se vieron forzados a dejar el partido a principios de diciembre. "Lo denuncio para que el juzgado lo investigue", subraya el abogado, que basa sus explicaciones en los "rumores" que se comentaban entre los militantes del partido
Dina y el exabogado Calvente: los frentes judiciales de Podemos que cercan a Iglesias
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El exabogado de Podemos José Manuel Calvente logró la imputación del partido en la causa abierta por malversación y administración desleal tras exponer ante el juez cuatro frentes de ataque: la legalidad de contratos de la campaña electoral, las obras en la nueva sede de la formación, la gestión de la "Caja de Solidaridad" y los sueldos.

En su declaración de más de tres horas ante el juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, a la que ha tenido acceso EFE, Calvente reconoció en varias ocasiones que no cuenta con documentos que prueben de forma fehaciente los hechos que denuncia.

Pero destaca sus "sospechas" a partir de información a la que tuvieron acceso, en octubre o noviembre de 2019, él y Mónica Carmona, abogada que también fue despedida por Podemos.

Calvente alega que no tuvieron tiempo para reunir más datos porque se vieron forzados a dejar el partido a principios de diciembre. "Lo denuncio para que el juzgado lo investigue", subraya el abogado, que basa sus explicaciones en los "rumores" que se comentaban entre los militantes del partido.

El letrado presentó la denuncia contra Podemos tras ser despedido en 2019, acusado de supuesto acoso sexual y laboral a otra letrada del partido, Marta Flor -un caso que ha sido recientemente archivado-, y posteriormente se ratificó ante el juez el pasado 29 de julio.

Tras esa declaración, el juez imputó a Podemos y ha citado a declarar en noviembre, en calidad de investigados, a su secretario de Comunicación, Juanma del Olmo -estrecho colaborador de Pablo Iglesias y también director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia segunda del Gobierno-; al responsable de Finanzas, Daniel de Frutos; y a la gerente, Rocío Val.

Podemos ha cargado contra el juez por abrir una investigación "genérica e indeterminada" sustentada en "rumores" y sospechas de quien fuese responsable de Protección de Datos del partido, y que habría obtenido documentación "vulnerando" su deber de confidencialidad.

Y Pablo Iglesias salió en defensa de su partido al criticar que se intente asemejar a Podemos con "la corrupción del PP" cuando la formación morada tiene "una Caja de Solidaridad" con las donaciones de sus cargos, su financiación "ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito".

Calvente, por su parte, denuncia "una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre". "No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá", advertía después en las redes sociales tras señalar que "estamos presuntamente ante presuntos sinvergüenzas que habrían metido la mano presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y el de sus presuntos amigos".

"Podemos es una víctima y debería perseguir a estos presuntos canallas donde el 'líder' del partido no sería tan 'incompetente' como para no saber lo que estaba pasando en su partido, presuntamente claro", añadía.

LOS CONTRATOS PARA LAS ELECCIONES

Una de las cosas que Calvente pide al juez que investigue es si, como él teme -aunque no lo pueda afirmar "categóricamente"-, Podemos simuló cinco contratos con varias firmas, uno de ellos con la mercantil Neurona Comunidad S.L., del que, según su relato, se podría haber beneficiado el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, si bien ese extremo es un "rumor" del que admite no tener pruebas.

El exabogado de Podemos sostiene que ve "cosas raras" en el contrato con esa empresa constituida el 19 de marzo de 2019 -un mes antes de la campaña electoral- por dos socios mexicanos y que no tenía personal.

Le choca la fecha y la empresa porque lo normal, dice, es contratar con personas que tengan una estabilidad y que las empresas sean españolas. "Se contrata a una empresa para hacer cosas que están realizando trabajadores del propio partido", aseguró Calvente al juez.

Según su testimonio, es el exgerente de la formación quien le cuenta que se estaban facturando a esa empresa trabajos que hacían los asalariados del partido y quien le explica también que puede que esos contratos sean para pagar a personas que en su día dieron créditos al partido. "A él se lo explican personas de dentro, supongo que son confidenciales", dice.

Calvente atribuye toda la responsabilidad de las contrataciones durante la campaña electoral a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de la formación morada, aunque reconoce que él no ha podido ver esos contratos, que implicarían también a IU, como miembro de la coalición de Unidas Podemos.

Según explica, él comenzó a investigar las supuestas irregularidades con la abogada también despedida Mónica Carmona con el conocimiento de la responsable legal del partido, la ahora vicepresidenta del Congreso Gloria Elizo, a quien el exabogado menciona en varias ocasiones durante la declaración judicial.

También cita al marido de Elizo, Pablo Manuel Fernández, antes gerente del partido y ahora asesor en el Parlamento Europeo que, según él, afirmó: "Están metiendo las manos en la caja de Podemos y eso no lo podemos permitir".

LA "CAJA DE SOLIDARIDAD"

Al actual portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, el abogado Calvente le atribuye la responsabilidad sobre el dinero que entra y sale en la llamada "Caja de Solidaridad", creada en 2018 para administrar las donaciones de los cargos públicos y que, según "la rumorología" y los comentarios que él ha escuchado, "a nivel de militancia" se estarían administrando de forma opaca.

Y pone como ejemplo que de esa caja se podrían haber pagado 50.000 euros a #404 Comunicación Popular, una empresa gestionada por Christian Luis Navarro, asesor de la eurodiputada Idoia Villanueva y, según dice Calvente, "amigo" de Mayoral, aunque en su declaración reconoce que tampoco sabe si ese dinero se llegó a transferir.

"¿Le consta solo esta operación fraudulenta?", le pregunta el juez, a lo que él responde que sí, que solo esa. "Me constan otras cosas raras con otras cajas pero no puedo dar más datos", zanja.

Por otra parte, sostiene que todas las federaciones de Podemos estaban "obligadas" a contratar para la gestión de las nóminas a Kinema, la cooperativa fundada por Mayoral de la que fue vicepresidenta la actual gerente, Rocío Val.

LAS OBRAS EN LA NUEVA SEDE DE PODEMOS

Calvente también ve "cosas raras" en los contratos de obra de la nueva sede de Podemos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal: las obras se licitaron por 650.000 euros pero la adjudicación, poco más de una semana después, se publicó por 1,3 millones de euros.

El exabogado asegura que solicitó información al partido de por qué fue así pero no la obtuvo. Y denuncia, además, que las obras en la sede habían comenzado antes de que se adjudicase el contrato, unos hechos de los que responsabiliza a la gerente actual de Podemos, Rocío Val, y al tesorero, Daniel de Frutos, ambos citados a declarar por el juez en calidad de imputados al igual que Del Olmo.

"Todo el procedimiento de urgencia es una farsa", le replica al abogado de la formación.

LAS NÓMINAS "HINCHADAS"

Calvente explicó ante el juez que Rocío Val y Daniel de Frutos se subieron los salarios por encima de lo estipulado en el reglamento de Podemos, añadiendo complementos de coordinación -unos 200 euros al mes- y coordinación ejecutiva -sobre 400 euros- en 2019, cuando había malestar e incertidumbre en la plantilla ante la posibilidad de que una debacle electoral les dejase sin ingresos.

También cobraría ese sobresueldo la abogada Marta Flor, que se querelló contra él por acoso, porque, según su relato, "le prometieron una subida salarial" a cambio de que, en lugar de colaborar con Calvente, "se pasara a defender" a la dirección, "una trama delictiva de personas defendiéndose entre ellas", apostilla ante el juez.

A preguntas del fiscal, Calvente asume que no le consta que "nadie más" y, en concreto, ningún alto cargo, cobrase esos sobresueldos del partido, y reconoce además que la gerente tenía competencias "formales" para subir los salarios, aunque "no económicas", porque el presupuesto de ese año no se había aprobado.

Sin embargo, el abogado de Podemos muestra una nómina según la cual también él mismo cobraba ese complemento.

El abogado le preguntó si siente rencor hacia las personas a las que ha denunciado, pero él asegura que no y el juez no permitió que continuaran ese tipo de preguntas durante su declaración asegurando que "las circunstancias concurrentes están claras": Calvente fue expulsado del partido y éste le acusó de un delito de acoso sexual, que luego fue archivado.

"Lo único que me siento es decepcionado, como muchas personas que están decepcionadas en el partido, porque hemos luchado muchos por este partido"... y "determinadas personas se han creído que es su cortijo y que pueden hacer lo que quieran con él".

Entre la batería de diligencias que ha solicitado el juez se incluyen el contrato de las obras de la nueva sede de Podemos en Madrid; información de sueldos y facturas; documentación sobre los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 por parte de Neurona y las sociedades mercantiles en las que Juan Carlos Monedero figura como administrador.

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