El 19 de noviembre de 2019 quedará grabado en la historia judicial española. Ese día, la Audiencia de Sevilla sentenció que la antigua cúpula del Gobierno autonómico andaluz, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán al frente, ideó o permitió un sistema corrupto de ayudas a empresas durante una década.
Era la sentencia de la pieza principal del caso ERE y diseccionó en 1.821 páginas un sistema de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que funcionó entre 2000 y 2009 desde una "patente" y "palmaria ilegalidad" y que movilizó sin control alguno unos 680 millones de euros.
UN MAZAZO PARA EL PSOE ANDALUZ
El tribunal sevillano -tras un juicio de 152 sesiones- siguió casi al pie de la letra el criterio de la jueza Mercedes Alaya y la Fiscalía Anticorrupción y condenó a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados en la pieza política del caso ERE.
La sentencia supuso un mazazo para el PSOE andaluz cuyo impacto aún está por determinar. El expresidente José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación; su antecesor Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación por el segundo de los delitos.
Pero no solo ellos, también siete exconsejeros (Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías entre ellos), para un total de 19 ex altos cargos condenados a penas que suman 68 años de cárcel y 255 de inhabilitación.
Las defensas llevarán el caso al Supremo, pero las 1.821 páginas de esta sentencia suponen una severa censura al sistema "fraudulento" e "ilegal" ideado por la Junta para tramitar las ayudas para pagar la prejubilación de más de 6.000 trabajadores.
Porque, como recalca la Audiencia de Sevilla, gracias a ese sistema se enriquecieron empresas y personas que ni siquiera trabajaron en esas compañías.
Un sistema exento de cualquier fiscalización que permitía que fondos públicos fueran destinados a "fines ajenos al interés público" y del que los máximos responsables de la Junta eran conocedores.
MÁS DE 100 PIEZAS POR JUZGAR
La sentencia no es el final de la causa de los ERE, dado que quedan más de 100 piezas por juzgar y, de hecho, pocos días después el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, a instancias de Anticorrupción, abrió una nueva pieza para investigar si Chaves, siete condenados por el caso ERE y otros ex altos cargos prevaricaron y malversaron en 1999 al dar un préstamo de 5,8 millones a una empresa de Jaén.
Pero sí -salvo que el Supremo diga lo contrario- es una mancha tal vez indeleble en la carrera de Chaves y de Griñán, presidentes durante 23 años de la Junta de Andalucía y expresidentes ambos del PSOE, partido del que se dieron de baja tras su procesamiento en 2016.
Está por ver el impacto político de la sentencia para la sucesora de ambos, Susana Díaz, y para el resto del PSOE, zarandeado durante casi diez años por los vaivenes de esta investigación.
ERE vs GÜRTEL
El PP lo ha comparado directamente con la sentencia de Gürtel, que precipitó la moción censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno. De ahí que haya pedido al presidente del Gobierno y promotor de esa moción, Pedro Sánchez, que asuma su responsabilidad porque está inhabilitado para ser presidente.
Por contra, tanto el Ejecutivo como el PSOE han recalcado que ambos casos no son comparables, dado que el PP fue condenado por lucrarse de la trama Gürtel y el PSOE no ha sido acusado ni investigado en los ERE.
"No es un caso del PSOE, sino de antiguos cargos de la Junta", resumió el secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
La voz de Ábalos sirve de ejemplo de la distancia que ha tomado el PSOE respecto a sus antiguos presidentes, si bien desde el partido se ha defendido su honorabilidad y su honradez.
Como han hecho ellos mismos: "No hemos robado el dinero de los trabajadores parados", afirmó Chaves, quien calculó que el 90 por ciento de los 680 millones en los que Anticorrupción y el tribunal cuantificaron la malversación "lo están cobrando 6.400 desempleados".
"El dinero no está ni en Panamá ni en Suiza, ni en los bolsillos de Pepe y Manolo", dijo Susana Díaz en una entrevista días después de conocerse la sentencia que, por su dureza, ha dejado muy tocados a los socialistas andaluces.
Díaz se ha mostrado dispuesta a repetir como secretaria general del partido en Andalucía, pero sus críticos dentro de sus propias filas han visto en la sentencia del caso ERE una oportunidad para cuestionar su liderazgo.
Va en su contra el hecho de que, tras cuarenta años de gobiernos socialistas, rara es la semana en la que los actuales responsables de la Junta no hacen alguna denuncia sobre la gestión del equipo de gobierno anterior, entre las últimas, la aparición de tres cajas fuertes "ocultas" con documentación sobre supuestas ayudas ilegales a más empresas.
