El proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno está listo para aprobarse en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, tras el debate de las enmiendas en el que los grupos parlamentarios han puesto de manifiesto su intención de que el texto salga adelante por unanimidad.
La Comisión de Asuntos Generales ha dado el visto bueno a 36 de las 73 enmiendas que llegaban al debate, de las cuales 19 han sido aprobadas por unanimidad (3 del PP, 6 el PSOE y 10 de Podemos).
Las enmiendas del PP son las que han generado mayor rechazo, ya que no han recibido luz verde 34 de las 41 presentadas, de las cuales han decidido mantener vivas para el debate en pleno un total de 30 y retirar el resto.
Entre las cuatro enmiendas retiradas tras el debate en Comisión, destaca la que iba dirigida a que los diputados regionales, los diputados provinciales y los alcaldes y concejales de los municipios de más 5.000 habitantes también se les considerase alto cargo o asimilado.
El diputado de Podemos José García Molina no ha descartado apoyar alguna de las enmiendas que el PP mantiene vivas cuando se debatan en el pleno, mientras que el parlamentario del PSOE Miguel Ángel González ha opinado que las que han sido rechazadas tiene problemas "de forma" o "confrontan con la legislación básica".
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha asegurado que su grupo ha presentado estas propuestas "sin animosidad de beligerancia" y "buscando mejorar la ley".
Antes de la votación, Podemos también ha retirado dos de sus enmiendas y el PSOE, una; mientras que el resto, un total de 28 entre ambos grupos, han sido aprobadas.
La Comisión de Asuntos Generales también ha decidido que el proyecto de ley sea defendido en sesión plenaria por el parlamentario socialista Miguel Ángel González.
Entre las enmiendas que han sido aprobadas y se han incorporado al texto de la, ley destacan la presentada de manera conjunta por el PSOE y Podemos, rechazada por el PP, para que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha se ajuste a lo establecido por la legislación básica en materia de transparencia, así como a las obligaciones establecidas por esta ley, en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo.
Por unanimidad, entre otras, se ha aprobado la enmienda de Podemos que apuesta por que los ciudadanos de Castilla-La Mancha puedan solicitar a los sujetos a los que se refiere esta ley cualquier dato contable o movimiento determinado de sus cuentas, que tendrán que transmitir en el plazo de un mes.
Y también la propuesta planteada por la formación morada para que en el ámbito de aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta se incluyan los currículos profesionales y académicos completos.
De las enmiendas del PP rechazadas, destaca la encaminada a que se estableciera, en relación a la información sobre contratación pública, un registro de administradores o apoderados de las sociedades que se presenten a licitaciones.
El proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, entre otros aspectos, regula la actividad de los lobbies, amplía la condición de alto cargo a los asesores y fija sanciones que incluyen la posibilidad de cesar a altos cargos.
En el bloque de transparencia, la ley incorpora aspectos no incluidos a nivel estatal, entre ellos, la obligatoriedad de publicar las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de los altos cargos, los gastos en publicidad o la relación de vehículos oficiales.
