El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad, que incorpora un Plan personal de futuro y garantía residencial para los beneficiarios, actualmente unas 35.000 personas con discapacidad gravemente afectadas en la región.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, han informado en rueda de prensa sobre la aprobación de este proyecto de Ley pionero en España y que da respuesta a la "angustia" de muchos padres de personas con discapacidad sobre lo que pasará con sus hijos cuando ellos falten, máxime cuando la esperanza de vida ha aumentado.
El proyecto de Ley, que consta de 19 artículos reunidos en tres títulos, 2 disposiciones adicionales y 3 disposiciones finales, se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo confía en la unanimidad de todos los partidos porque es la ley "más social" de la comunidad autónoma.
Para este ejercicio 2018 el proyecto cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros para crear entidades de orientación y apoyo y plazas especializadas, según datos aportados por la consejera quien ha precisado que conllevará crear más de 400 plazas de este tipo y 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental.
En Castilla-La Mancha hay 140.823 personas con una discapacidad reconocida mayor del 33 por ciento, de las que 35.716 (el 25 por ciento) está gravemente afectada y son los destinatarios de esta nueva ley.
Para cada persona se hará un Plan de futuro, con el apoyo de unidades de orientación, agentes mediadores y una oficina regional de orientación (que dependerá de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha) y coordinado por la Consejería de Bienestar Social junto a la de Sanidad.
Además, el objetivo de apoyo residencial supondrá una "garantía" cuando estas personas con discapacidad gravemente afectada no cuenten con apoyos familiares.
En España no existe ninguna iniciativa similar y, de hecho, García-Page ha señalado que los derechos que protege esta Ley estarán en la futura reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y luchará para que se incluyan en la Constitución Española cuando se abra el debate sobre su revisión.
Algunos ejemplos de otras legislaciones nacionales que recogen esta protección están en Suecia (existe la figura del mediador personal), Irlanda (con su ley de toma de decisiones asistidas de 2015) o Canadá.
Además, el proyecto de Ley aprobado este martes por el Consejo de Gobierno es acorde con la Convención Internacional sobre las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que en su artículo 12 establece que estas personas tienen derechos al reconocimiento de su personalidad jurídica y, en este sentido, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en los demás aspectos de su vida.
El presidente de Castilla-La Mancha ha admitido que esta ley "es de los proyectos que puede justificar toda una vida política y que, desde luego, justifican toda una legislatura", una norma de la que pueden sentirse orgullosos los castellano-manchegos porque es un "avance cualitativo" en los derechos respecto a lo que supuso en su momento la Ley de la Dependencia.
Ha subrayado que una vez aprobada no habrá "excusas", como falta de plazas residenciales o limitación presupuestaria, para los beneficiarios de esta ley y ha recalcado que la Consejería de Bienestar Social está "perfectamente preparada" para atender las exigencias de esta nueva ley una vez se apruebe.
García-Page ha señalado que esta vanguardia legislativa también lo quiere aplicar su gobierno a las listas de espera sanitarias o al servicio de Atención Temprana.
