La ley de Evaluación Ambiental llegará al pleno de las Cortes de CLM sin votos en contra

Rechazadas las dos enmiendas del PP a la ley, que quedan vivas para debatirse en el pleno
En la imagen un instante de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha debatido las enmiendas a la ley de Evaluación Ambiental
photo_camera En la imagen un instante de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha debatido las enmiendas a la ley de Evaluación Ambiental

El proyecto de ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha llegará a su votación definitiva en el pleno de las Cortes sin ningún voto en contra, ya que el PSOE ha votado a favor y PP y Cs se han abstenido, si bien los 'populares' han mantenido vivas sus dos enmiendas parciales a esta norma.

Éste ha sido el resultado de la Comisión de Desarrollo Sostenible que se ha celebrado este miércoles en el parlamento regional, en la que los tres grupos parlamentarios han apoyado por unanimidad que el ponente de la ley en el pleno de las Cortes sea el socialista Francisco Pérez Torrecilla.

En concreto, las dos enmiendas parciales que se han debatido y rechazado en la Comisión -ambas presentadas por el PP- están relacionadas con los proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua que deben ser sometidos a evaluación ambiental ordinaria.

En este punto, el diputado del PP en las Cortes Juan Antonio Moreno ha defendido que sus enmiendas pretenden mejorar el proyecto de ley, pues ha planteado que, si se mantiene el texto como está redactado, se podría incurrir en causa de inconstitucionalidad por invansión competencial con el Estado.

Así, ha planteado que las cuencas hidrográficas que discurren por Castilla-La Mancha son todas ellas suprautonómicas y decidir sobre ellas "solo corresponde al órgano de la Administración general del Estado que en su caso corresponda", por lo que la comunidad autónoma no podría emitir dichos informes de evaluación ambiental ordinaria.

Moreno ha considerado que, en general, su grupo está a favor de este proyecto de ley, sobre todo si se tiene en cuenta que es una transposición de legislación nacional que se aprobó en 2013 -cuando el Gobierno central era del PP- pero ha advertido de que se podría incurrir en ese caso de inconstitucionalidad y por ello incluso ha planteado dejar sobre la mesa la ley y que el Consejo Consultivo o algún técnico autorizado emita un informe en el que despeje sus dudas.

Sin embargo, el diputado socialista Francisco Pérez Torrecilla -tras un receso de la comisión de más de media hora en el que los grupos han analizado esta propuesta- ha determinado que el Consejo Consultivo ya emitió un dictamen favorable a la norma y no son necesarias más consultas sobre la misma.

Asimismo, ha sostenido que Castilla-La Mancha no invade competencias del Estado en esta norma, porque aunque las cuencas hidrográficas sean estatales "no impide que Castilla-La Mancha pueda establecer normas de protección más exigentes que las previstas" y ha valorado el "impecable proceso de tramitación" de este proyecto de ley, ya que finalmente solo se han recibido dos enmiendas parciales.

Pérez Torrecilla ha señalado que el objetivo de esta ley es establecer la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.

Ello se pretende lograr mediante la integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos; el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables; el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente; y el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley.

Así, la norma propone que las multas puedan llegar los 2,4 millones de euros si la infracción es muy grave.

Por su parte, el presidente del grupo Ciudadanos en las Cortes, Alejandro Ruiz, ha considerado que "no hay mucho que alegar a la ley, porque es una mera transposición de una ley nacional", si bien ha cuestionado que dicha ley se aprobara en 2013 y el Gobierno regional la esté tramitando en 2020, un argumento que han rechazado los otros dos partidos, que han recordado que la ley nacional fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y no ha sido posible tramitarla en Castilla-La Mancha antes.

Ruiz ha pedido que la ley tenga partida presupuestaria para que se pueda investigar e inspeccionar las instalaciones industriales y ha señalado casos como el incendio del vertedero de neumáticos ilegal de Seseña, para pedir "ser mucho más duro con el infractor, con quien ataca el medio ambiente".

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