La Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha se aprobará previsiblemente en el pleno de las Cortes del próximo jueves y estipula un plazo de doce meses para la creación de una tasa de vertido, para favorecer que los residuos no vayan directamente al vertedero sino que se valoricen, y además fijará una fianza para las empresas que manejen residuos peligrosos.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha comparecido en rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos esta Ley de Economía Circular que esta semana se someterá a votación para su aprobación en las Cortes y situará a Castilla-La Mancha "en la vanguardia" y como referente en España en la gestión de residuos.
El consejero ha explicado que la ley prevé que a los doce meses de su entrada en vigor se pueda desarrollar la estrategia regional de economía circular que establecerá "los detalles en cuanto a líneas de actuación y sectores".
Contempla, ha continuado Escudero, la creación de una tasa de vertido para "intentar que los residuos no vayan directamente a los vertederos sino que se valoricen y formen parte del concepto de economía circular".
Se gravarán "los residuos peligrosos y no peligrosos para persuadir a las empresas" de que hagan un tratamiento de los residuos para que "tengan una vida más amplia y puedan ser utilizados como subproductos en siguientes fabricaciones", ha explicado.
Asimismo se estipula el depósito de una fianza para aquellas empresas que manejen residuos peligrosos.
Con esta ley, ha indicado el consejero, se da respuesta al compromiso adquirido por el presidente regional, así como se contribuye a la lucha contra el cambio climático, a la transición energética y a la protección del medio ambiente.
Se sientan las bases, ha añadido, para atraer empresas a la región y para potenciar a las que quieran invertir y apuesten por esta economía circular, ya que recoge incentivos para las empresas que así lo hagan.
Supone un firme compromiso de la región en la preservación del medio natural y en favor de un consumo más responsable y acorde a los límites que plantea el planeta, ha dicho Escudero, quien ha insistido en que es una ley "necesaria y obligatoria" para hacer frente a los retos de crisis ambiental y climática y contribuir a la solución.
La ley, ha subrayado, ha contado con una importante participación y ha sido refrendada "por la sociedad civil y las empresas" que, de hecho, ha comentado, están ya trabajando en un grupo específico de economía circular, coordinado desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, con la participación de representantes de asociaciones, cooperativas y empresas públicas y privadas.
Es una normativa, según Escudero, que "tiene todos los ingredientes para ser aprobada por los grupos políticos", y por último ha resaltado que se calcula que alrededor de 30.000 empleos verdes estarán ligados a la economía circular.
DOS ESPACIOS MÁS PARA LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS
Por otra parte, la red de espacios naturales de Castilla-La Mancha suma dos nuevos monumentos naturales, el Morrón de Villamayor, en Villamayor de Calatrava, y el Carbonífero de Puertollano, en el término municipal de dicha localidad, ambos en la provincia de Ciudad Real.
El Consejo de Gobierno ha aprobado en la reunión de este martes el inicio del procedimiento por el que se declararán protegidos estos dos nuevos espacios naturales de la región, ha informado el consejero de Desarrollo Sostenible.
De esta forma se va a asegurar la conservación y protección del conjunto de los valores naturales que se asocian a ambos espacios, según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
El Decreto de declaración establecerá el marco normativo preciso para otorgar una atención preferente a la conservación de los valores geológicos, ecológicos, estéticos, educativos y sobre todo por la importancia científica, en el ámbito de la paleontológica.
Escudero ha señalado que, en cuanto al monumento natural de Morrón de Villamayor, supone un hito en la evolución del vulcanismo en el Campo de Calatrava ya que posee una composición mineralógica única en el conjunto de la Península Ibérica, mientras que en el Carbonífero de Puertollano, como ha explicado, “se han encontrado importantes yacimientos de fósiles que serán muy útiles en el estudio de la evolución humana y que ahora serán protegidos”.
Desde el año 2015, la ampliación de la protección de los espacios naturales ha sido una de las premisas que se han tenido en cuenta en las políticas ambientales del Ejecutivo autonómico, ha dicho Escudero, quien ha recordado que en 2017 se protegieron el Estratotipo de Fuentelsaz (Guadalajara) y en junio de este año las Chorreras del Cabriel (Cuenca).
Así, la Red de Áreas Protegidas cuenta con 112 espacios y una superficie total de 581.000 hectáreas protegidas.
RETIRADA DE AMIANTO EN LA CIUDAD DE TOLEDO
Por último y de otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido la autorización judicial para proceder a la retirada de los restos de amianto acumulados en una finca de propiedad particular situada en el barrio toledano del Polígono.
El consejero de Desarrollo Sostenible ha explicado que, con fecha de 20 de noviembre, se ha recibido un auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Toledo.
En él se autoriza al Gobierno regional a llevar a cabo, de manera subsidiaria, los trabajos de retirada del amianto de la parcela propiedad de la familia Torrejón.
Esta semana, ha dicho, van a comunicar al juzgado el inicio de los trabajos de retirada o sellado, puesto que se dan 60 días de plazo para ello.
La Junta tiene un presupuesto de 265.000 euros para llevar a cabo dichos trabajos, aunque todavía no han entrado a la parcela para evaluar qué cantidad de amianto hay en ella.
El consejero ha destacado que hasta el momento la Junta lleva gastados casi 3,7 millones de euros en trabajos de retirada y sellado de amianto en terrenos del Polígono.
