La ley 'antifracking' impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha exige que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones.
Estas es una de las medidas con las que el Gobierno autonómico pretende impedir en la práctica que se acometan proyectos de fracking en la comunidad autónoma.
El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, consultado por Efe, publica este lunes el proyecto de ley y abre un plazo de presentación de enmiendas que concluirá a las 14:00 horas del día 27 de enero.
La ley también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial.
Este plan, según el texto, tendrá que aprobarse en el plazo máximo de dos años y está dirigido a "prevenir, gestionar y reducir los impactos y los riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de esta técnica en su territorio".
En su elaboración colaborarán "desde el principio la población afectada" e incluirá un informe de la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha.
La técnica del fracking, según recoge el proyecto de ley, consiste en inyectar grandes cantidades de fluido a alta presión en el subsuelo con el fin de fracturar hidráulicamente un estrato rocoso y así crear una permeabilidad artificial, que libere y permita el acceso a la superficie a hidrocarburos que se hallaban atrapados y diseminados en vetas de rocas profundas.
Por otra parte, la normativa establece que todo proyecto consistente en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos debe realizar una evaluación de riesgos del emplazamiento potencial.
También tiene que garantizar la integridad del pozo, así como su seguridad ambiental y sanitaria en todas las fases del proyecto y después de la clausura del pozo, de manera que impida fugas y derrames al suelo, al agua o al aire.
Del mismo modo, deben presentarse planes de gestión de riesgos y las medidas necesarias para prevenir o mitigar los impactos, así como medidas de respuesta.
Respecto a la utilización de sustancias químicas, deben especificarse las usadas y no se podrá recurrir, "en ningún caso", a sustancias con propiedades peligrosas de "elevado grado de preocupación".
En la exposición de motivos, se apunta que uno de los problemas ambientales y de salud pública que más preocupa es el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica.
Asimismo, según recoge la ley, los recursos hídricos también se ven afectados por la mayor demanda de agua que exige esta técnica y, en este sentido, se apunta que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con escasez de agua y que tiene altos valores naturales que proteger.
Así, el objetivo del texto es "establecer medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la técnica de la fractura hidráulica".
En Castilla-La Mancha, hay otorgados varios permisos de investigación que afectan a la comunidad en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.
