El Gobierno avisa con un requerimiento a Castilla y León por su protocolo de aborto

No descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales en caso de que el requerimiento no se efectúe de manera "íntegra e inmediata"
Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco en una imagen de archivo en el parlamento de Castilla y León
photo_camera Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco en una imagen de archivo en el parlamento de Castilla y León

El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León avisándole de que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y le advierte de su disposición a más acciones legales.

El Ejecutivo ha informado de este requerimiento en un comunicado ante los protocolos anunciados por la Junta de Castilla y León para evitar abortos.

Afirma el Gobierno que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.

De la misma forma, recalca que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del estado ni por parte de administración pública alguna.

Ante esta situación, informa de que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León en el que se solicita que «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Cita en concreto la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo, y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre interrupción voluntaria del embarazo.

Añade que, «en caso de haber sido esta ya adoptada, cese de inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer que ha decidido abortar o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».

También exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.

Además, insta a comunicar de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido «íntegra e inmediatamente» por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales a la vista de que las medidas anunciadas asegura que pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

Explica el Ejecutivo que esas nuevas acciones se pondrán en marcha dado que la aplicación de las medidas anunciadas podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esas comunidad.

El Gobierno ha reaccionado de esta forma ante los cambios en el protocolo de Castilla y León en materia de abortos que implican que los ginecólogos deriven directamente a salud mental a las mujeres embarazadas que se planteen interrumpir su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa de la gestación, a la cartera de servicios.

Unos cambios avanzados por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que posteriormente fue corregido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, quien recalcó la voluntariedad de estas medidas y negó además que su objetivo fuera antiabortista.

Ante los nuevos protocolos, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya adelantó el viernes que su partido ejercería acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido este domingo que el Gobierno "no dudará en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres" después de que la Junta de Castilla y León anunciara un paquete de medidas "provida" que han sido censuradas por el Gobierno central mediante un requerimiento.

En un mensaje escrito en su cuenta de Twitter, la ministra ha explicado que el Gobierno de coalición ha realizado un requerimiento a la Junta "para defender el derecho al aborto" reivindicando un "aborto seguro, libre y gratuito para todas".

De su lado, a través de un mensaje también en su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado de "intolerable" este requerimiento que el Ejecutivo central ha enviado a la Junta, lo que a su juicio es un "ataque" al Gobierno autonómico basado "en mentiras" con la "intención de generar alarma social".

Así, el máximo responsable autonómico insiste en que no se ha aprobado acuerdo "alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios".

"El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del "Solo sí es sí" que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales", prosigue el mensaje.

En este sentido, Mañueco ha señalado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, conoce desde el viernes, "a través de una carta del consejero", que no se ha tomado "ningún acuerdo que vulnere derecho alguno" por lo que considera "intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social".

La Junta de Castilla y León ha asegurado que no descarta implementar "acciones judiciales" ante los requerimientos del Gobierno central a una Comunidad Autónoma, que los califica de "vulneradores de su autonomía y sus competencias", y advierte que velará "por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias".

En un comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre "sobre tres premisas". "En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios".

En este sentido, el Ejecutivo autonómico "garantizará la libertad y voluntariedad" para las mujeres embarazadas que lo requieran y, "por supuesto", se asegurará la aplicación bajo el "estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas", como recuerda, ya explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra Carolina Darias a través de una carta enviada el pasado viernes.

"Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo", incide, por lo que lamenta "la falta de diálogo" del Gobierno de España con esta comunidad "leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley".

Al hilo de estas palabras, la Junta advierte de que utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente". "La Junta velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias", ha ahondado.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico señala que "estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad".

Por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará este lunes la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial donde solicitará al Gobierno de España "abstenerse" de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma "vulneradores de su autonomía y sus competencias", recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, "al simple amparo de noticias en medios de comunicación". "Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", apostilla.

Además, ha recordado que la Comunidad tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca "mejoras" en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas "y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario".

También ha hecho hincapié en que las obligaciones de colaboración interadministrativa "están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, por lo que ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias".

"En caso de que con esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que mañana pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico", añade.

Además, la Junta estudiará si es necesario ejercer "otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".

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