El Gobierno envía a las Cortes la Ley de Memoria sin poder contar con el PP

El texto consta de 65 artículos agrupados en cinco títulos que se estructuran en torno al protagonismo y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
photo_camera La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

El Gobierno ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica, para cuya tramitación parlamentaria no podrá contar con el PP, pese a que el Ejecutivo insiste en que solo quiere reconocer y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

La primera iniciativa legislativa que presenta el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pretende situar a esas víctimas en el centro de las políticas de memoria, busca su reparación y la verdad y también equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras, como Alemania.

Falta que el Gobierno recabe los apoyos parlamentarios para sacarla adelante, de momento con algunas críticas desde la izquierda por verla "insuficiente" y sin las fuerzas de la derecha, ya que el PP ha anunciado que la derogará cuando gobierne y Vox anticipa recurso al Tribunal Constitucional.

Pese a ello, Bolaños ha aseverado al presentar el resultado de diez meses de retoques sobre el anteproyecto de septiembre de 2020, que "nadie puede estar en contra" del homenaje que supone a las víctimas del franquismo y a que los familiares recuperen por fin los restos de su allegados desaparecidos.

Así, el "deber de memoria" figura en el frontispicio de la nueva legislación, con el fin último de "no repetir" los hechos que dieron lugar a la contienda civil y la posterior dictadura, al igual que un amplio catálogo de medidas sustentadas en los principios genéricos de "verdad, justicia y reparación" de las políticas de memoria.

Las principales actuaciones del proyecto aprobado por el Gobierno, son las siguientes:

RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS 

- La ley hace un novedoso reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, y expone una definición que comprende no solo a los que murieron, fueron heridos o desparecieron en España, sino también a los que tuvieron que exiliarse y a los que sufrieron reclusión en los campos de concentración nazis.

- También se les reconoce, al igual que sus familias y a la sociedad, el derecho "a la verdad" para la "verificación de los hechos y la revelación pública y completa" de las violaciones de derechos humanos en la guerra y la dictadura.

LOCALIZACIÓN DE DESAPARECIDOS 

- Se determina que la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo corresponderá a la Administración General del Estado, una tarea que se regula reglamentariamente y de forma transparente y que se regirá siempre por el principio de colaboración entre todas las Administraciones Públicas.

- Se habilita el mapa de localización de fosas y se determinan los procedimientos y protocolos para iniciar la búsqueda de los restos y las labores de exhumación e identificación.

- También se crea un registro de víctimas y un censo de fallecidos durante el período histórico que abarca la norma.

NULIDAD DE LAS SENTENCIAS DEL FRANQUISMO 

- Se declara el carácter nulo de pleno derecho de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, por parte de tribunales de orden público, consejos de guerra y los dedicados a perseguir la masonería y el comunismo. 

- A partir de esta nulidad, se reconoce el derecho de los herederos a obtener una declaración explícita de reparación y reconocimiento personal por la que quedan anuladas las sentencias.

DÍAS OFICIALES PARA EL RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS 

- La nueva norma fija dos fechas oficiales para recordar a las víctimas del franquismo: El 31 de octubre para rendir homenaje a las víctimas "del golpe militar, la Guerra y la Dictadura" y el 8 de mayo para recordar a quienes sufrieron exilio fuera de España.

POLÍTICAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

- Se establece la obligación de adoptar medidas en el ámbito de la memoria democrática, con reconocimiento a las mujeres, y mediante planes de Memoria cuatrienales. También se crea un Consejo Territorial de Memoria Democrática para favorecer la cooperación entre administraciones.

LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

- Se declararán "lugares de memoria democrática" aquellos enclaves donde tuvieron lugar hechos de especial relevancia histórica vinculados a la memoria democrática y a la lucha por los derechos y libertades de los españoles. Habrá un inventario de estos lugares y gozarán de protección legal.

VALLE DE LOS CAÍDOS 

- Se prevé su "resignificación" para investigar su pasado, difundir su historia y fortalecer así los valores constitucionales y democráticos. Los enterramientos en las criptas tendrán carácter de cementerio civil. Se reubicarán los restos que ocupen un lugar preeminente, como los de José Antonio Primo de Rivera.

- Se extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, gestionada desde 1957 por la orden benedictina, y se establecerá un nuevo marco jurídico para su futuro funcionamiento y régimen de prioridad que amparará el proyecto mediante el cual se concretará esa "resignificación".

PANTEÓN DE ESPAÑA 

- Se modifica el "Panteón de Hombres Ilustres" por un Panteón de España donde recordar a los principales representantes de la historia de la democracia y quienes hayan destacado por sus excepcionales servicios a España.

RECONOCIMIENTO AL MOVIMIENTO MEMORIALISTA 

- Se reconoce la labor de las asociaciones y entidades memorialistas por su defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Se crea el Consejo de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo que dará voz a estas agrupaciones memorialistas. Habrá un registro de entidades.

RÉGIMEN SANCIONADOR 

- Se establece un régimen sancionador del que carecía la vigente Ley de Memoria Histórica, con multas desde 200 euros a un máximo de 150.000 euros para las infracciones más graves. 

- Se considerará como tales el traslado no autorizado de restos de víctimas, la destrucción de fosas comunes o de lugares declarados de Memoria Democrática, la no adopción de medidas para impedir actos públicos de exaltación del franquismo o la convocatoria de actos o campañas de difusión contraria a la normativa sobre memoria democrática que inciten a la exaltación de la Guerra o la Dictadura.

DISOLUCIÓN DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES FRANQUISTAS

- Se podrán disolver aquellas asociaciones en cuya actividad figure la realización pública de apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, considerando el menosprecio o humillación a las víctimas.

- La exaltación de la dictadura se entiende como una clara ofensa a los represaliados del franquismo.

CREACIÓN DE UN REGISTRO DE ADN 

- Para favorecer la identificación de los restos de las víctimas de la represión franquista aún enterrados en fosas comunes se creará un banco de ADN en el que se registrarán muestras biológicas de sus familiares y descendientes.

FISCAL DE SALA EN EL TRIBUNAL SUPREMO 

- El fiscal general del Estado nombrará un fiscal de Sala en el Tribunal Supremo al que podrán dirigirse las denuncias de familiares de víctimas y quien se encargará de investigar los crímenes del franquismo.

RETIRADA DE SÍMBOLOS CONTRARIOS A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA 

- La nueva norma avanza en la retirada de símbolos del franquismo ya acometida en la Ley de Memoria Histórica de 2007, con una definición de los elementos que sigan ubicados en edificios públicos. No será de aplicación la ley para los recintos "de estricto recuerdo privado" pero sí cuando, siendo lugares privados, tengan un uso público. Se excluirán, en todo caso, los que guarden un "singular valor artístico" o constituyan elementos fundamentales de la estructura del inmueble del que formen parte.

- Habrá un catálogo de vestigios y elementos donde se establezca cuáles deberán ser retirados.

PROHIBICIÓN DE ACTOS PÚBLICOS DE EXALTACIÓN FRANQUISTA 

- No se podrán celebrar actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar.

RETIRADA DE MEDALLAS, HONORES Y DISTINCIONES 

- Podrán ser retiradas aquellas medallas y reconocimientos a aquellas personas de las que quede acreditado que hubieran mantenido conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de la protección de los derechos humanos.

- También se suprimen aquellos títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen exaltación de la Guerra Civil y el franquismo.

DIVULGACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

- El fomento de los valores democráticos y de convivencia orientará las actuaciones del Estado en materia democrática, como la incorporación a los contenidos curriculares para la ESO, Bachillerato y FP de contenidos para el conocimiento de la historia y la lucha por esos valores y libertades democráticas.

- También se tendrán en cuenta estos conocimientos para todos los procesos de selección en el acceso a la Función Pública.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS

- Se consolida mediante ley el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, al tiempo que se fomentará la adquisición y protección de archivos sobre la guerra y la dictadura, garantizando además el acceso a fondos documentales en archivos públicos o privados, en este caso sostenidos con fondos públicos.

NACIONALIDAD PARA HIJOS DE MUJERES EXILIADAS 

- Se podrá conceder la nacionalidad española a los hijos de mujeres que se tuvieron que exiliar y se casaron con extranjeros para evitar la discriminación que suponía restringir este beneficio solo a los vástagos de los hombres exiliados.

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