El TC declara inconstitucional el 'cerrojazo' del Congreso de los Diputados

- El presidente del tribunal, de perfil conservador, ha escrito un voto particular contra la sentencia del Pleno.

- Batet acata la sentencia pero recalca que el Congreso no cerró y que el acuerdo anulado sólo funcionó 18 días

En la imagen de archivo la sede del Tribunal Constitucional en la ciudad de Madrid
photo_camera En la imagen de archivo la sede del Tribunal Constitucional en la ciudad de Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha concluido este martes que la decisión de la Mesa del Congreso --con los votos de PSOE y Unidas Podemos-- de dar 'cerrojazo' y 'parar el reloj' de la Cámara Baja fue inconstitucional.

El tribunal de garantías, con seis votos a favor y cuatro en contra, ha estimado el recurso de amparo interpuesto por Vox y ha declarado que ha sido "vulnerado" el derecho fundamental de participación política de los diputados, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

En este sentido, según ha informado el TC en una nota informativa recogida por Europa Press, el tribunal ha acordado dictar la nulidad del primero de los acuerdos de la Mesa del Congreso, de 19 de marzo de 2020, por el que se 'congelaban' los plazos parlamentarios, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.

El Pleno también ha declarado la nulidad del Acuerdo de la Mesa del Congreso, de 21 de abril de 2020, que desestimó la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario de Vox contra el acuerdo de marzo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, considera que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados.

Así, el tribunal considera que la decisión de la Mesa de cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes ha lesionado el derecho de participación política de los diputados.

VOTO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

La resolución, de la que hasta ahora solo se conoce el fallo, cuenta con los votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y del presidente del tribunal Juan José González Rivas.

En esta ocasión, González Rivas --de perfil conservador-- se ha alineado con el criterio de los magistrados progresistas del tribunal en contra de la ponencia que finalmente ha sido respaldada por la mayoría del Pleno.

El pasado julio, el presidente del TC también votó en el mismo sentido que estos magistrados progresistas y se mostró en contra de la sentencia por la que se declaró inconstitucional el primer estado de alarma.

En aquella ocasión, González Rivas presentó su voto particular para defender que las medidas que limitaron la libertad de circulación fueron constitucionalmente admisibles, ya que, a su juicio, "no suprimían el ejercicio del derecho y eran proporcionales en la consecución del objetivo público que las justifica".

IMPORTANCIA DEL CASO

En junio de 2020, en la resolución por la que se admitió a trámite el recurso de Vox contra la decisión de la Mesa del Congreso, el tribunal de garantías que en este caso concurría una especial trascendencia constitucional porque planteaba un problema y afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano.

Asimismo, apuntó que la impugnación planteada por Vox trascendía del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante y generaba repercusión social o económica y porque podía tener unas consecuencias políticas generales.

EL CONGRSO NO CERRÓ

Tras conocerse la decisión, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado su "absoluto respeto" por la sentencia del Tribunal Constitucional, pero ha querido dejar claro que el Congreso nunca llegó a cerrar y que el acuerdo ahora anulado sólo estuvo vigente 18 días laborables.

En un comunicado hecho público tras conocerse el fallo, la Presidencia del Congreso ha querido manifestar "el absoluto respeto y acatamiento de la sentencia", aunque ha querido añadir algunos comentarios.

En primer lugar, ha remarcado que el acuerdo recurrido, adoptado por la Mesa del Congreso el 19 de marzo de 2020 para suspender el cómputo de los plazos de enmiendas, de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos, y toda

HASTA EL TC TOMÓ MEDIDAS SIMILARES

Batet recuerda que esas decisiones se adoptaron después de que Vox pidiera suspender el pleno de marzo por un positivo en sus filas y unos días después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, tomaran decisiones similares.

"La finalidad de todas esas decisiones fue mantener las funciones constitucionales del Congreso de los Diputados que, a diferencia de otras Cámaras legislativas, siguió reuniéndose sin que se produjera la interrupción de su funcionamiento ni, en concreto, la suspensión de ninguna otra sesión plenaria", sostiene.

Además, remarca que ese acuerdo ahora anulado sólo tuvo eficacia durante 18 días hábiles, pues el día 13 de abril se dio por superado, y en todo caso la medida estaba circunscrita en el ámbito parlamentario a los plazos aplicables a la presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas y al cómputo de los relativos a las iniciativas de control escrito.

EL CONTROL PARLAMENTARIO NO SE SUSPENDIÓ

De hecho, el Congreso siguió celebrando sesiones plenarias, en dos ocasiones en el mes de marzo con sendas comparecencias del presidente del Gobierno, en cuatro sesiones plenarias en cada uno de los meses de abril y mayo, en nueve sesiones en junio y en seis en el mes de julio. Además, las diferentes comisiones se reunieron hasta en ochenta ocasiones en ese período de sesiones, resultando especialmente relevantes las dieciséis sesiones de la Comisión de Sanidad y Consumo.

"En definitiva, la Cámara continuó tramitando todas las iniciativas parlamentarias, con especial atención a las relacionadas con la declaración y prórroga del estado de alarma, las comparecencias del Gobierno y la convalidación de Reales Decretos-leyes, así como el mantenimiento del control parlamentario, que nunca fue suspendido, respondiéndose en ese período de dieciocho días hábiles a más de mil preguntas de los diputados", subraya.

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