viernes 14/8/20

La Fiscalía pide al Supremo que revise el "tercer grado encubierto" a los presos del procés

Por otra parte, la juez desoye a la Fiscalía y avala el 100.2 de Junqueras, Rull y Turull, con lo que todas las salidas laborales de los presos del procés acordadas por la Generalitat cuentan ya con permiso judicial
En la imagen los líderes independentistas en el banquillo durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo
En la imagen los líderes independentistas en el banquillo durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que se declare competente para revisar la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario a los líderes independentistas condenados, que les permite disfrutar de un régimen de semilibertad, porque lo consideran "un tercer grado encubierto".

El alto tribunal solicitó al Ministerio Público que se pronunciara sobre la decisión del magistrado del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Lleida que envió al Supremo el recurso de la Fiscalía contra la concesión del 100.2 a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, por considerarlo competente para resolverlo en vez de la Audiencia de Tarragona.

En el informe remitido a la Sala de lo Penal, los fiscales del procés señalan que la semilibertad que permite el 100.2 "se asemeja a la concesión a todos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de la aplicación de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesión del tercer grado".

"En la medida en que la concesión de un tercer grado sería revisable en apelación por el tribunal sentenciador, entendemos que procede en este supuesto que la Sala Segunda, en su condición de tribunal sentenciador, y dada la función de unificación en la aplicación de las leyes que le corresponde como órgano supremo de la justicia ordinaria, conozca de la decisión de apelación", añaden.

Se da la circunstancia de que la posición de la Fiscalía del Supremo es contraria a la Fiscalía de Cataluña que siempre ha dirigido los recursos contra la flexibilización del régimen penitenciario de los líderes independentistas en prisión explícitamente a la Audiencia Provincial, como así hizo en este mismo caso de Forcadell respecto de la Audiencia de Tarragona.

Es por ello, que los fiscales piden el Supremo que "fije doctrina unificadora" porque "en la práctica resulta que hay juzgados de vigilancia penitenciaria que remiten las apelaciones contra la resolución del artículo 100.2 Reglamento Penitenciario a la Audiencia Provincial del Centro Penitenciario donde cumple el interno condena y otros al juzgado o tribunal sentenciador".

Además, creen que la decisión "puede afectar a internos de esta misma causa", por lo que "el examen competencial no puede ir desligado" de la aplicación del 100.2 "a otros copenados".

Los fiscales explican que si el Supremo se declara competente "la naturaleza de la materia no permite la ejecutividad inmediata" sino que la decisión de aplicar el 100.2 a los presos "deberá hasta su firmeza quedar en suspenso siempre que se hallare cumpliendo una pena superior a cinco años y suponga la excarcelación del penado", condiciones que cumplen los líderes independentistas.

Precisamente este martes, una juez ha avalado la aplicación del 100.2 al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, con lo que los nueve presos del procés cuentan ya con la autorización del juzgado de vigilancia penitenciaria para realizar las salidas laborales acordadas por la Generalitat.

De hecho, los fiscales se hacen eco de que "a los pocos meses de la firmeza de la sentencia" y "pocos días después de ser clasificados en segundo grado, a todos ellos, sin excepción, se les ha aplicado el 100.2 por la Administración penitenciaria catalana".

Y subrayan que "los programas de tratamiento que amparan inicialmente la adopción de esas medidas son, cuando menos, llamativos".

"Para cuidar a su madre (Forcadell), por igual razón y por tomar vacaciones la cuidadora, pese a existir otros familiares (Bassa); para trabajar en su propia empresa (Cuixart); para impartir clases en una Universidad (Junqueras), para trabajar (Forn, Rull y Turull, con salida de 12 horas de lunes a viernes); para labores de voluntariado y trabajo (Romeva y Sánchez)", explican.

A juicio de los fiscales, la reinserción no pasa por cuidar a familiares, acudir a voluntariado, llevar la anterior vida laboral o difundir en clase las propias ideas sino que "los programas de reinserción en tales casos serían aquellos tendentes a inculcar el respeto a la Constitución y a las leyes, como principio básico e inderogable de un estado democrático y de derecho".

LA JUEZ DESOYE A LA FISCALÍA

Por otra parte, la juez ha rechazado el recurso de la Fiscalía y ha avalado la aplicación del artículo 100.2 al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, con lo que todas las salidas laborales de los presos del procés acordadas por la Generalitat cuentan ya con permiso judicial.

El aval a las salidas laborales de Junqueras, Rull y Turull, acordado por la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, se produce una vez la cárceles donde cumplen pena los nueve presos del procés han propuesto a la Generalitat que conceda a todos ellos el tercer grado, un régimen de semi-libertad en que ya no es necesario el 100.2 para salir de prisión para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar a familiares dependientes.

En el caso de Junqueras, la juez desestima la pretensión de la Fiscalía de que para optar a las salidas previstas por el artículo 100.2 se someta a un programa para interiorizar que las leyes hay que cumplirlas, puesto que considera que el exvicepresidente catalán "ya es consciente de ello" y que ahora reconoce que "las cosas deberían haberse hecho de otra manera" y que su conducta originó consecuencias que no eran "deseadas".

En sus autos sobre Junqueras, Rull y Turull, que se pueden recurrir ante la Audiencia de Barcelona, la juez insiste en que los tres presos cumplen los requisitos para que se les aplique el artículo 100.2 para flexibilizar el segundo grado en que fueron clasificados inicialmente, y advierte de que la Fiscalía "parece olvidar" que no se puede pretender que una condena penal obstaculice o impida la concesión de permisos, beneficios penitenciarios o modificaciones de la clasificación.

En este sentido, afea a la Fiscalía que pretenda lograr, con su "oposición férrea" a cualquier permiso o flexibilización para los presos del procés, lo que no obtuvo con la sentencia del Supremo, ya que el alto tribunal rechazó su pretensión de que no pudiesen optar al tercer grado hasta la mitad de la condena.

Como en sus anteriores resoluciones avalando el 100.2 a otros presos del procés encarcelados en el centro barcelonés de Lledoners, la magistrada rechaza la pretensión de la Fiscalía de que los internos deban seguir un programa específico sobre el delito de sedición para cambiar su pensamiento o ideología política, a favor del derecho a decidir de Cataluña de forma pacífica y no violenta, para evitar el riesgo de reincidencia.

"Tales pensamientos y voluntades del interno son legítimos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que los mismos forman parte del programa de diversos partidos políticos activos en Cataluña, y ni tales partidos ni sus programas electorales han sido declarados inconstitucionales, ni por ley ni por resolución judicial", remarca.

Sobre Turull, la juez concluye que el exconseller de Presidència es "sensible" a las "consecuencias negativas de su conducta" y asume la responsabilidad de sus acciones y da por cerrada su etapa en la política, observándose en su caso un "importante efecto intimidatorio de la pena", ya que en su estancia en prisión se ha dado cuenta de que "sus convicciones personales son firmes pero que probablemente hay otras vías para conseguir los fines pretendidos".

En la misma línea, la juez apunta que el exconseller de Territorio Josep Rull también reconoce que, si bien no cambiaría sus convicciones, sí que buscaría otras vías o mecanismos para conseguirlo, ya que es "sensible" a las consecuencias "negativas" de su conducta y asume la responsabilidad de sus acciones.

Mientras se mantenga en aplicación el artículo 100.2 para los presos del procés, la juez insta a la cárcel de Lledoners a remitirle semanalmente un informe sobre la evolución de Junqueras, Rull y Turull en sus salidas laborales para constatar que se mantienen bajos los riesgos de reincidencia y de quebrantamiento de condena.

Tras obtenerlo Junqueras, Rull y Turull, los nueve presos del procés cuentan ya con la autorización del juzgado de vigilancia penitenciaria a la decisión de la Generalitat de aplicarles el 100.2, si bien la Fiscalía lo ha recurrido ya en varios casos ante las respectivas audiencias provinciales, aunque en el caso de Carme Forcadell un juez de Lleida lo ha remitido al Tribunal Supremo.

A diferencia del caso de Forcadell, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 5 de Cataluña recuerda en su escrito que un eventual recurso de la Fiscalía a su decisión recaería ante la Audiencia de Barcelona y no en el Supremo, ya que no se trata de una resolución sobre la clasificación el interno -que correspondería dirimir a tribunal sentenciador-, sino sobre régimen penitenciario -que recae en la audiencia provincial-.

En cualquier caso, la aplicación del artículo 100.2 a los nueve presos del procés, que flexibiliza su segundo grado, podría decaer en las próximas semanas si la secretaría de Medidas Penales, dependiente de la consellería de Justicia, da su visto-bueno a la propuesta unánime de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas en las que cumplen pena para que todos ellos pasen al tercer grado, por el que únicamente irían a dormir a prisión los días laborales.

Más información en vídeos 
Comentarios