La Fiscalía de Castilla-La Mancha resolvió 1.300 asuntos de medidas covid desde el 2020

El fiscal superior cree que no hay datos para la alarma en la región por la ocupación ilegal de viviendas y el fenómeno de los pinchazos para la sumisión química
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha comparecido en las Cortes regionales para informar sobre la Memoria de la Fiscalía regional correspondiente al ejercicio 2021
photo_camera El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha comparecido en las Cortes regionales para informar sobre la Memoria de la Fiscalía regional correspondiente al ejercicio 2021

La Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha ha despachado unos 1.300 asuntos como consecuencia de las reformas para la ratificación de medidas sanitarias covid desde 2020 que requerían que fueran resueltos en un máximo de 72 horas y pese a que supuso "cierta sobrecarga de trabajo", los dictámenes eran emitidos en las 8 o 10 primeras horas.

Así lo ha señalado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales para informar sobre la Memoria de la Fiscalía regional correspondiente al ejercicio 2021.

Fernández ha indicado que como consecuencia de la pandemia hubo una "paralización o ralentización" durante los años 2020 y 2021, por lo que todas las cifras bajaron, de manera que descendieron el número de procedimientos incoados, las calificaciones, los juicios y sentencias, salvo en algunas figuras delictivas concretas como la violencia de género.

Una vez superada en términos generales la pandemia, ha aseverado que la actividad de los órganos jurisdiccionales y de las fiscalías se ha recuperado y ha registrado cifras prepandemia, de tal manera que las fiscalías "funcionan a pleno rendimiento", ha recalcado, y "por regla general, no hay retraso y todo lo que entra, sale".

También ha precisado que la Fiscalía ha respondido a alguna actuación relativa a las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania porque se produjo "cierto peligro" de que niños ucranianos pudieran ser objeto de delitos de trata o sustracción de menores, por lo que se ha tratado de evitar las consecuencias de estos desplazamientos forzosos de niños motivados por la guerra para cerrar paso a una posible actuación de bandas y grupos organizados.

En materia de personal, Fernández ha apuntado que hasta junio de 2021 había cuatro fiscales en la Fiscalía de Castilla-La Mancha y desde esa fecha son tres, de modo que la pérdida del 25 por ciento de la plantilla les obliga a repartir los asuntos entre tres y no cuatro fiscales.

Derivado de las memorias de las fiscalías provinciales, ha puesto sobre la mesa la necesidad de nuevas plazas de fiscales que responda al incremento de población y a la ratio establecida como media, por lo que ha afirmado que son necesarios, al menos, cuatro fiscales para Toledo y Albacete después de los dos fiscales incorporados en Ciudad Real y Manzanares, así como ha trasladado la reivindicación de una nueva sección territorial de la Fiscalía en Illescas (Toledo) y de un incremento de la plantilla de funcionarios en todas las provincias.

Además, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha mostrado su "preocupación" por los retrasos y suspensiones de juicios, ya que se suspenden en torno al 40 % de los juicios que se señalan, lo que supone que algunas causas se enjuicien hasta diez años después de que se hayan producido los hechos.

Durante la comisión, Fernández ha hecho referencia a otros aspectos contenidos en la Memoria como el aumento de autores menores de edad en supuestos de acoso escolar y sexual y de distribución de archivos de naturaleza pedófila, y el incremento también del acoso sexual entre miembros de la misma familia, de hermanos a hermanas.

De igual forma, ha puesto el acento en el aumento de la siniestralidad laboral en la región y, en el marco del 'cibercrimen', en la proliferación de los delitos de 'phishing' de Liberbank, que ha causado "muchísimas víctimas", o del delito 'estrella' de las estafas en general a través de medios tecnológicos como en el caso del comercio electrónico.

En cifras, según la Memoria de la Fiscalía consultada por Efe, las diligencias previas incoadas en 2021 ascienden a 52.800, y hay 24.794 diligencias pendientes a fecha 31 de diciembre del año pasado; mientras que los juicios por delitos leves incoados fueron 13.776, de los que 6.583 se celebraron con intervención del Ministerio Fiscal.

También hubo 25 procedimientos de jurado incoados, 10.648 escritos de calificación de los fiscales, 371 peticiones de prisión preventiva, 6.583 juicios penales en los juzgados de instrucción, 5.679 en los juzgados de lo penal y 304 en las audiencias provinciales.

En lo que respecta a violencia de género en 2021, se han incoado 1.736 diligencias urgentes, 2.504 diligencias previas, 644 procedimientos abreviados, así como se han llevado a cabo 2.289 calificaciones, 545 sentencias condenatorias, 677 sentencias de conformidad y 408 sentencias absolutorias.

OKUPACIÓN ILEGAL Y PINCHAZOS

Por otra parte, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha considerado este miércoles que la ocupación ilegal de viviendas y el fenómeno de los pinchazos para la sumisión química no tienen una especial incidencia en la región como para crearse una alarma social, tal y como ha señalado a preguntas de los periodistas antes de su comparecencia en la comisión del parlamento.

Con respecto a la ocupación ilegal de viviendas, Fernández ha indicado que "no es un fenómeno de carácter general en la región" sino que se da sobre todo en lugares particulares en las provincias de Toledo y Guadalajara, y que no se produce en viviendas de particulares sino en la mayoría de los casos en bienes propiedad de entidades bancarias y fondos de inversión.

Asimismo, ha defendido que los fiscales han tratado de procurar que en los casos de vivienda de particulares, en especial de segundas residencias, se lleve a cabo un desalojo inmediato.

Con todo, ha apuntado que hay un movimiento legislativo "en ciernes" auspiciado en parte por el Gobierno de Castilla-La Mancha con una Ley 'Antiokupación' que parece que va a ser tomada en consideración por el Congreso de los Diputados o por la legislación nacional.

Y en relación a los pinchazos para sumisión química, el fiscal de Castilla-La Mancha ha aseverado que ha habido varios casos en la región pero que no tiene conocimiento de que ninguna haya llegado a más en el sentido de que se haya producido una agresión sexual mediante este método.

De momento, ha dicho, "la legislación es suficiente" para hacer frente a este tipo de fenómeno y ha precisado que en la gran mayoría de supuestos en los que se han incoado diligencias, el autor no está identificado, así como en la pasada Feria de Albacete tuvo lugar un supuesto en el que una persona llevaba un alambre para pinchar pero no había jeringa alguna ni sustancia química.

Por lo tanto, ha manifestado que "la población no debe caer en un miedo injustificado" y que "no hay motivos para que cunda la alarma", al tiempo que ha afirmado que hay otras formas de sumisión más frecuentes como el abuso de alcohol. 

Comisión de Asuntos Generales 28-9-2022

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