La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha aseverado este viernes que si un exministro y un exsecretario de Estado apuntan a María Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy en la trama del caso Kitchen, "blanco y en botella o tinto y en jarro".
Así ha respondido Fernández a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Toledo sobre el comunicado de la exsecretaria general del PP y expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, en el que acusa a la Fiscalía de tener una "idea preconcebida" contra el PP en la investigación de este caso.
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que "Cospedal se está defendiendo y por tanto es libre de decir cualquier cosa, sea verdad o mentira, en su defensa".
Sin embargo, ha recordado que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez "han señalado a Cospedal como directamente responsable", por lo que ha considerado que "hay motivos para abrir la causa y seguir investigando".
De hecho, se ha preguntado si "alguien en este país se puede creer que un exministro, sin tener ningún interés de partido, puede montar una operación parapolicial para robar pruebas que incriminaban al PP en 'los papales de Bárcenas' y en una financiación ilegal que a la postre se ha demostrado".
En este sentido, ha insistido en que "es poco creíble que de manera unilateral y por decisión propia, el ministro y el secretario de Estado hicieran esto", por lo que ha afirmado que "lógicamente recibieron órdenes de Cospedal, secretaria general y encargada de tapar los trapos sucios, y de Rajoy".
"El sentido común es lo que nos dice", ha concluido la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.
TRES AGENTES, SIN EMPLEO Y SUELDO
Por otra parte, este viernes ha transcendido al respecto que la Policía Nacional ha dejado sin empleo y sueldo a tres agentes procesados en la trama Kitchen, el operativo presuntamente diseñado para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometida del partido, unos hechos que investiga la Audiencia Nacional desde hace más de tres años.
Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a Efe fuentes policiales, los tres agentes procesados que seguían en activo -otros policías implicados están ya jubilados- han recibido hace unos días la resolución oficial de la suspensión de empleo y sueldo tras ser imputados por la Justicia.
Se trata del policía Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas y que supuestamente fue captado para espiar al excargo del PP y su familia; y el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue cargo de confianza de María Dolores de Cospedal en su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha, y, según las pesquisas, quien contactó con Ríos.
El tercer policía apartado del cuerpo es José Ángel Fuentes Gago, que estaba destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional cuando se produjo el presunto caso de espionaje a Bárcenas, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
