Semana clave en el caso Kitchen. El exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, sobre el que gira la supuesta operación puesta en marcha en 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentos, comparece de nuevo el próximo miércoles dispuesto a colaborar con la Justicia.
Tras haber cambiado de abogado, Ríos pidió declarar de nuevo ante el juez Manuel García Castellón, y lo hizo días después de la comparecencia también como imputados del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y del que fuera su segundo Francisco Martínez.
De hecho, las discrepancias entre el exministro y Martínez, que les llevaron a enfrentarse después en un careo, radican en si hablaron o no entre ellos del chófer, tal y como demostrarían unos mensajes que según el exsecretario de Interior se intercambió al respecto con el exministro, quien niega haber sabido nada de esta operación.
Sobre el chófer, que habría sido captado como confidente, el juez también tiene previsto preguntar el lunes al excoronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, conocido por la investigación del procés y que ha sido citado como testigo en su condición de exdirector del gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en la época de Francisco Martínez.
El magistrado quiere conocer cómo era la gestión y control de los fondos reservados con los que supuestamente se pagó al chófer al actuar como confidente policial. Se calcula que llegó a percibir 48.000 euros a razón de 2.000 euros al mes.
Según la investigación, el chófer fue quien supuestamente sustrajo la documentación de Bárcenas que llegó a manos de Martínez a través del excomisario Enrique García Castaño, también imputado y que aseguró que Ríos le pasó los datos en un restaurante Vips de Madrid para después entregárselos él al exnúmero 2 de Interior.
Ríos ha comparecido ya en dos ocasiones ante el juez sin aportar grandes revelaciones, por lo que se espera que esta vez ofrezca una versión más detallada de los hechos.
Desde esas dos ocasiones en que compareció, el juez ha tratado de recabar más pruebas sobre su implicación en estos hechos y el pasado mes de octubre ordenó registrar su domicilio donde se le intervino documentación y teléfonos móviles.
