La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en marcha el proceso para que el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez deje su escaño tras días de tensión entre el Poder Legislativo y el Judicial, una decisión contra la que Podemos ha cargado y ha tachado de "prevaricación".
A Rodríguez se le ha comunicado en la tarde de este viernes el oficio del Tribunal Supremo que le inhabilita tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una pena de un año y 15 días de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y Batet así se lo ha hecho saber de forma personal.
La propia líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha tildado el proceso como "prevaricación", al tiempo que ha criticado que haya sido condenado sin pruebas y con el objetivo de quitarle el escaño.
Belarra ha lamentado que su compañero haya sido condenado "a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí" y lamenta, en un mensaje en Twitter: "El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación".
Mientras que para la Ministra de Igualdad, Irene Montero, "detrás está la reacción judicial y política más profunda. Es un asalto a la democracia", ha opinado.
Tras conocerse la decisión, ha seguido la cascada de reacciones en el partido, desde compañeros hasta excompañeros de filas el exlíder de UP, Pablo Iglesias, que cree que la decisión va "contra el criterio de los letrados del Congreso y tras las presiones de Marchena y la derecha".
"Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados", concluye Iglesias, al tiempo que Isabel Serra, portavoz de Podemos, asevera: "Los jueces rodean el Congreso y Batet entrega a Alberto Rodríguez".
Además, Unidas Podemos ha anunciado que interpondrá una querella contra la presidenta del Congreso por un presunto delito de prevaricación tras la decisión "unilateral" de comunicar la retirada del escaño al diputado de la formación.
Según han explicado fuentes del grupo confederal, la determinación de Batet de sustraer la condición de diputado a Rodríguez bajo el argumento de ejecutar la sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo se adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y de la Mesa del Congreso, que se expresaron favorables a que conservara su acta.
"La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", argumentan en Unidas Podemos.
Por tanto, han censurado que su decisión, que toma "cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha", hace "un "daño enorme" a la democracia y al país.
Durante las últimas semanas el pulso entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial se ha centrado en la interpretación de esta sentencia, que los letrados de la Cámara Baja consideraban que no afectaba al escaño del diputado de Podemos pero que el Supremo finalmente ha dejado claro este viernes.
En un principio la Mesa del Congreso, formada por mayoría del PSOE y de Unidas Podemos, fundamentó su decisión de no suspender a Rodríguez de su escaño en el informe de estos letrados que señalaba que su condición de diputado no quedaba afectada porque no concurría "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg", ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.
Argumentaban que al haberse conmutado la pena de cárcel por una multa de 540 euros -ya pagada- la ejecución de la sentencia deja fuera la denominada "inelegibilidad sobrevenida".
Ante esta decisión, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió un oficio expresamente a Batet para pedirle que le remitiera la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta para la liquidación de su condena.
Un requerimiento que fue considerado esclarecedor por los miembros del PP y de Vox en la Mesa del Congreso y hasta por la propia Batet, aunque ante las dudas por parte de Podemos y por el informe jurídico de la Cámara, la presidenta decidió ayer pedir una aclaración formal al Alto Tribunal.
Precisamente, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que su partido "estará vigilante hasta que se cumpla la sentencia" y ha considerado que "los partidos del Gobierno han querido usar su mayoría parlamentaria para intentar impedir que se cumpliera una pena" e "indultar" así a Rodríguez.
Ha vuelto a ser Marchena el que este viernes ha dejado claro en un segundo escrito que la sentencia conlleva la pena de "inhabilitación especial" durante el tiempo de esta condena tal como obliga el Código Penal y subraya que Rodríguez fue condenado a mes y medio de cárcel, pena que "solo a exclusivos efectos de ejecución" fue sustituida por multa de 540 euros.
Es decir, que la pena accesoria de inhabilitación sigue vigente para ser ejecutada.
Por su parte, el diputado aludido antes de conocer el paso dado por Batet ha replicado al Supremo a través de su cuenta de Twitter y ha considerado que la retirada de su escaño ataca el voto democrático "que está siendo atacado sin base jurídida".
Horas después del comunicado de Marchena, Rodríguez ha escrito: "Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe".
"EXCEDEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"
Por otra parte, a última hora de este viernes el Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su "absoluto y rotundo" rechazo a las afirmaciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, sobre el diputado Alberto Rodríguez porque exceden "absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" y "llegan a atribuir" un delito a los jueces del Tribunal Supremo.
El acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ ha sido aprobado con los votos de su presidente, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.
El malestar del CGPJ se refiere a las manifestaciones de Belarra en su cuenta de Twitter en las que dice textualmente "Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación".
El CGPJ muestra su "más absoluto y rotundo rechazo" a las palabras de Belarra, "si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados".
Esa afirmación, añade, "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del poder ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".
La Comisión Permanente del CGPJ, que se ha reunido con carácter extraordinario, recalca que "en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno" a lo que "se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido".
En ese sentido, hace hincapié en que "como es público, notorio y reconocido", el Tribunal Supremo y el resto de los tribunales "han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados".
Por último, el CGPJ "vuelve a hacer un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles" y les recuerda que "la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial".
