A la espera de que el Supremo emita sus informes sobre los indultos a los políticos condenados por el "procés", el asunto ha irrumpido en el debate público de forma simultánea al desencallamiento de la situación política en Cataluña y a los guiños desde Moncloa a la "concordia" y al "reencuentro".
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo -cuyos informes son preceptivos por ser el tribunal sentenciador- mantienen estos días reuniones con el objetivo de pronunciarse sobre la medida de gracia y de tratar de que sus dictámenes -uno por cada condenado- se aprueben por unanimidad.
La Fiscalía ya se opuso de forma tajante a los indultos totales o parciales y advirtió de que no podían usarse como "moneda política de cambio". Se da por hecho que el Supremo irá en la misma línea, dado que entre otras cuestiones tiene que analizar el arrepentimiento de los reos, en este caso inexistente.
Una vez emitidos sus informes, será el turno del Consejo de Ministros, dado que el informe del tribunal sentenciador, que a su vez incluye el de la Fiscalía, es preceptivo, pero no condiciona la decisión del Gobierno.
Desde Moncloa y desde Justicia se insiste en que hasta que no lleguen esos informes no hay nada que resolver y que, llegado ese punto, se actuará de acuerdo con la legalidad vigente y velando por "el interés público".
Pero los mensajes que acompañan a ese argumentario apuntan el sentido de la decisión, máxime cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirma desde Bruselas que tendrá en cuenta valores constitucionales como los de la "concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no la "venganza" ni la revancha.
El presidente de Gobierno ha asegurado que para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los dirigentes del procés catalán tendrá en cuenta valores constitucionales como los de "la concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no "la venganza ni la revancha".
Sánchez se ha referido a la decisión que ha de adoptar el Ejecutivo en relación con esos indultos en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.
Ante la interpretación de que sus palabras sugieran su posición favorable a la concesión de los indultos frente a sus manifestaciones de 2019 en las que dijo que deberían cumplir íntegramente sus penas, el jefe del Ejecutivo recalcó que "es muy importante mirar hacia el futuro y aprender de los errores".
El jefe del Gobierno ha subrayado que la decisión se adoptará cuando proceda tras un debate que se lleva arrastrando desde 2017, y una vez que el Tribunal Supremo emita su informe preceptivo.
Sánchez ha recordado que, como líder de la oposición, apoyó en 2017 la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña y en defensa de la integridad territorial del país.
Una decisión que adoptó porque entendía que se trataba de una cuestión de Estado que exigía del concurso y apoyó de los principales partidos.
Por todo ello ha insistido en que tiene muy claro que la decisión que tome va a tener muy presentes valores constitucionales como "la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no sólo a la sociedad catalana sino al conjunto de la sociedad española en 2017, y el encuentro".
"Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del Gobierno pesarán en la decisión que tome el Gobierno. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado -ha apostillado- son la venganza o la revancha".
De la misma forma, ha resaltado la necesidad de que los partidos soberanistas respeten la ley y la Constitución pero, a la vez, que todos los políticos intenten "superar fracturas" y reencontrarse.
Tras insistir en que el Tribunal Supremo debe emitir primero su informe, ha recordado que se trata de once expedientes distintos, no sólo uno, y que afectan a cada uno de los políticos que están cumpliendo condena.
"Cada uno de ellos tiene su realidad, sus circunstancias, y vamos a analizar todas y cada una de ellas", ha añadido Sánchez, quien ha echado de menos por parte del PP la lealtad que él afirma que demostró en la cuestión catalana con el Gobierno de Mariano Rajoy "en momentos muy desgarradores".
A su juicio, todos deben mirar al futuro, aprender de los errores y "abrazar valores constitucionales" que facilitan la concordia.
Sánchez ha lamentado que el PP ligue los indultos a llegar o no a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo ha enmarcado dentro de una estrategia de bloqueo y de una excusa más para no cumplir con sus obligaciones constitucionales.
En cuanto a la posible modificación del Código Penal respecto al delito de sedición, ha reconocido que este conjunto de normas incluye medidas ajenas a lo que para el mismo tipo de delitos determinan otras democracias consolidadas.
Sánchez ha asegurado que recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, como lo ha hecho con cualquier otro presidente autonómico y hará también, ha avanzado, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Unas reuniones que el presidente del Gobierno ha enmarcado en la "cortesía constitucional".
Cuestión distinta ha dicho que es una futura reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, que él está dispuesto a propiciar y que sería después de su encuentro inicial con Aragonés.
Al mismo tiempo, ha abogado por una mesa de diálogo en el Parlament de Cataluña entre los diversos partidos porque ha recordado que muchas personas no comparten el proyecto independentista y el diálogo debe demostrarse en todos los ámbitos.
Poco antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, ha hablado de iniciar "la agenda del reencuentro" y de "estrechar lazos afectivos".
Los socios de investidura del PSOE son firmes defensores de los indultos, aunque tanto los afectados como la Generalitat de Cataluña insisten en reclamar la amnistía. No obstante, el recién investido presidente del Govern, Pere Aragonès, ha admitido: "Cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos y de sus familias vamos a recibirla bien, será bienvenida".
La resolución, no obstante, no será inmediata aunque el Supremo se pronuncie en los próximos días, han indicado fuentes del Ejecutivo.
Lo que está claro es que, de ser concedidos, los indultos volverán al Tribunal Supremo, aunque por otra puerta, la de lo Contencioso-Administrativo, a la que compete revisar la legalidad de los acuerdos del Consejo de Ministros.
El PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado sus recursos si el Gobierno indulta a los presos del procés.
El propio Supremo ya advirtió en 2013 que "aún cuando el Gobierno puede decidir a quién perdona y a quién no y si perdona la totalidad o solo parte de la pena, e incluso imponer condiciones para la condonación, lo cierto es que lo que se puede perdonar, el contenido material del indulto, lo marca la Ley y este elemento reglado es el que abre la puerta al control de la jurisdicción".
Lo hizo al anular el indulto concedido al consejero delegado del Santander Alfredo Sáenz porque en aquel caso el Gobierno se extralimitó e incluyó en el perdón los antecedentes penales, algo que no está permitido por la ley.
Es decir, el Ejecutivo puede conceder un indulto aun sin arrepentimiento y con los informes en contra -aunque no es habitual-, pero no puede extralimitarse del poder que le confiere esa ley, que data de 1870 y periódicamente es objeto de polémica.
