El Tribunal Supremo se ha opuesto en un contundente informe a conceder el indulto a los doce líderes independentistas condenados por el "procés" por ser "una solución inaceptable" ante su "voluntad de reincidir", lo que compromete la futura decisión del Gobierno que se verá impedido a optar por un indulto total.
La Sala de lo Penal ha emitido su informe - que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo - en el que rechaza rotundamente conceder el indulto total o parcial, de manera que el Gobierno deberá abordar un asunto complejo y sensible a la opinión pública con los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.
Y lo hará limitado porque la ley de 1870 que regula la medida de gracia impide al Ejecutivo otorgar el indulto total si el tribunal sentenciador no aprecia razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimen el indulto, lo que aboca al Gobierno a optar como máximo a un indulto parcial, ya sea rebajando parte de la pena o conmutándola por otra menos grave.
Esto es así porque el Supremo no aprecia razones de equidad, justicia o utilidad pública que justifiquen la medida de gracia y destaca que "no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento" entre los presos, cuyas penas ve proporcionadas.
La Sala advierte de un llamativo desenfoque en las peticiones de indulto porque "dibujan una responsabilidad penal colectiva y solidaria" en base a un sujeto denominado "los presos del procés", como así los ha presentado la administración penitencia catalana, que pretenden que el Gobierno corrija la sentencia del Supremo.
De hecho, la Sala arremete duramente contra el servicio penitenciario de la Generalitat que "desde el primer momento" del cumplimiento de la pena no solo "ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento" de los presos sino que "ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión en grado y, ahora, del derecho al indulto".
Pero ocurre que las razones invocadas para respaldar la medida de gracia pierden en opinión del Supremo cualquier justificación "cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional" y manifiestan "su voluntad de reincidir".
La Sala pone como ejemplo al líder de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, que en sus alegaciones a la Sala afirmó que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito, por lo que sus palabras son "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable" porque conlleva "una actitud antidemocrática".
El informe del Supremo se ha hecho público poco después de la sesión de control al Ejecutivo en la que el presidente, Pedro Sánchez, ha defendido que el Gobierno decidirá si indulta a los condenados "en beneficio de la convivencia entre españoles", lo que contrasta con la opinión de otro de los poderes del estado -el judicial- cuyo presidente Carlos Lesmes ha dicho que "un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar".
Ahora bien, el Ejecutivo lleva meses enviando señales que se interpretan a favor de conceder el indulto, la última de ellas de ayer del propio Sánchez cuando desde Bruselas dijo que tendrá en cuenta valores constitucionales como los de "la concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no "la venganza ni la revancha".
Moncloa ha reaccionado por medio del ministro José Luis Ábalos dejando claro que la decisión "es potestad del Consejo de Ministros" aunque estudiará "con detenimiento" el informe del TS, que ha acaparado la atención mediática y política de esta jornada en la que los principales partidos de la oposición se han hecho eco del "demoledor" dictamen del tribunal, como lo ha tildado el PP.
Pero la presión hacia el Gobierno no la monopoliza solo la oposición sino que desde Cataluña, el president Pere Aragonès ha reclamado una solución "lo más justa y lo más pronto posible" que pase por una "amnistía", si bien no se "opondrá" a los indultos, tras cargar contra el Supremo por seguir con su "línea represiva".
El Gobierno tiene previsto resolver esta cuestión en verano aunque su decisión no cerrará este capítulo toda vez que PP, Ciudadanos y Vox han anunciado que recurrirán al Supremo en caso de que Sánchez conceda la medida de gracia.
