El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, ha descartado imputar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por un delito de tráfico de influencias y le cita el próximo 12 de mayo como testigo en contra de la solicitud de Podemos y Grupo Mixto.
Así consta en un auto dictado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez acuerda que no ha lugar a la citación de Carlos Martínez-Almeida por delito de tráfico de influencias manteniéndose su condición de testigo en el presente procedimiento.
En la resolución, el juez esgrime que el primo del regidor "se limitó a proporcionar a Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal, los mencionados contratos".
De igual modo, el magistrado recalca que tampoco consta que Carlos "presionase en modo alguno a Collado, ni que le obligase a ésta a llamar al investigado porque alegase su condición de primo del alcalde".
Por tanto, acuerda mantener su condición de testigo "hasta este momento procesal, siendo conveniente su testimonio para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encargada de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid, y si hubo algún trato de favor con los mismos debido a la intervención del familiar del alcalde.
La citación se produce después de que el juez preguntara a las partes la condición en la que debía de citar al ahora testigo, ya que Podemos y el Grupo Mixto pidió que compareciera en calidad de investigado para acudir a la declaración acompañado de un abogado.
El hijo menor de Naty Abascal habría confirmado en su declaración ante el juez que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde capitalino.
"Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email que creo que era de Elena Collado", señaló.
Según su testimonio, el contacto de Carlos Martínez-Almeida, a quien según dijo, no conocía de nada, se lo habría facilitado la presidenta de la universidad CIS, María Díaz de la Cebosa.
DECLARACIÓN DE LA PROFESORA
Por otra parte, la antigua profesora de universidad de Luis Medina ha declarado ante el juez del caso de las mascarillas que llamó al primo del alcalde de Madrid para trasladarle que una persona que conocía, sin concretarle quién era ni que era un personaje público, estaba interesada en contactar con el Ayuntamiento de Madrid para vender material sanitario. Según ha relatado, Carlos Martínez-Almeida le comentó que haría gestiones para buscar un correo genérico, han informado fuentes jurídicas.
El juez Adolfo Carretero ha interrogado este lunes a la profesora de universidad que facilitó a Luis Medina el contacto del primo de Almeida y a los directores de las sucursales bancarias en las que los comisionistas ingresaron el dinero recibido del sobreprecio del material sanitario vendido al Consistorio.
María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad privada CIS, se ha limitado a manifestar a los medios congregados a las puertas de los juzgados que todo había ido "muy bien". En su declaración, la profesora de universidad ha reconocido a preguntas de las partes que puso a Luis Medina en contacto con Carlos Martínez-Almeida, a quien conoce del ámbito laboral y con quien tiene una amistad.
Según la testigo, el investigado se puso en contacto con ella y le solicitó si "sabía de alguien que le pudiera ayudar en el Ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid para poder tener acceso a la persona que podía gestionar ese tipo de contratos con carácter de urgencia". "Pensó en Carlos por la relación de amistad y laboral que tienen", ha recalcado.
Tras ello, Díaz de la Cebosa llamó al familiar de Almeida y éste le comentó, sin saber de que se trataba de un personaje público, que le podía proporcionar un correo genérico del Consistorio una vez realizara gestiones. Una vez dado el contacto, ha dicho que no sabe más acerca de lo que ocurrió posteriormente en la operación objeto de la causa judicial.
En concreto, el juez le ha preguntado si Carlos Martínez-Almeida sabía que esa persona que estaba interesada en contactar con él era Luis Medina o un personaje público, a lo que la profesora ha respondido que no.
En su interrogatorio, la letrada de Más Madrid ha solicitado que ofreciera su teléfono a fin de recabar información de las llamadas, una petición que ha denegado el magistrado. La acusación popular llevará esta cuestión a la Audiencia Provincial de Madrid porque considera "imprescindible totalmente" conocer cómo llegaron esos contactos a Medina" y las relaciones que hubo.
El hijo menor de Naty Abascal confirmó ante el juez que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde capitalino. "Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email que creo que era de Elena Collado", ha señalado.
Según su testimonio, el contacto de Carlos Martínez-Almeida, a quien según dijo, no conocía de nada, se lo habría facilitado la directora de su universidad, María Díaz de la Cebosa.
El próximo jueves, el instructor escuchará el testimonio de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid y la persona que facilitó a Luis Medina el correo de la responsable de Compras del Consistorio capitalino, Elena Collado.
Por otro lado, el juez ha escuchado la versión de dos empleados de banca, Cristina S. y Javier M.. Se trata de la directora de la sucursal del Deutsche Bank en la que Luis Medina ingresó el millón de euros que recibió de comisión y del director de la oficina de Caixabank en la que Alberto Luceño ingresó los cinco millones de euros que cobró.
En el caso de la oficina de Luis Medina, la testigo ha contradicho la versión del investigado y ha afirmado que éste justificó con documentación el ingreso del dinero tras advertirle el banco que debía informar sobre su origen.
Ante el juez, Luis Medina manifestó que cuando recibió la comisión de la empresa malaya Leno entregó la documentación "por anticipado" sin que el banco le tuviera que dar el aviso.
La acusación que representa Podemos solicitará a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional que se analicen los megadatos de los correos electrónicos en los que Medina habría remitido a la sucursal la documentación referida al origen de la comisión, según ha adelantado la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.
En la documentación, el investigado aportó contratos en los que aparecía como agente exclusivo de la empresa Leno, un extremo del que aseguró en su declaración judicial se trata de un puro formalismo. Este contrato está siendo objeto de investigación al contener datos presuntamente falsificados, entre ellos el distintivos de la Cámara de Comercio Internacional.
Asimismo, la directora del banco también ha afirmado que Medina le avisó de que iba a recibir más dinero aparte del millón de euros, una cantidad que finalmente no recibió a pesar de que contaba con ella. Ante el juez, el aristócrata afirmó que no se sintió engañado por su socio mientras que ante el fiscal anticorrupción sí mostró su malestar con Alberto Luceño al conocer que su comisión ascendía a 5 millones de euros.
El director de la sucursal de Luceño ha manifestado que éste remitió antes de que se le solicitara documentación para avalar la legalidad de los 5 millones de euros que ingresó de la operación con el Consistorio madrileño, tal y como declaró el investigado el pasado 25 de abril ante el juez.
INFORME DEL SEPLAC
De otro lado, el fiscal anticorrupción ha trasladado al juez Adolfo Carretero su negativa a entregar el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que propició la investigación del caso de las mascarillas al no tener valor probatorio y tratarse de un informe confidencial, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.
Así consta en un escrito en el que la Fiscalía se pronuncia tras la petición del magistrado a instancias de una solicitud de la acusación popular en nombre de Más Madrid, que reclamó incorporar el informe al sumario para que el resto de acusaciones lo conocieran.
El fiscal se escuda en el artículo 46 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que establece que la información y documentación de que disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión y los informes de inteligencia financiera tendrán "carácter confidencial, debiendo guardar reserva sobre los mismos toda autoridad o funcionario que acceda a su contenido".
"En particular, no será en ningún caso objeto de revelación la identidad de los analistas que hayan intervenido en la elaboración de los informes de inteligencia financiera ni la de los empleados, directivos o agentes que hubieran comunicado la existencia de indicios a los órganos de control interno del sujeto obligado", recoge dicho artículo.
Agrega que "los informes de inteligencia financiera no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas".
Fuentes fiscales apuntan a Europa Press que el citado documento cuenta con información bancaria que ya está incorporada en la causa e insisten en que estos informes "no pueden incorporarse directamente a los procedimientos", ya que "no tienen valor probatorio por sí mismos"
En el sumario consta que fueron las entidades bancarias empleadas por los comisionistas quienes dieron la voz de alarma al detectar el ingreso por parte de Luis Medina y Alberto Luceño de elevadas sumas de dinero con justificaciones sospechosas.
En el caso del hijo menor de Naty Abascal el ingreso era de un millón de euros mientras que su socio elevó a 5 millones la cantidad ingresada en sus cuentas bancarias.
Fue entonces cuando los bancos avisaron al servicio de prevención de blanqueo de capitales y éste alertó a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación en noviembre de 2020.
