El Tribunal de primera instancia de Bruselas ha rechazado este lunes anular el proceso de extradición del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de su exconseller Toni Comín, tal y como solicitaron sus abogados, y mantiene el expediente "suspendido indefinidamente" hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el suplicatorio de la Justicia española para que sea juzgado en España por la causa del 'procés'.
El procedimiento para decidir sobre la orden europea de detención y entrega de Puigdemont y Comín "queda suspendida sin fecha hasta que el Parlamento Europeo decida sobre sus inmunidades", han informado a Europa Press fuentes de la defensa de los líderes independentistas.
En su decisión, el Tribunal informa a las partes de que su decisión está "ligada" a la que ya tomó el juez de instrucción belga que en su momento "suspender" el procedimiento hasta aclarar el alcance de la inmunidad que asiste a ambos políticos en tanto que eurodiputados, subrayan las fuentes.
También indica el Tribunal en su comunicación que está al tanto de que las autoridades españolas han solicitado a la Eurocámara que levante la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín para que puedan ser entregados a la Justicia española, por lo que debe "aplazar indefinidamente" su expediente, "a la espera de lo que decida el Parlamento Europeo".
La defensa de Puigdemont y Comín pidió en la vista del pasado 3 de enero que el procedimiento fuera anulado y se devolviera a España, porque, según explicó entonces el abogado Gonzalo Boye, "está claro que tienen inmunidad y entendemos que el solo mantenimiento de la euroorden en vigor incluso en España vulnera el Derecho internacional"
Los abogados de la defensa también intentarán que se anule el procedimiento en el caso del exconseller Lluís Puig aduciendo que su caso está "vinculado" porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "hizo una única resolución" sin distinguir quien podría tener inmunidad parlamentaria y quién no.
Esta cuestión no se aborda en la decisión de este lunes por lo que Puig deberá comparecer ante la Cámara del Consejo en la vista prevista del próximo 24 de febrero.
QUERELLA DE LA FISCALIA
En otro orden de asuntos, la Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el responsable de la Oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y contra la secretaria general de Presidencia, Meritxell Massó, por presunto delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa.
La querella, recogida por Europa Press, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona, se dirige contra Alay y Massó por los gastos de un viaje del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2018 para hacer de observador en el referéndum de Nueva Caledonia, por más de 4.000 euros.
También se recogen en la querella los gastos de los peajes de autopista del trayecto a la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), de 3 de septiembre de 2018, y considera que "a la vista de las funciones y actividades que el querellado tiene encomendadas, no existe razón alguna que justifique el pago con cargo a la partida presupuestaria 'Oficina del expresidente" de estos dos conceptos.
En un tuit recogido por Europa Press, Puigdemont ha afirmado: "La cuestión es perseguirnos e impedir que hagamos política. Buscan la muerte civil de todos nosotros. No se la regalaremos".
La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de septiembre de 2018 por si se había nombrado a Alay "contraviniendo de manera deliberada y arbitraria la normativa aplicable a la creación de puestos de trabajo", y finalmente, tras investigar los hechos, la querella se centra en la petición, autorización y pagos supuestamente indebidos por parte de Alay.
Según el Ministerio Público, Alay actuó "abusando de su condición de responsable de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, excediéndose en las funciones que como tal tiene atribuidas" en base a la resolución PRE/1635/2018 de 11 de julio.
Considera que se apartó "de su obligación de servir a intereses generales propios del personal de la administración pública y con el propósito de enriquecimiento ilícito".
Así, recoge que Alay solicitó autorización como responsable de la oficina de Puigdemont ante la Conselleria de Presidencia de la Generalitat para viajar a Nueva Caledonia como observador del referéndum, con un coste de billetes de avión de 4.389,79 euros, a los que se suman los justificantes de fondo de maniobra por comidas por valor de 337 euros.
Todos los gastos, recalca el Ministerio Fiscal, fueron "asumidos y atendidos" por el Departamento de Presidencia y abonados a través de la partida presupuestaria correspondiente a la Oficina del expresidente.
Asimismo, con la misma operativa, se abonaron los peajes de autopista que Alay abonó cuando acudió al centro penitenciario de Lledoners, donde están internos siete líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.
El fiscal considera que, "de confirmarse los indicios de criminalidad expuestos y sin perjuicio de que la instrucción permita perfilar las calificaciones jurídicas finalmente aplicables, pudieran haberse cometido alguno o algunos de los siguientes delitos": delito continuado de malversación de caudales públicos y delito de prevaricación administrativa.
La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón desimputó a Alay y al empresario y senador Josep Maria Matamala, investigados en otra causa por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018.
