La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha informado este jueves de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) que por unanimidad declara nula de pleno derecho la Orden del 29 de julio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En síntesis, la sentencia -de la que es ponente el presidente del Tribunal, José Borrego López- aprecia el motivo de antijuridicidad consistente en la omisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, con expresa condena en costas a la parte demandada.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, responsable nacional de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español valora muy positivamente esta sentencia, "ya que la Orden anulada establecía un conjunto de recortes arbitrarios y retroactivos contra los derechos de las personas dependientes, reconocidos en la Ley de Dependencia y en la propia Constitución".
Según indica el colectivo "especialmente grave y sangrante era el trato degradante e inhumano que la Orden daba a los grandes dependientes, es decir, a las personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal".
Demoras de casi 4 años en las ayudas a grandes dependientes
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia explica que la Orden anulada por el TSJCM "establecía todo tipo de requisitos retardatorios y obstáculos para impedir la atención que necesitan los grandes dependientes, que se encuentran en la fina línea que separa la vida y la muerte".
"Por ejemplo, imponía un periodo de carencia mínimo de un año para poder solicitar la prestación. Y después, la Consejería podía suspender durante dos años y medio más la percepción de la prestación. En total, hasta tres años y medio podía demorarse el abono de la prestación económica a los grandes dependientes", informa la Plataforma.
Además, si dependiente fallecía antes de obtener la resolución expresa del derecho a las prestaciones económicas, el Gobierno regional no abonaría concepto alguno al dependiente, "lo cual se convertía en un estímulo despreciable para que la Consejería demorara al máximo el reconocimiento de las prestaciones".
Dada la muy deteriorada salud que suelen presentar los grandes dependientes, dicha demora de tres años y medio conlleva en la mayoría de los casos una alta probabilidad de fallecimiento. Y más, no llegándose a garantizar que dicho dependiente reciba la debida atención.
5.000 dependientes fallecidos esperando una ayuda
Según recuerda y como ha venido denunciando a lo largo de este tiempo la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia "el hecho objetivo de esta disposición ha sido el fallecimiento de más de 5.000 personas en Castilla-La Mancha esperando recibir la prestación a la que por Ley deberían haber disfrutado. Un hecho sin precedentes en cualquier Estado de Derecho y un escándalo para la propia dignidad humana".
Es por ello, que la Plataforma considera y señala que "nos alegrarnos de que el Tribunal Superior de Justicia haya anulado una Orden que nos retrotrajo al viejo modelo privatista, de la beneficencia y de la caridad, exento de cualquier derecho para todas estas personas".
Además, la Orden llevaba a cabo una revisión retroactiva, "sin justificación ni informes técnicos que la sustentara, una ilegalidad inadmisible, sin un cambio en la situación de la persona, con un incumplimiento de obligaciones o de los requisitos para su reconocimiento".
Al amparo de esta Orden, la Consejería estaba procediendo a una revisión sistemática de los grados y prestaciones reconocidos antes de que entrara en vigor, "imponiendo el nuevo catálogo, sus intensidades e incompatibilidades de manera indiscriminada sin llevar a cabo una revisión médica ni de ningún otro tipo, sin que hubiera error de baremo ni incumplimiento de obligaciones o requisitos; incluso a personas que han empeorado su situación de gran dependencia".
Por ello, el colectivo asegura que ahora esperan "que la Presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, haya tomado buena nota de la sentencia y extraiga las consecuencias políticas que proceden en relación con el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, curiosamente responsable nacional de Asuntos Sociales del Partido Popular, que acumula la enésima ilegalidad en su gestión denunciadas por esta Plataforma".
Y destaca la Plataforma, "exigimos que la Junta restablezca a las personas dependientes en sus derechos ordenando la revisión de todas las prestaciones que han sido denegadas, recortadas o suspendidas al amparo de la Orden anulada, procediendo de oficio a su abono a las personas que se han visto ilegalmente privadas de ellas".
En recuerdo de Jomián
No obstante, desde el colectivo lamentan "profundamente que muchas de esas revisiones no puedan ser restituidas ya que además del hurto económico al que han sido sometidas miles y miles de personas dependientes, muchas de ellas han fallecido, a muchas de ellas hay que buscarlas en los cementerios", recuerdan.
"Como ejemplo paradigmático de todo lo que ha acontecido queremos recordar en estos momentos al niño de 13 años gran dependiente, Jomián Leonel, fallecido ahora hace un año y al que se le denegó la prestación económica al amparo de la Orden hoy declarada nula de pleno derecho por la Justicia y que murió a cien kilómetros de su madre que no pudo estar a su lado en estos momentos tan dolorosos".
Y concluye la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en CLM: "En memoria de Jomián, en memoria de su madre y hermanos y en memoria de todos y todas las personas fallecidas tanto en Castilla-La Mancha como en todo el país bajo una legislación que niega el amparo al colectivo más frágil y dèbil de nuestra sociedad nos presentamos ante toda la ciudadanía para, con sentencia judicial en mano, demostrar la ilegalidad de todas estas actuaciones".
