A los siete años de confesar la fortuna oculta en Andorra, la familia Pujol se enfrenta a acusaciones de blanqueo de capitales y asociación ilícita, aunque todavía sin fecha para el juicio, que como pronto se celebrará en 2022, con un expresident ya nonagenario y su esposa exculpada por demencia.
UNA CONFESIÓN POR COMUNICADO
Un 25 de julio de 2014 el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol desvelaba en un breve comunicado a los medios que su esposa Marta Ferrusola y sus hijos habían mantenido ocultos en el extranjero "un dinero" procedente de una "deixa" -legado- de su padre Florenci que, "lamentablemente", la familia no había tenido ocasión de regularizar.
Amén de conmocionar la política catalana en vísperas de la consulta independentista del 9N, la confesión dio pie a que una juez de Barcelona abriera una causa para investigar el origen de la fortuna y afloraran las dimensiones de los fondos: 140 millones de pesetas depositados durante décadas en la banca andorrana, primero en Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Pujol se había decidido a dar un paso al frente y hacer pública la existencia de la fortuna, días después de que se publicara un pantallazo de una cuenta de su familia en la intervenida BPA, cuyos exresponsables han mantenido siempre que fueron presionados por la llamada "policía patriótica" vinculada al comisario José Villarejo para ceder datos bancarios de la familia.
Lejos de encauzar las aguas, la confesión alimentó la investigación que la Audiencia Nacional tenía abierta desde 2012 al primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, una causa que hasta entonces se sustentaba en poco más que en las denuncias de corrupción presentadas por su expareja María Victoria Álvarez y por el empresario Javier de la Rosa, al parecer a instancias de Villarejo y su entorno.
DE LA "DEIXA" FAMILIAR A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
En 2015, la Audiencia Nacional asumió ambas investigaciones en una sola causa, con el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus siete hijos imputados, al dudar de la versión de la "deixa" -un legado que la familia no ha acreditado con documento alguno- y ante los indicios de que la fortuna oculta procedía de pagos efectuados por empresarios entre 1990 y 2004 para congraciarse con el clan.
Cinco años de investigaciones, con registros incluidos en los domicilios, oficinas y hasta la segunda residencia de los Pujol en Queralbs (Girona), llevaron a la Audiencia Nacional a la conclusión de que la familia había acumulado un patrimonio "desmedido" con unos pagos ilícitos que después blanqueaban mediante artificios financieros y testaferros.
En julio del año pasado, el magistrado José de la Mata dejaba a los Pujol a un paso de juicio, al considerar que el clan conformaba una "organización criminal" para el cobro y el reparto del dinero ilegalmente obtenido, con el expresident y su esposa en la cúpula de la jerarquía y su primogénito llevando la batuta en el blanqueo de los fondos.
La investigación sacó a la luz que entre los años 2000 y 2010 también el expresident tuvo 307 millones de pesetas en Andbank -la cuenta 63810, a la que acompañaba un documento privado en que Jordi Pujol asume que los fondos son suyos-, lo que podría suponer un fraude fiscal de 885.000 euros que, sin embargo, ya ha prescrito.
EL CASO, LISTO PARA JUICIO PERO SIN FECHA
En consecuencia, la Fiscalía acusa a Pujol únicamente de los delitos de asociación ilícita y blanqueo, por lo que le pide una pena de nueve años de cárcel, y para sus hijos propone condenas que suman entre 8 y 29 años, la más severa para el primogénito, que por esta causa ya permaneció siete meses en prisión preventiva.
Quien no se sentará en el banquillo es Marta Ferrusola: un mes antes de enviar la causa a juicio, el juez acordó archivársela debido a que desde 2018 padece alzheimer, enfermedad que se agravó por un accidente doméstico que sufrió el verano pasado.
Con el caso ya calificado por las acusaciones particular y popular -la Abogacía del Estado pide 25 años para Jordi Pujol Ferrusola pero excluye al padre, mientras Podemos solicita 20 años para el expresident-, es el turno de los escritos de las defensas, que disponen de plazo hasta el próximo 1 de octubre para presentarlos.
Las partes confían en que el juicio pueda iniciarse a lo largo del año próximo pero, al tratarse de una vista no prioritaria porque no hay presos preventivos involucrados, no descartan que pueda arrastrarse hasta 2023. El expresident Jordi Pujol ya habría entrado en los 93 años.
