El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación popular en los casos de sumisión química o pinchazo con agresión sexual y ha actualizado su protocolo de actuación en estos casos para que prime "la rapidez para poder realizar las analíticas en un centro de salud u hospital, dado que son drogas que se diluyen rápidamente".
El Gobierno regional ha actualizado su protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de sumisión química y/o agresión a través de un pinchazo ante la situación que se viene detectando desde el pasado mes de julio, y especialmente en estas últimas semanas, de agresión a mujeres mediante objeto punzante en contextos de ocio y que "está creando cierta alarma social".
Tal y como ha resaltado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, "el objetivo principal de dicho protocolo es coordinar e integrar todos los posibles puntos de atención, como los conocidos como 'Puntos Violeta', centros de Atención Primaria, Emergencias, Puntos de Atención Continuada o Urgencias Hospitalarias porque lo que pretendemos es actuar con agilidad, credibilidad, amparo a la víctima y, desde luego, atenderla lo mejor posible con la mayor dignidad y con la mayor eficacia posible".
Y es que, "lo que se pretende es integrar todas las puertas de entrada que puede tener una víctima y que se debe hacer, y para ello "hemos establecido un código violeta", ha informado la Junta en nota de prensa.
En este punto, la consejera y portavoz ha sido rotunda al señalar que la sumisión química o el pinchazo "es una agresión que está penada por el Código Penal, y además es un delito público por la alarma social que genera y se puede investigar y perseguir desde la Administración pública y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aunque no haya denuncia".
Sobre la personación como acusación particular, ha advertido a las personas que pudieran realizar este tipo de pinchazos, aunque no hayan inoculado ningún tipo de droga o sustancia, "que se atenga a las consecuencias porque como se le identifique tiene serias repercusiones legales".
Por ello, ha insistido Blanca Fernández, "vamos a hacer que recaiga todo el peso de la ley sobre aquel violador que se atreva a someter químicamente a sus víctimas", una decisión que se formalizará en el próximo Consejo de Gobierno porque hay que darle forma jurídica, pero "la decisión política está tomada".
Establecer un diagnóstico con el objeto de reintegrar el nivel de salud del paciente y dar la respuesta médico legal oportuna que garantice los derechos de la víctima, son otros de los objetivos del documento.
El protocolo recoge la actuación en los puntos de información ciudadana e igualdad, los llamados 'Puntos Violeta'. Si han pasado menos de 72 horas, alerta al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y se activa el Código Violeta.
Y si han pasado más de 72 horas, canalizar a Atención Primaria, salvo lesiones que tengan que ser atendidas por personal sanitario, en cuyo caso se alertará al Centro Coordinador de Urgencias.
En el resto de casos: denuncia y seguimiento por su médico de Atención Primaria a la mayor brevedad posible.
Como resumen, las víctimas tras la agresión por pinchazo deben estar siempre acompañadas, y el relato de la víctima es muy importante y hay que darle espacio de escucha y veracidad para su recuperación, porque los datos añadidos en su relato pueden ayudar a esclarecer cómo es la práctica general de este tipo de agresión.
Además, este espacio puede permitir que la mujer recupere una cierta seguridad y control, minimizando el trauma.
Se llamará al 112 si precisa desplazamiento urgente y no tiene medios para ello, así como si precisa la asistencia sanitaria in situ.
Se deberá acudir rápidamente a un centro hospitalario o al centro sanitario que se haya establecido por la Comunidad para la atención sanitaria de estos casos.
Además, se realizará notificación urgente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la detención del supuesto agresor o agresores que puedan haberse identificado y evitar así que sigan actuando.
Como en el resto de situaciones de violencia de género, aquellas mujeres que presenten alguna situación de vulnerabilidad añadida (con discapacidad, migrantes, en situación de exclusión, con adicciones, etc.), van a requerir de una actuación aún más intensiva en la que se incorporen los apoyos sociales necesarios para poder ayudarlas con eficacia.
Para finalizar al respecto, la consejera de Igualdad y portavoz ha desvelado que, en base a las cifras que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la región se han registrado diez casos que han acudido de alguna manera al sistema sanitario, ocho de ellos con denuncia, y todos ellos han dado negativo en drogas en el primero de los análisis realizados.
AYUDAS A COOPERATIVAS
En otro orden, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se regulan las ayudas dirigidas al programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales en la región. Se trata de la convocatoria para 2022, cuyo importe asciende a los 2.650.000 euros cofinanciados por la Unión Europea.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del decreto aprobado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el día 15 de octubre de este año 2022.
"Se trata de estimular la creación y ampliación de este tipo de empresas, así como de mejorar la profesionalización y la digitalización y, con ello, impulsar el empleo y generar riqueza en este ámbito", ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz, que ha detallado que estas ayudas, gestionadas a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, constan de cuatro líneas.
La línea 1 está dedicada a la promoción de las cooperativas y sociedades laborales, y el importe de cada subvención será de 1.287 euros para sufragar los gastos de registro, notaría y asesoría relacionados con la constitución de la cooperativa o sociedad laboral.
La línea 2, para la incorporación con carácter indefinido de personas socias trabajadoras o socias de trabajo a cooperativas y sociedades laborales, contempla ayudas para los costes laborales de la persona incorporada y los costes de Seguridad Social.
Unas ayudas que serán de 7.000 euros si la persona procede de una situación de desempleo y se incorpora a jornada completa; así como de 5.500 euros si la persona procede de la incorporación, con carácter indefinido, como socia trabajadora o socia de trabajo de una persona trabajadora con contrato temporal o indefinido en la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se incorpore como socia.
En estos casos, tendrá un incremento del 10 por ciento si la persona que se incorpora es una mujer víctima de violencia de género y un 20 por ciento si la persona que se incorpora tiene discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento o si es joven menor de 30 años.
Por lo que respecta a las ayudas de la línea 3, la consejera y portavoz ha dicho que van destinadas a la realización de actividades de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo, ayudas que podrán ser de hasta el cien por cien del coste de la actividad, con una cuantía máxima de 20.000 euros por proyecto.
En este caso, serán subvencionables los honorarios y dietas de ponentes, expertos o profesionales; los gastos por la elaboración de estudios e investigaciones relacionados con la economía social; los gastos de dirección y/o coordinación de las actuaciones; los gastos por publicación de folletos, dípticos, u otro material impreso; y gastos de campañas publicitarias en medios de comunicación social.
Por último, la línea 4 incluye ayudas para la prestación de asistencia técnica, que podrán ser de hasta el 75 por ciento del coste de los servicios prestados, con una cuantía máxima de 18.000 euros por proyecto.
CENTRO INTEGRADO DE FP DE CUENCA
Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha mejorará sustancialmente las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional 'Numero 1' de Cuenca después de que este martes el Consejo de Gobierno haya autorizado el encargo a la empresa pública Tragsa para la ejecución de estas obras de reforma, adecuación y accesibilidad, por un importe cercano a los 1,7 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer la consejera de Igualdad y portavoz, quien ha detallado, además, que el nuevo centro educativo, que se ubica en las instalaciones del antiguo Instituto de Educación Secundaria 'San José', ampliará la oferta formativa con la familia profesional de Informática y Comunicaciones e Imagen Personal, algo que será posible en los espacios liberados tras el traslado de las enseñanzas de Educación Secundaria y Bachillerato al IES 'Número 7' de la capital conquense.
Este centro entró en funcionamiento el pasado curso escolar con la impartición de ciclos formativos de Electricidad y Electrónica; Hostelería y Turismo; e Instalación y Mantenimiento, un estreno en el que dio servicio a 329 alumnos y alumnas y contó con una plantilla de 44 profesionales, entre docentes y personal laboral.
A ello, el Gobierno castellanomanchego ha añadido otro importante servicio que ofrece este Centro Integrado de Formación Profesional, ya que "dispone de residencia con capacidad para 60 residentes de diversas etapas educativas y una plantilla de 20 personas", según ha destacado Fernández.
Por lo que respecta a las mejoras a acometer, la portavoz del Ejecutivo ha concretado que se llevarán a cabo obras de adecuación de las instalaciones existentes, que se financiarán con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con un presupuesto que asciende a 1.688.055,32 euros.
"Estamos hablando de unas actuaciones que contemplan un proyecto básico y de ejecución de reforma, adecuación y accesibilidad del Centro Integrado de Formación Profesional; una adecuación de una zona 1 para el ciclo formativo de Informática y Comunicaciones y aulas comunes para Hostelería; una zona 2 que se destinará al departamento de Administración; y una zona 3 donde se habilitarán aulas de tecnologías aplicadas", tal y como ha detallado Blanca Fernández.
En cuanto a los plazos de las obras, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha señalado que existe un plazo parcial de cuatro meses para la primera fase y un plazo de ejecución total de 10 meses a contar desde la firma del encargo.
Blanca Fernández ha resaltado que "el próximo año, con la entrada en funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional 'Numero 1' de Guadalajara y 'Numero 1' en la ciudad de Toledo -por desglose del IES 'Antonio Buero Vallejo' y el IES 'Juanelo Turriano', respectivamente, habrá un centro de este tipo en cada una de las provincias de la región, después de que actualmente ya estén en funcionamiento, además del 'Número 1' de Cuenca, el CIFP 'Aguas Nuevas' de Albacete y el CIFP 'Virgen de Gracia' de Puertollano.
La consejera ha indicado que la creación de estos centros integrados "se hace para responder a las necesidades de cualificación y recualificación que demanda el mercado, acomodándose para ello a las distintas expectativas profesionales", ha concluido.
