El abogado del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que se suspenda la decisión del Parlamento Europeo de constatar la vacante del escaño de Junqueras en la Eurocámara, así como la desestimación de su petición urgente para proteger su inmunidad como eurodiputado.
En tres escritos a los que ha tenido acceso Europa Press, Andreu Van den Eynde reclama también que se tomen todas las medidas necesarias para proteger y hacer efectivos los privilegios, inmunidades y derechos fundamentales de Junqueras como miembro del Parlamento Europeo.
También pide que se ordene a España la inmediata puesta en libertad de Junqueras para poder ejercer plenamente su cargo de eurodiputado mientras no se dicte sentencia en el procedimiento principal.
La defensa de Junqueras, en la petición de medidas cautelares, solicita al TGUE que dé por presentada en plazo la petición de tramitación acelerada y que esta se acuerde teniendo en cuenta los artículos 151 y 152 del Reglamento de Procedimiento del Parlamento.
Recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que se reconoce que Junqueras adquirió su condición de eurodiputado en la primera sesión plenaria de la Eurocámara, el 2 de julio de 2019, y alega que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la inelegibilidad de Junqueras ha sido recurrido.
SIN DERECHO A SER ESCUCHADO
Además, sostiene que ni en la petición de protección de inmunidad ni en la decisión anunciada por el Pleno del Parlamento Europeo se ha garantizado el derecho de Junqueras a ser escuchado antes de la adopción de una medida individual y que tampoco se ha garantizado el derecho de acceso al expediente.
El abogado ha criticado que la decisión de dejar vacante el escaño se ha tomado privando de efectos prácticos la sentencia del TJUE y en contra de la primacía del Derecho de la Unión y el efecto vinculante de las sentencias.
También alega que se ha vulnerado el Protocolo 7 de privilegios e inmunidades, ya que no se ha escuchado a Junqueras y no se han contrastado las informaciones que pudiera aportar, y considera parcial e inequitativo que solo se haya tenido en consideración las comunicaciones del Tribunal Supremo y de la JEC.
