jueves 18.07.2019

El juez sienta en el banquillo a Torra por desobediencia al no retirar los lazos amarillos

La Fiscalía pide que el presidente de Cataluña sea condenado a 20 meses de inhabilitación y una sanción de 30.000 euros, y Vox a dos años de prisión

El juez sienta en el banquillo a Torra por desobediencia al no retirar los lazos amarillos
El juez sienta en el banquillo a Torra por desobediencia al no retirar los lazos amarillos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado este viernes la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.

El auto del TSJC, recogido por Europa Press, declara la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal para llevar a juicio los hechos que recogen los escritos de la acusación de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox, y da a la defensa de Torra un plazo de diez días para presentar escrito de defensa.

Según el auto, según los datos indiciarios recabados en la instrucción, durante el periodo electoral de las generales del 28 de abril la Generalitat, presidida por Torra, exhibía "públicamente y de forma permanente" esteladas y lazos, y carteles donde pedían la libertad de los 'presos políticos' en la fachada del Palau, en las consellerias, en las delegaciones y servicios territoriales.

Señala que estos símbolos son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos, de forma que, según reiterados acuerdos de la JEC refrendados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "se consideran partidistas, por lo que no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".

Por ello, Cs presentó un recurso ante la JEC para exigir la retirada de los símbolos el 7 de marzo, lo que derivó en la incoación de un procedimiento que acabó en un acuerdo el 11 de marzo que exigía a Torra retirar los lazos en 48 horas.

Según el TSJC, "en lugar de cumplir lo ordenado", el acusado presentó poco antes de vencer este plazo un escrito solicitando a la JEC la reconsideración del Acuerdo de 11 marzo 2019, que fue denegada por otro Acuerdo, de 18 de marzo 2019, por el que la JEC ordenó personalmente a Torra retirar los símbolos en 24 horas.

Entonces Torra, sin cumplir con este mandato, según el auto, presentó el 19 marzo un escrito solicitando su suspensión y una aclaración, "arguyendo una pretendida dificultad para su cumplimiento y advirtiendo que esperaba un informe al Síndic de Greuges sobre algunos aspectos comprometidos en la retirada de los símbolos".

El tribunal tiene en cuenta unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, que, en rueda de prensa el 19 de marzo tras el Consell Executiu, informó de la decisión personal de Torra de mantener la pancarta con un lazo amarillo y el lema de 'Llibertat presos polítics' que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, y de una nota de prensa en el mismo sentido del día 20.

El 21 de marzo Torra dispuso presuntamente que la pancarta con el lazo amarillo "fuera completamente cubierta" por otra del mismo tamaño y formato e idéntico lema --'Llibertat presos polítics i exiliats'--, pero en la que el lazo amarillo había sido sustituido por un lazo del mismo color blanco que el del fondo de la pancarta, cruzado por un grueso trazo de color rojo, según el escrito.

En su escrito, el juez relata cómo Torra no retiró los símbolos durante aquellos días pese a dos acuerdos de la JEC en que lo ordenaba, de 11 y 18 de marzo, y que no fue hasta el día 22 que fueron retirados tras ordenarse a los Mossos d'Esquadra que procedieran a hacerlo.

"SÍ, DESOBEDECÍ"

Torra declaró el 15 de mayo ante el TSJC como investigado por esta causa, donde afirmó: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".

Además, explicó que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró: "Era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí".

RECHAZO DE RECUSACIÓN

El TSJC adopta esta decisión después de que el magistrado instructor inadmitiera la petición de recusación contra él solicitada por Torra, y haya confirmado su procesamiento por un presunto delito de desobediencia al no retirar los lazos del Palau de la Generalitat en periodo electoral.

La Fiscalía Superior de Cataluña pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) y multarle con 30.000 euros.

La acusación popular ejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

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