El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha confirmado la existencia "a nivel indiciario" de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el Partido Popular (PP) al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011.
En un auto dictado este viernes, el magistrado señala que este flujo económico, que llega a calificar como "contabilidad paralela o B" de la que eran "presuntos encargados" los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, habría sido "continua en el tiempo" y se habría desarrollado "al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".
El juez Ruz, que llega a esta conclusión tras advertir las coincidencias que existen entre los denominados 'papeles de Bárcenas' y la documentación intervenida en la sede de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova, imputa al arquitecto Gonzalo Urquijo como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez.
El instructor de la causa señala que, tal y como refleja un informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) le ha remitido este jueves, la documentación intervenida a Urquijo da "veracidad" a tres salidas contables por valor de 888.000 euros computadas en 2008 en la contabilidad B de Bárcenas.
Además de Urquijo y Páez, el juez ha citado a declarar el mismo 16 de diciembre como testigos a los trabajdores de Unifica María Rey Salinero y Laura Montero Almazán y al exjefe de Seguridad 'popular' y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente.
También da cinco días a Unifica para que identifique a su responsable financiero entre 2006 y 2009 y le remita "las facturas, presupuestos, certificaciones finales y todos los documentos que posean" de los trabajos que se realizaron en la sede del PP en la sala de prensa, ubicada en la planta segunda, y en el despacho de dirección de la planta séptima.
Pedirán responsabilidades
El secretario de organización del PSOE, Óscar López, ya ha anunciado que los socialistas pedirán explicaciones al más alto nivel tanto al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy como a la Secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
El PSOE ha solicitado la comparecencia urgente de Rajoy en el Congreso de los Diputados, para que explique sus "mentiras" sobre este caso. Además, no descarta una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo después de que, a juicio de los socialistas, se haya demostrado que en el PP ha habido "toneladas de mentiras y corrupción".
"Muchos lo dijimos en el pasado e incluso recibimos amenazas de denuncias y querellas por ello, hoy lo dice un juez", ha remachado López, que ha defendido que ni Rajoy ni Cospedal pueden "seguir mintiendo y ocultándose", ha subrayado.
En su comparencia antes los medios del pasado 31 de enero y que todavía figura en la web oficial del PP (http://bit.ly/WUbe65), la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró que "la contabilidad del Partido Popular es única, clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas" añadió que no había "nada que ocultar" porque las finanzas de la formación siempre se han sometido a la ley.
En una rueda de prensa en la sede central del partido, Cospedal negaba "tajantemente" la veracidad de las informaciones en torno a una supuesta contabilidad en B del PP nacional que calificó de "infundios y calumnias". La secretaria general desmentía que exitiera "ningún otro tipo de retribución distinta" a aquellas retribuciones "declaradas a Hacienda, retenidas a los efectos fiscales correspondientes y también desde el punto de vista a las cotizaciones de la Seguridad Social".
Cospedal manifestaba entonces su "indignación" y la de todo el partido ante las informaciones "que sólo tratan y sólo persiguen perjudicar al PP, a sus dirigentes y al presidente del Gobierno y anunciaba la realización de una auditoría interna, así como acciones judiciales hacia el diario El País del que aseguró que había "la menor duda de que la única intención de esa pretendida información es perjudicar al PP, a sus dirigentes y en particular al presidente del Gobierno".
A pesar de estas declaraciones, con posterioridad -concretamente en su declaración del pasado mes de agosto ante el juez Pablo Ruz- la secretaria general del PP descargó la responsabilidad directa sobre el control de las cuentas del partido en los tesoreros. En aquella ocasión matizó que la "gestión ordinaria de los ingresos y gastos" del partido son "labores exclusivas del tesorero y gerente del partido" y en este sentido, precisó que dicha competencia, "según los estatutos del Partido Popular, no recae en la Secretaria General".
