El Estado basará la defensa en el proceso por la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena en la falta de competencia de la Justicia belga para dirimir un asunto que afecta a la inmunidad jurisdiccional española.
Este martes ha tenido lugar la primera vista del procedimiento ante la sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono, en la que la jueza ha decidido, a petición de la defensa de Llarena, aplazar la audiencia hasta el 25 de septiembre, circunstancia que invita a pensar que el proceso se alargará más de lo esperado.
La vista ha durado apenas 10 minutos y ha servido de primera toma de contacto entre las partes, ya que no se ha entrado en el fondo de la demanda, sustentada en una supuesta vulneración a la presunción de inocencia por parte del juez del Tribunal Supremo, por la que Puigdemont y cuatro exconsellers piden un euro de indemnización.
Ha estado protagonizada por el abogado contratado por el Ejecutivo para defender al juez del Tribunal Supremo, Hakim Boularbah, que ha pedido a la jueza algo de tiempo para preparar la personación del Estado en el proceso en defensa de la "inmunidad de jurisdicción".
De esta forma, el letrado no solo defenderá al juez que instruye la causa abierta por el "procés", sino que también representará al Estado español al entender que la demanda está cuestionando el poder judicial en su conjunto.
El Estado "considera que el juez es su órgano, que es el poder judicial el que se cuestiona, y el Derecho internacional permite al Estado intervenir delante del tribunal de otro Estado para defender la unidad de jurisdicción de su órgano", ha explicado Boularbah a la salida de la vista.
Una argumentación que desarrollará en profundidad el próximo 25 de septiembre, cuando las partes regresarán al juzgado belga para continuar con el procedimiento.
Será entonces cuando el abogado, contratado por el Ejecutivo con un presupuesto máximo de más de medio millón de euros, motivará la falta de competencia de los tribunales belgas para dirimir el caso en base al principio de soberanía e inmunidad jurisdiccional, según apuntan fuentes de Justicia.
La jueza belga no tiene por qué decidir entonces sobre su competencia, sino que es posible que dé un plazo a la parte demandante para que se pronuncie al respecto en una tercera vista, según precisan a Efe fuentes jurídicas.
Los abogados de Puigdemont y los cuatros exconsellers fugados aprovecharán entonces la oportunidad de reiterar su versión de que las manifestaciones que Llarena pronunció en una conferencia de Oviedo sobre la inexistencia de presos políticos en España, que son la base de la demanda, tienen un carácter privado y están fuera de su ámbito jurisdiccional.
Sobre lo que sí puede pronunciarse la jueza el 25 de septiembre es sobre si acepta o no la personación del Estado en el procedimiento, precisan las fuentes.
En cualquier caso, todo parece indicar que el proceso se alargará en el tiempo, de forma que puede solaparse con el juicio de la causa del "procés" que celebrará el Supremo.
De hecho, según las fuentes consultadas, el calendario acordado por las partes podría extenderse incluso hasta el próximo mes de abril.
Durante la audiencia preliminar, el abogado de Llarena también ha solicitado que la siguiente vista sea celebrada en presencia de tres jueces y no solo de uno, un extremo al que no se han opuesto los demandantes.
Por su parte, los abogados de Puigdemont y los cuatro exconsellers han explicado a la jueza el "anecdótico" error de traducción presente en la demanda, en relación con las palabras que Llarena pronunció en la citada conferencia.
Un asunto sobre el que no se ha pronunciado ni el abogado de Llarena ni la jueza belga, que se ha limitado a recibir los alegatos por escrito de las partes.
Todo ello en una jornada en la que un funcionario del juzgado ha tenido que retirar los lazos amarillos de plástico que vestían las banderillas del edificio judicial, en apoyo a los líderes independentistas encarcelados preventivamente.
Como se esperaba, ni Puigdemont ni Llarena han acudido a la vista pero sí los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, quienes han hablado de "indicio de malversación" en la contratación de la defensa de Llarena por parte del Ejecutivo.
