Según informa este lunes el periodista Miguel Ángel Campos en cadenaser.com, la jefa de los abogados del Estado, sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, era secretaria de Sacyr cuando la empresa pagó en 2007 la supuesta comisión de 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal.
Dicha información apunta que, la Abogacía del Estado no se ha personado en la causa de la Caja B del PP, que investiga el juez Pablo Ruz, a pesar del “evidente interés del Estado” según fuentes jurídicas y abogados de la acusación consultados por la SER. Un interés fundamentado -según informa cadenaser.com- desde el arranque de la investigación, en marzo de 2013, cuando tanto el juez instructor como la Sala de lo Penal advirtieron de la posible existencia de delitos fiscales atribuidos al PP o a sus responsables por el cobro de sobresueldos y la recepción de donaciones ilegales, o más recientemente por los supuestos delitos fiscales derivados de la compra de la sede de La Rioja, de los pagos a Castilla La Mancha, y sobre todo, por los presuntos fraudes al fisco imputados al arquitecto Gonzalo Urquijo por la reforma en negro de la sede central del PP.
Sobrina del extesorero Lapuerta
Según esta información en cadenaser.com, solo en la Audiencia Nacional hay 19 letrados del Estado, pero se trata de un cuerpo jerarquizado. No pueden tomar sus propias decisiones sobre la aceptación o renuncia a un caso sino que dependen "funcional y orgánicamente", según su reglamento, del Abogado General del Estado. Y este cargo lo ocupa desde primeros de enero de 2012, al poco de llegar Rajoy a La Moncloa, Marta Silva Lapuerta.
Silva Lapuerta es hija del ministro de Obras Públicas con Franco, Federico Silva, y de Rosario Lapuerta Quintero, hermana del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso de la Caja B del Partido Popular. El mismo caso que no existe para su sobrina, la Abogada General del Estado.
Secretaria y jefa jurídica de Sacyr cuando supuestamente, pagó a Cospedal
Pero -continúa informando el periodista de la Cadena Ser- no es el único posible conflicto de intereses de Marta Silva en la causa. En 2007, cuando supuestamente la empresa Sacyr pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña electoral de María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de la adjudicación de un contrato de basuras en Toledo a la empresa Sufi -filial de Sacyr-, Marta Silva era secretaria general y del consejo de administración de esta empresa, y directora general de su asesoría jurídica, según la documentación remitida por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que publica cadenaser.com junto a dicha información.
Tanto el actual presidente del consejo de Administración de Sacyr, Manuel Manrique, como quien fichó en 2003 a Marta Silva en la empresa, Luis del Rivero, están imputados en el caso de la Caja B por estos hechos. Además, la empresa aparece como supuesta donante de fondos al Partido Popular en los 'papeles de Bárcenas'. Entre 2004 y 2006 habría aportado a la contabilidad negra del PP un total de 480.000 euros.
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