El responsable regional del Área de Vivienda, Urbanismo y Territorio de Izquierda Unida, Miguel Ramírez, ha instado este miércoles al Ejecutivo castellano-manchego a que exija el Gobierno central que los miles de inmuebles que tiene la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en Castilla-La Mancha pasen a formar parte del parque de viviendas públicas de la región.
Esta exigencia la ha llevado a cabo IU a través de siete propuestas que ha presentado para el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha tras la subasta de 900 inmuebles que realizó Sareb el pasado mes de noviembre en la región castellano-manchega y que si se pasaran al parque público de viviendas de la región podrían servir para atender a esas miles de familias que demandan una vivienda.
El objetivo que busca IU con estas enmiendas, ha afirmado Ramírez en rueda de prensa, es mejorar el ámbito social de la Ley de Vivienda, dignificar la vivienda pública, tratar de ofrecer una alternativa habitacional para las familias que están inscritas en los registros de demandantes de vivienda de la Consejería de Fomento y conseguir una moderación en los precios de alquiler y compra de los inmuebles.
Otra enmienda que ha propuesto la federación de izquierdas es facultar a los ayuntamientos para regular un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para personas con más de 3 viviendas desocupadas de manera injustificada. Al respecto, Ramírez ha dicho que "a partir de 3 o 4 viviendas pueden especular con las viviendas" y para evitar esta especulación proponen el recargo del IBI.
De esta manera, el responsable de IU ha declarado que su partido "se ampara en la función social de la vivienda que recoge la Constitución" para dar poderes a las administraciones publicas para intervenir y poder llevar a cabo el recargo.
OTRAS PROPUESTAS
Por otro lado, IU propone que en las empresas la responsabilidad social incluya también a personas físicas y no sólo a jurídicas, como se hace hasta ahora. También ha propuesto al Gobierno regional que los planes de vivienda tengan cabida poblaciones de más de 10.000 habitantes para "evitar la despoblación que se esta produciendo" y, además, ha exigido para el Anteproyecto de Ley de Vivienda que las empresas no gestionen el patrimonio público.
A estas enmiendas, la federación de izquierdas ha sumado la creación de un servicio de mediación para gasto de alquileres y de comunidad en el caso que se produzcan impagos o irregularidades, y un plan integral de inserción social para familias sin ingresos.
VIVIENDAS DE GICAMAN
En otro orden, el responsable de Acción Política de Izquierda Unida (IU) Castilla-La Mancha, Txema Fernández, que ha comparecido junto a Ramírez en rueda de prensa, ha acusado a la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), que se ocupa de gestionar el parque público de viviendas en la región, "de cobrar alquileres a precio de mercado en lugar de a precio social" a través de terceras empresas.
Como ha comentado en rueda de prensa, Fernández ha criticado la actuación de la empresa pública en comunidad castellano-manchega citando ejemplos concretos como Guadalajara, con el desalojo de las 48 viviendas por problemas en la estructura, o en Toledo donde Gicaman "amenaza a las familias que no pueden pagar con cortarles la luz" y en caso de impago de los recibos de la comunidad teme que pueda producir desahucios.
Además, el responsable de IU ha manifestado que es "poco serio" por parte del Gobierno regional que esta empresa se mantenga a la vez que se va aprobar una norma para solucionar los problemas habitacionales de la región.
Por su parte, Ramírez ha denunciado también la gestión de esta empresa pública por todos los casos que se han producido por "el descuido del parque de viviendas de la región".
