El coordinador regional de Izquierda Unida (IU), Juan Ramón Crespo, ha pedido este viernes que la resolución sobre el agua que el PSOE ha anunciado que quiere aprobar con el voto a favor de PP y Cs en las Cortes regionales ponga fecha al fin del trasvase Tajo-Segura.
En nota de prensa, IU ha valorado que "por primera vez en los últimos años" el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hayan puesto sobre la mesa el final del trasvase.
No obstante, Crespo ha señalado que IU espera "que no se trate de un nuevo capítulo del 'vodevil' en el que tanto el PSOE como el PP han convertido el trasvase", mientras se sigue expoliando el río Tajo hasta "matarlo medioambientalmente para generar riqueza con su agua en otras comunidades", ha lamentado.
Asimismo, ha incidido en que la resolución en defensa del agua de la región que pueden aprobar los tres partidos con representación parlamentaria debe reflejar "de forma explícita" el fin del trasvase, y ha propuesto que se lleve al Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja vote también a favor de los intereses de Castilla-La Mancha.
En otro orden de cosas, la formación de izquierdas ha pedido también un "mayor esfuerzo" a la Junta de Comunidades en relación con los planes de empleo, y ha advertido de que "si quiere dejar de recibir litigios contenciosos de los trabajadores, que cumpla con la legislación laboral y con unas condiciones laborales dignas".
En este sentido, Crespo ha exigido a García-Page que la Administración regional sea la que se haga cargo de los costes sociales de los trabajadores de los planes de empleo.
"Para salir de esta situación, no se puede continuar cicateando derechos y sueldos a los trabajadores sino apostar por medidas en su beneficio", ha sentenciado.
LEGISLACIÓN PLANES DE EMPLEO
Por otra parte, el líder regional de Izquierda Unida ha instado al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, a que cumpla con la legislación vigente en materia laboral y "con unas condiciones laborales dignas", a fin de evitar litigios contenciosos de los trabajadores de los planes de empleo.
En nota de prensa, IU ha recordado que Crespo pidió este pasado martes a la Junta de Comunidades que en las próximas convocatorias de los planes de empleo quedase recogido de forma expresa el reconocimiento del pago de los costes de la Seguridad Social, además de los derechos de los trabajadores para que estos no tuvieran que recurrir a los tribunales, tal y como ya ha sucedido en Talavera de la Reina.
"Este viernes Izquierda Unida de Castilla-La Mancha muestra su sorpresa al conocer que el presidente de la Junta de Comunidades, ante esta petición, haya anunciado que quiere modificar la normativa de los planes de empleo para no estar en contencioso permanente con la magistratura", han defendido desde la federación de izquierdas.
"De las declaraciones del presidente se puede deducir que, lejos de reconocer expresamente en la convocatoria de los planes de empleo la legislación laboral vigente, pretende diferenciar a los trabajadores entre los acogidos a los planes de empleo y los de la administración donde prestan sus servicios para discriminar sus salarios y condiciones laborales", ha lamentado Crespo.
A su entender, "lo lógico", para no seguir teniendo litigios contenciosos en el juzgado, es que la Junta cumpla tanto con el Estatuto de los Trabajadores como con la Constitución Española, garantizando "igual salario por el mismo trabajo".
"El presidente no puede pretender alcanzar un acuerdo para seguir incumpliendo las condiciones laborales, es decir, la normativa laboral vigente, porque se va a seguir encontrando demandas de trabajadores y a los juzgados dándoles la razón", ha añadido Crespo.
De igual modo, desde IU han criticado que para García-Page "unas veces estos planes de empleo sean el buque insignia de su trabajo en Castilla-La Mancha y, en esta ocasión, los denomine como 'una medida excepcional'".
"Este asunto merece un respeto, sobre todo cuando estamos hablando de que en Castilla-La Mancha el salario medio continúa perdiendo poder adquisitivo a diferencia de la media del Estado Español, lo que sitúa a nuestra región en un 38% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social", ha recordado Crespo.
Para salir de esta situación y "no continuar cicateando derechos y sueldos a los trabajadores y trabajadoras sino apostar por medidas en su beneficio", el líder regional de la formación de izquierdas ha vuelto a proponer a la Junta que asuma el pago de los costes de la Seguridad Social de los planes de empleo, en lugar de que lo hagan los Ayuntamientos, "que se encuentran financieramente asfixiados al tener que soportan muchos más gastos de los que legalmente les competen".
DESFIBRILADORES EN MUSEOS
Por último y de otro lado, IU ha pedido modificar la legislación autonómica para que se instalen desfibriladores en los museos de la región de cara a evitar desgracias como el fallecimiento de un trabajador del Museo del Greco de Toledo, a causa de un infarto.
En otro comunicado, la formación política ha celebrado que el Ministerio de Cultura vaya a garantizar la colocación y el correcto funcionamiento de los desfibriladores en estos centros y ha recordado que la diputada de IU en el Congreso Eva García Sempere registró una serie de preguntas en referencia al siniestro laboral que le costó la vida a este trabajador.
El Gobierno central respondió sobre este asunto que, según el Real Decreto 365/2009 por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de estos aparatos automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario, "no establece la obligación de contar con desfibriladores automatizados en centros como los museos adscritos al Ministerio de Cultura y Deporte".
Además, explicó que las normas autonómicas de Castilla-La Mancha no obligan a contar con desfibriladores para los centros como el Museo del Greco, no obstante, detalló que el Ministerio de Cultura y Deporte va a garantizar su instalación.
La responsable regional de Cultura en IU Eva Ramírez ha denunciado que no entienden cómo en Castilla-La Mancha "no existe una legislación que obligue a tener instalados desfibriladores en estos centros, como ya sucede en once comunidades autónomas" porque, según ha destacado, "son lugares donde diariamente pasan cientos o miles de visitantes y en los que la principal preocupación de la administración debería ser la seguridad del público y del personal".
