La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha recibido ya la comisión rogatoria que esperaba de Suiza en el marco de las diligencias de investigación que se siguen relativas al rey emérito. Se da la circunstancia de que fue el propio teniente fiscal Juan Ignacio Campos, fallecido en la tarde de ayer, quien las recibió esta misma semana.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que este mismo miércoles por la mañana, la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, mantuvo una reunión con Campos --departían sobre diversos asuntos casi a diario-- en la que éste le transmitió que había recibido la comisión rogatoria relativa a las finanzas del rey emérito de los años posteriores a su abdicación de 2014.
El equipo de fiscales, que hasta ahora lideraba Campos, esperaba este documento para concluir el decreto que debía presentar sobre esa investigación, que no está judicializada. Si bien hace poco se había acordado una prórroga para poder esperar a esa comisión antes de tomar ninguna determinación.
Con esta nueva documentación sobre la mesa, el equipo, que codirigía el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón --y que ahora asume el liderazgo en solitario--, debe terminar de cerrar el decreto. Pero fuentes fiscales avanzan que no habrá prisa porque ha de estudiarse, por lo que no se espera que el archivo de las diligencias sea inminente y se baraja ya para 2022.
Ya en noviembre, fuentes cercanas a la investigación señalaban que si bien la intención del Ministerio Fiscal es siempre acabar con las diligencias lo más rápido posible, esto a veces no es posible, y ante un caso de la envergadura como el del emérito, preferían actuar con prudencia, ser garantistas, y esperar a esa comisión que era relativa a unas aclaraciones sobre los años 2015 y 2016.
No obstante, a finales de este verano se supo que los fiscales que dirigían las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable (abdicó en 2014), que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte del emérito por una suma que ronda los 5 millones de euros.
Cabe recordar que las pesquisas sobre la fortuna y las sociedades del emérito se han extendido durante más de un año. En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales --que se conozcan--. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.
En septiembre se tuvo conocimiento de que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelantaba El País, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.
Fue en agosto de 2020 cuando el emérito puso rumbo a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. "Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España", señaló para trasladar a su hijo su decisión de partir bajo el argumento de que quería facilitarle su labor como monarca.
El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas se iba de España fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.
Así lo reconocía él mismo en la misiva que envió a Don Felipe el 3 de agosto, explicando que daba el paso "ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" con el fin de "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad".
COMPARECENCIA DE BÁRBARA REY
En otro orden, el presidente del Senado, Ander Gil, ha remitido a la Mesa de la Comisión de Interior de la Cámara Alta la decisión sobre la solicitud realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, para que comparezca la actriz María García García, conocida artísticamente como Bárbara Rey, para "explicar las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado".
Según fuentes de la Presidencia del Senado, Ander Gil no tiene la potestad de decidir si acepta o rechaza esta solicitud de comparecencia, sino que exclusivamente se ha limitado a enviar a la Mesa de la Comisión de Interior esta petición para que decidan ellos si finalmente la actriz comparece o no ante la Cámara Alta.
De este modo, la Comisión de Interior, cuya Mesa, formada por tres miembros del PSOE y dos del PP, será la que decida tramitar esta petición, y, en el caso de que así sea, ponga fecha e invite a la actriz a comparecer ante el Senado para dar cuenta de estas cuestiones formuladas por el senador valenciano.
Mulet había hecho esta solicitud con la intención de que Bárbara Rey "explicara la veracidad de las informaciones publicadas según las cuales supuestamente recibió por parte de personas del entonces CESID, u otros altos estamentos del Estado ingentes cantidades de dinero público de fondos reservados y posibles prebendas como la contratación por parte de una televisión autonómica para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos altos cargos del Estado".
En la actualidad, según denuncia Mulet, existe un bloqueo por la "falta de actividad" de la presidencia de esta comisión, "que no ha permitido las comparecencias solicitadas por los grupos, entre las que destacan las dirigidas la propio ministro Fernando Grande-Marlaska.
"Estamos hablando de una enorme malversación de fondos reservados, que por muy materia de secreto de Estado, no pueden estar destinados nunca a comprar el silencio de las aventuras sexuales del monarca emérito", ha subrayado el senador de Compromís.
En este contexto, fuentes parlamentarias del Partido Popular han confirmado a Europa Press que esta decisión no ha pasado por la Mesa de la Cámara Alta, sino que ha sido el propio Ander Gil el que ha dado el 'plácet' a la Comisión de Interior para que decida.
En la Mesa del Senado no hay mayoría absoluta de ningún partido, puesto que PSOE y PP tienen tres miembros cada uno, mientras que el PNV tiene uno.
En cualquier caso, la portavoz adjunta del PP en el Senado, Salomé Pradas, ya se ha pronunciado al respecto en un mensaje en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que arremete contra la Presidencia de la Cámara Alta por "aceptar comparecencias del 'cuore' contra el rey emérito".
