La Fiscalía se opone a la imputación de Acebes, Cascos y López del Hierro

La Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado no ha detectado conexión entre las supuestas donaciones de los "papeles de Bárcenas" y las adjudicaciones públicas que denuncia Izquierda Unida

Angel Aceves, Ignacio López del Hierro y Francisco Álvarez - Archivo
photo_camera Angel Aceves, Ignacio López del Hierro y Francisco Álvarez - Archivo

La Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no ha detectado una conexión entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los "papeles de Bárcenas" y las adjudicaciones públicas a las que hace referencia la ampliación de la querella de IU.

La Fiscalía Anticorrupción adjunta ese informe en el escrito en el que se opone a la ampliación de la querella de IU, que en septiembre pidió imputar en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP a los ex secretarios generales Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos y otros trece empresarios, entre ellos Ignacio López del Hierro, marido de la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal.

El informe, según el fiscal Antonio Romeral, "no detecta en el relato de hechos la conexión que se sostiene en la ampliación de la querella, entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los 'papeles de Bárcenas' y las adjudicaciones de contratos públicos".

En el último punto de su escrito, el fiscal hace referencia "al informe que hemos recabado de la Unidad de Apoyo de la IGAE a esta Fiscalía, sobre los hechos que se relatan en la ampliación de la querella".

El documento elaborado por la IGAE (órgano de control de la Administración del Estado adscrito al Ministerio de Hacienda) está fechado el 28 de octubre y ha sido remitido ya al juez Pablo Ruz, que está también pendiente de recibir de este mismo organismo un informe relativo a si hubo una conexión entre las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones públicas por si pudieran constituir un delito de cohecho.

En el relato de hechos de la ampliación de la querella que dio lugar a la apertura de esta causa, IU sostiene, para pedir la imputación de Álvarez-Cascos, que siendo ministro de Fomento entre 2000 y 2004, se hicieron ingresos por un total de 3,8 millones de euros, que aparecen reflejados en la supuesta contabilidad B del PP, por parte de constructores contratistas de la administración, especialmente de Fomento.

A modo de ejemplo, señala los pagos atribuidos a la empresa Construcciones Hispánica, presidida por el imputado Alfonso García Pozuelo, y que ascienden a 216.122 euros, cantidad que IU relaciona con las adjudicaciones a esta empresa en ese periodo por un total de 262.890 euros.

Sobre el ex secretario general del PP y actual líder de Foro Asturias, pide al juez que investigue las adjudicaciones para la construcción de la denominada variante de Pajares para la instalación de una línea de Alta Velocidad ferroviaria que uniera Madrid con Gijón.

De Acebes indica que al menos desde 2004 percibió "en dádivas" 107.100 euros "procedentes de pagos efectuados por empresas privadas" y desde esa fecha hasta 2008, siendo secretario general del PP, el partido obtuvo 2,3 millones de euros en ingresos ilícitos que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas.

Por ello, IU, que ejerce la acusación popular en esta causa, considera que "habría tenido participación directa" en la recaudación y en la aprobación de los pagos "efectuados por el PP con el dinero ilícitamente obtenido".

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